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La asociación que entregó Siglo 21 a Baldetti, facilitó la compra presuntamente ilegal de acciones de Banrural

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La asociación que entregó Siglo 21 a Baldetti, facilitó la compra presuntamente ilegal de acciones de Banrural

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Asodefir, una oenegé creada por varios directivos de Banrural, facilitó durante años la compra de acciones del banco con préstamos y sobregiros del banco mismo. La ley lo prohíbe, y el Ministerio Público investiga todos los movimientos de una red tejida desde dentro y en torno a la asociación. Las acciones reportaron los dividendos con los que Asodefir pagó los préstamos. El mayor beneficiado, Edín Barrientos, espera juicio por la venta de Siglo 21 a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

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La forma más simple de entender este caso es pensar que Banrural es una vaca que compraron entre muchas personas. Era una vaca cara, muy cara, pero valía la pena porque si la ordeñaban bien, podían tener ganancias con la venta del producto, recuperar la inversión e incluso comprar otras vacas.

Una forma muy ilustrativa de explicarlo es que mientras el resto de dueños pagaban sus derechos sobre la vaca comprándole alimentos, la Asociación para el desarrollo de las finanzas rurales (Asodefir), su confudador Edín Barrientos, y otros, se apropiaban de una parte dándole la misma leche que le había ordeñado.

Una alegoría ampliada y planteada en términos financieros diría que cuando otros socios ya habían comprado la vaca, Asodefir pidió un préstamo a los dueños y Barrientos, representante legal de la asociación, lo usó para adquirir personalmente acciones en el animal, luego pidieron más préstamos a los mismos dueños y se fueron apoderando más y más del bóvido. Finalmente, pagaron todas las deudas con su parte de las ganancias producto de la venta de litros de leche que ordeñaron.

¿Quién aceptaría que alguien se convierta en socio con el dinero que el propio banco debería colocar en el mercado, cobrar intereses y recibir ganancias? A algunos puede parecerles un crédito normal, y a otros una transacción extraña.

La respuesta es compleja pero hay, al menos, un problema básico: se trata de una acción prohibida expresamente por la Ley de Bancos y puede traducirse en acusaciones civiles, y, dependiendo del esquema de operación, incluso penales.

Estas operaciones de la asociación, sumadas a aportes provenientes de cuentas personales y de dividendos recibidos cada año (estas dos últimas actividades permitidas legalmente), hicieron que Barrientos, por medio de Asodefir, asociación de la que era gerente general, adquiriera suficientes títulos para convertirse en un accionista fuerte en el banco, y le otorgara, en conjunto con la asociación, un gran peso para elegir quienes dirigirían la estrategia del banco. Estas transacciones pueden verse agravadas por el hecho de que en ese entonces Barrientos era miembro del consejo de administración de Banrural.

Plaza Pública recibió por medio de Guatemalaleaks un documento que contenía cheques y una auditoría interna de Banrural, cuya veracidad corroboraron fuentes cercanas al banco y cuya existencia reconoció alguno de los implicados.

El documento refleja un esquema de compras de acciones con préstamos, sobregiros y transacciones entre 2002 y 2017. Varias intentaban disfrazar que los fondos provenían del propio banco. Otras, perfectamente normales en sí mismas, son producto directo de las primeras y, por tanto, la auditoría las considera «contaminadas».

Guerra interna, MP investiga, y oficialmente el banco creció en 2020

Distintas fuentes, incluso algunas no involucradas en este informe, advierten de los posibles impactos negativos tras la divulgación de esta auditoría: «en Banrural hay una guerra interna», repiten por separado. Al margen de la disputa por espacios directivos y accionariales, las transacciones aquí presentadas tienen respaldo documental y el Ministerio Público investiga sus alcances.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) lleva el caso. En diciembre de 2019 varias fuentes corroboraron a Plaza Pública que la fiscalía solicitó información al banco. Que la Feci recabe información es señal de que sospechan que hubo actividades con implicaciones penales, no solo civiles.

Las transacciones mayores aquí reportadas tienen más de diez años de antigüedad. Por escrito, Banrural declinó comentar porque las leyes de Bancos y contra el lavado de dinero se lo prohíben, pero en otro comunicado asegura que «es el segundo banco más grande del país y el tercero de Centroamérica, con indicadores robustos de liquidez, solvencia y rentabilidad». Banrural cuenta con una de las mejores calificaciones a nivel nacional (FITHCH Ratings: AA -GTM-), registra 85,157 millones de quetzales en activos (un incremento de 6, 481% desde 1998, el año de su fundación) y paga más del 50% de las remesas enviadas a Guatemala a través de 6,559 puntos de atención, la mayor cobertura bancaria. En 2020 Banrural reportó una adecuación de capital de 19.74%, lo que supera la normativa de solvencia para las instituciones bancarias, casi el doble de lo que la ley requiere (10%). A pesar de ser un año complicado, generó utilidades por Q936 millones. Reportó un índice de liquidez mediata del 63.6%, muy superior al promedio del sistema bancario.

