Desde entonces, la población se ha visto severamente afectada por la sequía, originada principalmente por la reducción de la precipitación, por el incremento de la temperatura y por la expansión del cultivo de aguacate, que requiere enormes cantidades de agua y que en su mayoría se destina a la exportación.
El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, una organización de esta provincia de la región de Valparaíso, argumenta también que, desde la década de 1990, dicha región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político. Además, la Constitución de Chile de 1980 consagró la propiedad privada del agua y años después, durante la transición democrática, también se privatizó el saneamiento. Hoy en día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, propiedad de grandes empresas transnacionales.
Según el Centro de Estudios de Recursos Naturales de Chile, muchas plantaciones de aguacate se desarrollan en suelos no aptos para el cultivo agrícola, lo que incrementa la degradación de este. Académicos chilenos son críticos al señalar el monopolio y el sobreotorgamiento de gran parte de los derechos del agua, que en dicha provincia se concentra en apenas cuatro familias. Con la falta de agua se generan otros problemas como la perforación de pozos ilegales en toda la provincia, lo que contribuye al agotamiento del manto freático.
Hoy en día, aproximadamente el 80 % del agua potable de Chile se gasta en la agroindustria, especialmente para la exportación de frutas, lo cual acarrea drásticas consecuencias para la población del país. Los comités de agua potable rural de la zona denuncian que el cultivo de aguacate ha sido más importante que las personas que habitan los municipios de Petorca, La Ligua y Cabildo, quienes en promedio viven con 50 litros de agua al día, la mitad del mínimo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estos comités lo saben muy bien, puesto que son los que reciben, una o dos veces a la semana, los camiones cisterna de agua.
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En 2017, el Centro de Investigación Periodística mostró que anualmente el Estado chileno gasta alrededor de 25 millones de euros en abastecer de agua a medio millón de personas a través de camiones cisterna.
La sociedad chilena debe enfrentarse a los problemas socioambientales provocados en gran medida por los privilegios otorgados a una élite económica, así como por la falta de prevención y de medidas de largo plazo que permitan la recarga de acuíferos y la reutilización de aguas residuales urbanas. En pocas palabras, por falta de políticas sociales que pongan el agua como eje transversal.
Si bien las autoridades optan por atender lo inmediato, como el caso de la Gobernación de Petorca, que destina un presupuesto para la compra de camiones cisterna, más allá de eso, la información disponible no muestra que se atiendan seria y urgentemente las causas que provocan la escasez de agua y, con esta, la sequía en ese país del Cono Sur.
De ese modo, a miles de personas de esta provincia chilena se les viola el derecho humano al agua. Y resulta inevitable ver cómo, en muchos aspectos, este caso es un espejo de lo que vive la mayoría de la población guatemalteca respecto al acceso al agua, a ese derecho universal que, al igual que otros derechos, es negado. ¿Será que, al igual que los habitantes de aquella provincia chilena, la población guatemalteca de la capital también podría responder preguntas como de dónde proviene el agua que consume, de dónde proviene el agua embotellada, cuál es el valor real del agua, cuánto ganan quienes venden un bien público y niegan así un derecho humano al impedir el acceso a dicho bien, si es la sequía un negocio y quiénes se benefician de la falta de políticas de conservación y de restauración hídrica?
En las próximas entregas haré un esfuerzo por compartir algunos datos y reflexiones que nos permitan responder estas y posiblemente otras preguntas.
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