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Migrantes retornados llegan a la Fuerza Aérea, el viernes 06 de octubre 2017. Simone Dalmasso

Julio, dos veces castigado: deportado y tratado como criminal en su país

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Julio, dos veces castigado: deportado y tratado como criminal en su país

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Mientras la ola de migrantes continúa llegando a la frontera de los EE.UU. y la administración de Joe Biden considera una nueva política migratoria, es importante evaluar el impacto de diez años de deportaciones. Esta es la primera entrega de una serie de textos que pone rostro a quienes son deportados.

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Las deportaciones se aceleraron con las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Más de 200 mil personas fueron deportadas hacia Guatemala desde 2016. Una cantidad considerable de tinta periodística ha descrito la crisis humanitaria en la frontera y en los centros de detención, pero no se sabe casi nada sobre la vida de cientos de miles de personas que fueron deportadas como medida para disuadir la migración. 

Hace dieciséis meses comenzamos una investigación en en DevLab@Duke, con el apoyo de Te Conecta y RTI International, para evidenciar este problema. Inspirándonos en el trabajo de Te Conecta, una ONG guatemalteca, nuestro objetivo era recopilar evidencias sistemáticas sobre las experiencias de las personas deportadas para comprender sus vidas en EEUU, sus primeros meses en Guatemala y sus intenciones de volver a migrar.

Desde octubre de 2019 hemos entrevistado a 1,357 deportados cuando salían de las instalaciones de la Fuerza Aérea y contactamos con cientos de ellos durante los meses siguientes. Nuestros datos aportan información única sobre el impacto humano de las deportaciones. Sobre todo, nos ayudan a comprender por qué tantos de ellos consideran volver a migrar, incluso durante la pandemia de COVID19. 

Hablaremos de un inmigrante guatemalteco, a quien llamaremos Julio, que vivía en una ciudad del suroeste de EE.UU. y trabajaba en construcción. Tenía un carro, era copropietario de una casa y había logrado acumular ahorros modestos. Nunca cometió un delito. Sin embargo, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una redada en su vecindario.

Detrás quedaron su esposa e hija. Como la mayoría de los deportados, Julio llegó a Guatemala por la vía aérea, llevando consigo solo las cosas que tenía en el momento de su detención. Después de un breve procesamiento por parte de las autoridades guatemaltecas, Julio atravesó una puerta estrecha en las instalaciones de la Fuerza Aérea hacia una escena caótica en una ciudad lejos de casa. Temía por su seguridad y por el acoso de las pandillas y la policía. Al igual que él, muchos no tienen medios para regresar a sus lugares de origen, casi siempre en pueblos lejanos del interior del país. No tienen la esperanza de encontrar trabajo y sienten temor por su futuro.  

De la misma manera que el 56 % de nuestros encuestados, un mes después, Julio logró regresar a su pueblo natal en el área rural del occidente. Del resto de nuestros encuestados, 18 % regresó al oriente, 12 % a las Verapaces y Petén, 4 % a Escuintla y 10 % se quedó en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. El lugar al que Julio regresó es abrumadoramente pobre. Sin embargo, la situación económica que lo llevó a irse seguía siendo la misma. Por eso, le fue imposible encontrar una fuente de ingresos durante su primer mes en Guatemala.

Hay muchos prejuicios contra los deportados. Hay quienes asumen que son delincuentes y por ello los marginan. La pandemia empeoró las cosas. Durante los primeros meses de la emergencia, había temor de que trajeran el COVID19. Con la misma mala suerte que 2 de cada 3 de las personas que entrevistamos, la policía acosó de manera regular a Julio, ya sea por persecución o porque se presume que es un criminal. Él está preocupado porque todavía tiene una deuda con el un coyote que lo llevó a los EE.UU.  

En los meses siguientes la situación de Julio empeora. Como 6 de cada 10 deportados, no consigue trabajo. Julio sigue creyendo que su situación económica sería mejor en EE.UU., aún cuando los costos y peligros del viaje son elevados. Desempleados y, en muchos casos marginados, no debería sorprender a nadie que un deportado tenga el doble de probabilidad de querer volver a emigrar que la persona que no lo ha hecho nunca. De hecho, el 59 % de los encuestados dijeron querer migrar otra vez el próximo año.

La experiencia de Julio refleja una política fallida e injusta hacia los inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en EE.UU. También deja al descubierto las carencias de Guatemala, que no es capaz de generar empleo digno y bien remunerado, ni de recibir de buena forma a quienes con su esfuerzo han contribuido a mantener la economía a flote gracias a las remesas, sobre todo durante los meses más duros de la pandemia.  

La administración Biden ha dado algunos pasos importantes. Las deportaciones han disminuido y las familias no están siendo separadas en la frontera. Pero se necesita hacer mucho más. EE.UU. necesita reglas que autoricen la estancia a los trabajadores extranjeros, como Julio, y un camino claro hacia el estatus legal para la mayoría de las personas que sin documentos trabajan y viven allá.

El gobierno de Guatemala debe trabajar en conjunto con los países vecinos, EE.UU., comunidades y organizaciones sociales de la región para construir economías locales más fuertes, especialmente en el área rural. Eso no solo pasa por invertir en educación, salud e infraestructura, sino también por fortalecer las instituciones de justicia y acabar con la corrupción. Sin pasos significativos en ambos lados de la frontera, la historia de Julio se repetirá una y otra vez. 

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