El primer filtro para la elección de Fiscal General ha terminado. Durante dos días esa fue la misión de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, del representante del Tribunal de Honor de esa entidad, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Revisar tachas. Antes que la relevancia de su contenido, pesó su número. Oficialmente la Comisión condensó 70 señalamientos en total. En realidad eran más. Con cada revisión, las tachas aumentaron. Una pequeña cantidad de denunciantes, así, llegaba a las tres o cuatro objeciones individuales en contra de los postulantes. En total, los números crecientes, sin acceso a su contenido, a su fondo, ascendieron a 84.
¿La intención?
“Ampliar el criterio de cada uno de los comisionados para escoger, con más elementos, la lista de seis candidatos que será presentada en mayo al Presidente de la República”, indicó Jorge Arturo Sierra, presidente de la Comisión de Postulación.
De los 26 aspirantes que llenaron los requisitos para ser tomados en cuenta, 21 recibieron señalamientos, tachas, de parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos relacionados al ámbito laboral, el incumplimiento de deberes o la inexperiencia en temas penales, otros, insignificantes, sin pruebas. Al final, de las 84 tachas, solo 34 fueron tomadas en cuenta por la Comisión para ampliar los criterios para escoger a seis candidatos.
Hubo algunos aspirantes como Thelma Aldana, Julio Rivera Clavería, Danilo Roca, Édgar López Sosa y Jaime Osorio Alonzo, donde no había nada, sólo forma y no fondo, como evaluó la Comisión. Sus expedientes quedaron limpios.
Otros, como Jeanette Soto, Silvia García, Cecilia Barrios, Édgar Lemus y Aura López, no recibieron tacha alguna.
Los restantes 16, en cambio, quedaron con su expediente manchado. Cada uno tendrá un plazo de cinco días para presentar pruebas de descargo.
El peso de un número, el fondo de una denuncia
La aspirante con mayor número de señalamientos en su contra fue la actual fiscal General, Claudia Paz y Paz: de 30 objeciones originales, tras la revisión de la Comisión, aumentaron a 34. Once de ellas quedaron como manchas en su expediente.
Entre las tachas admitidas en contra de la Fiscal General hay denuncias por incumplimiento de deberes, abuso de poder o denegación de justicias.
Tal es el caso, por ejemplo, de Karen Fisher, exfiscal en temas de corrupción, que señaló a Paz y Paz de no haber atendido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a varios casos, entre ellos, el crimen en contra de Jorge Carpio Nicolle, asesinado en 1993.
Otra tacha admitida fue la de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Méndez Ruiz presentó un audio en el que la juez Sexto de lo Penal, Silvia de León, denunciaba que los jueces, en los últimos meses, habían recibido presión por parte de la actual Fiscal durante la presidencia del exmagistrado César Barrientos Pellecer. La síntesis del audio explicaba que los jueces estaban obligados a dar prioridad a las peticiones del Ministerio Público en diversos casos.
José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, se quejó de que la gestión de Paz y Paz ha estado parcializada, ideologizada, que la persecución penal en contra de militares es exclusivamente responsabilidad de los tribunales militares, y no de jueces ordinarios. La Comisión decidió dar audiencia a Paz y Paz para responder ante “posibles contradicciones entre los Acuerdos de Paz de 1996 y algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo a través del Ministerio Público”.
Otros señalamientos en contra de la Fiscal, como la de José Israel Palacios, fueron admitidos por tener pruebas de denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Las de Wilfredo Stokes y Nora Hernández se evaluaron como “denegación de la justicia”; la Fiscal, en más de tres años, nunca atendió sus peticiones de audiencia.
Edgar Vallecios argumentó que en un caso penal en su contra, Claudia Paz y Paz no atendió jamás una orden dictada por la Corte de Constitucional para atender sus demandas; en su tacha, la acusó de incumplimiento de deberes.
Gilda Aguilar reclamó falta de capacidad a Paz y Paz, debido a que su gestión ha sido reprochable, y que sus demandas por amenazas recibidas de parte del Comité de Unidad Campesina nunca han sido atendidas.
También fueron tomadas en cuenta la falta de investigación de varios casos: María López y Fernando Aguilar denunciaron así contra la reelección de la Fiscal. Jorge Guillermo Alvarado, por su parte, señaló a Paz y Paz por abuso de autoridad en diversos casos.
Por último, en un caso laboral, el señalamiento planteado en contra de la jefa del Ministerio Público por Javier de León, David Beb y José Reyes, fue a causa de su “ignorancia en torno a leyes del trabajo”, de no cumplir con la previsión social, y desobediencia a sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
En el listado de postulantes con expediente manchado también quedaron Jorge Luis Donado, quien presentó como plan de trabajo para el MP el mismo que entregó, sin un solo cambio, ante el Consejo de Seguridad Nacional; Luis Arturo Archila, fue denunciado por obstrucción a la justicia; Leopoldo Liu, por tener varias denuncias en su contra ante la PDH; Amílcar Colindres, por implicación en casos de feminicidio; Eliseo Quiñónez, por, según la Fundación Sobrevivientes, haber permitido la fuga de Roberto Barreda en el caso Siekavizza; Óscar Contreras, por violentar los derechos humanos.
Marco Antonio Villeda, debe presentar pruebas de descargo a causa de dudas en sus decisiones como juez de Extinción de Dominio; Moisés Galindo, tiene más de 17 denuncias penales; William Méndez, por litigar en un caso de corrupción de Q23 millones entre empresas de autobuses; María Porras, por una denuncia en su contra por abuso de poder; Baudilio Portillo, por alterar expedientes en casos de menores; Anabella de León, por incumplimiento de deberes y no respetar a la autoridad ancestral en un caso de disputa de propiedades; Eunice Mendizábal, por amenazas y allanamientos ilegales como jefe de una fiscalía; Acisclo Valladares, por la forma en que trató los casos del asesinato de Myrna Mack y el desaparecimiento de Efraín Bámaca durante su gestión al frente del Ministerio Público a principios de los años noventa; y Rony López, actual fiscal contra el crimen organizado, tuvo denuncias por ineficacia en casos de abuso sexual, y el caso Siekavizza.
A la Comisión de Postulación le queda ahora evaluar el fondo de estas denuncias, también de los expedientes. Eso será a partir del jueves 10 de abril. Más pronto, sin embargo, se realizará la evaluación sicométrica, que intentará medir la personalidad, el conocimiento, la habilidad de los aspirantes el próximo martes. Serán nuevas cifras, nuevos números que darán esa ilusión de saber algo. Ninguna de estas cantidades de medición, como ha indicado el magistrado Jorge Arturo Sierra, será integrada a la tabla de gradación (punteos por trayectoria) que ya fue consensuada por cada uno de los comisionados a elegir al candidato del nuevo Fiscal General.