Lizardo Sosa, economista, expresidente del Banco de Guatemala, y ahora parte del consejo de administración de Banrural, respalda estas cifras e insiste en que el banco marca un parteaguas en la historia financiera del país. «Se puede medir la banca en dos épocas: Antes y después de Banrural. Antes el crédito era solo para las élites que podían tener acceso a una agencia, estaba concentrado de manera grosera en la capital. Después todos los bancos tuvieron que abrir agencias en todas partes».

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Esta primera entrega explica el esquema general de las operaciones que el mismo informe interno tilda como anómalas, específicamente una parte de las vinculadas a las acciones propiedad de Edín Barrientos en las series «E» y «F» adquiridas por medio de Asodefir.

Las próximas publicaciones ahondarán en la compra de más títulos por la misma asociación, sus cofundadores, las organizaciones que estos representan, o familiares de Barrientos.

Banrural: un banco que debía cambiar el sistema

Para entender el esquema presuntamente ilegal, hay que escarbar en la historia del banco.

Marco Cerezo, director de Fundaeco y uno de los impulsores en la creación de Banrural a finales de los años 90, lo califica como «el mejor experimento social y económico que tenemos».

El banco es una excepción en el ecosistema financiero guatemalteco: un banco de desarrollo. Contrario a la esencia de otros que buscan el lucro de capitales particulares concentrados, este partió de un principio distinto: unir capitales de diferentes organizaciones con enfoque social, mezclarlos con aportes de gobierno en una sociedad anónima y, en conjunto, obtener ganancias que ayudarían a que cada grupo pudiera cumplir sus objetivos.

El sentido de este enfoque era fortalecer a grupos mayas, garífunas, xincas, agricultores, mujeres, cooperativas y otras organizaciones rurales y de la sociedad civil. Si estas organizaciones invertían en capitalizar el banco, tendrían asegurado en el futuro dividendos que les garantizarían la solvencia económica para cumplir sus objetivos, financiar más capacitaciones y lograr mayor impacto en el desarrollo local del país.

Cerezo lo plantea de otra manera: «el verdadero problema es la desigualdad, y eso no lo resolvés distribuyendo riqueza ya creada, porque ahí te metés a líos que ya conocemos. Lo resolvés creando mecanismos para distribuir la riqueza futura».

Tras la liquidación de Bandesa fue así como nació Banrural, con un capital autorizado de 200 millones de quetzales, dividido en seis tipos de acciones, uno para cada sector: La serie «A» está compuesta por 600,000 acciones que solo el Estado podía adquirir. Es la serie más grande y, por tanto, si las otras series permanecían independientes, sería la que tendría más acciones y el derecho a elegir tres asientos en el consejo de administración: uno por el Ministerio de finanzas, otro por el Ministerio de agricultura, ganadería y alimentación, y otro por el Ministerio de economía.

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Sigue la serie «B», con 400,000 acciones destinadas a cooperativas.

Luego la «C», con igual número de títulos que solo pueden comprar organizaciones mayas, garífunas, xincas y campesinas.

Cada una de estas tiene derecho a nombrar dos miembros del Consejo de administración.

Las series «D», «E» y «F» disponen de 200,000 acciones cada una. Pueden adquirirlas respectivamente organizaciones no lucrativas; asociaciones, federaciones o grupos de micro, pequeños o medianos empresarios; y preferentemente trabajadores del extinto Bandesa como parte de su liquidación, organizaciones de mujeres o el público en general. A cada grupo también le corresponde designar a un representante ante el consejo de administración.

Cerezo sostiene que Banrural llegó a crecer tanto éxito porque el entonces presidente, Álvaro Arzú, no creía que fuera a funcionar y por eso permitió que se convirtiera en una empresa de capital mixto, contrario a Guatel que fue privatizada al 100%.

Pese a su visión, un agujero en este modelo concentró los beneficios a favor de Asodefir, Edín Barrientos, y otros.

Comprar a la vaca con la misma vaca

Asodefir nació en 2002 y la conformaron originalmente varios representantes de las cooperativas, oenegés y asociaciones que adquirieron acciones del banco, y que desde el inicio han ocupado puestos en su consejo de administración

Según su acta de constitución, nació como una organización no lucrativa, apolítica, no religiosa, de desarrollo y de servicio a la comunidad. Socios fundadores de Asodefir como el actual ministro de Agricultura, José Ángel López, o la activista Carmen Rosa de León Escribano, dijeron en un reportaje publicado por Plaza Pública en 2016 que la asociación debía ser el ala social del banco. Así explicaban por qué varios de los directivos de Banrural eran parte de ella.

En esta ocasión declinaron hablar aduciendo que la Ley de Bancos les impone restricciones y que el caso está en manos del MP.

La primera parte de este informe de auditoría se centra en las acciones de Edín Barrientos por 7.3 millones de quetzales en las series «E» y «F». El resto del documento detalla transacciones que implican a organizaciones como la Fundación para la educación y el desarrollo de la mujer indígena (Fundemi), Fundación salvamento y rescate (Sares), Instituto para la enseñanza del desarrollo sostenible (Iepades), Consejo de investigaciones para el desarrollo de Centroamérica (Cideca), Asociación de pequeños caficultores de Guatemala (Aspecagua), familiares y empresas relacionadas a Barrientos, y algunos de los fundadores de Asodefir.

Algunas de estas organizaciones ya han trascendido en investigaciones relacionadas a corrupción. Por ejemplo, Cideca fue parte del esquema dirigido por Barrientos para comprar Siglo 21 por parte de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

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Asodefir facilitó que Barrientos, entonces miembro del Consejo de Administración y al mismo tiempo gerente general de la asociación, comprara acciones en la serie «E» (destinada a asociaciones, pero también microempresarios) principalmente con préstamos y sobregiros del mismo Banrural.

Los sobregiros son préstamos que los bancos dan por confianza y sin respaldo a ciertos clientes. La Ley de Bancos dice que está prohibido conceder financiamiento para pagar, directa o indirectamente, total o parcialmente, la suscripción de las acciones del propio banco, de otro banco o en su caso, de las empresas que conforman su grupo financiero. En cuanto a los títulos de la serie «F», la mayoría se adquirieron con dinero propio de Barrientos, o mejor dicho, con dividendos de acciones obtenidas de forma presuntamente irregular.

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La serie E, la serie de las asociaciones, federaciones o grupos de microempresarios

La auditoría, fechada 16 de octubre de 2019, indica que Barrientos adquierió las acciones en varias etapas.

La primera, que presuntamente viola la Ley de Bancos, suma 2.3 millones de quetzales, que provienen de las siguientes operaciones, según la auditoría interna:

a) El préstamo #7033991841 otorgado a nombre de Asodefir el 25 de mayo de 2007 por 2.5 millones de quetzales.

b) Un sobregiro (crédito para «clientes de confianza» que se otorga sin respaldo financiero) por 2.5 millones de quetzales a nombre de Asodefir autorizado el 4 de enero de 2008.

c) Un sobregiro por 2.5 millones de quetzales emitido a nombre de Asodefir el 19 de enero de 2009.

Estos tres préstamos suman 7.5 millones. Según otro informe financiero interno obtenido por Plaza Pública, entre 2002 y 2017, Asodefir recibió préstamos y créditos por 29.3 millones de quetzales, de los cuales aún debe una hipoteca por 250 mil quetzales.

La auditoría rastreó movimientos de las cuentas bancarias de la asociación y concluyó que con parte de estos fondos Barrientos adquirió a título personal, en distintas fechas, acciones valoradas en 2.3 millones de quetzales.

Las transacciones que el propio banco juzga anómalas no se detienen ahí.

Según el análisis financiero, Asodefir pagó el préstamo «a)» con cuatro transacciones: además de los ya obtenidos, otro sobregiro a nombre de Asodefir (2008), dividendos de las acciones previamente compradas por Asodefir (2008), otro sobregiro para Asodefir (2009), y de nuevo dividendos de Asodefir (2010).

El sobregiro «b)» lo devolvió Asodefir con un esquema similar: Un préstamo hipotecario para Asodefir por 2.5 millones de quetzales otorgado el 23 de abril de 2008. Este préstamo, a su vez, se pagó con los dividendos producidos con las acciones de la asociación.

El sobregiro «c)» lo pagó Asodefir con los dividendos que recibió el 2 de abril de 2009.

Es decir, compró la vaca con el dinero que ordeñó de la misma vaca.

La segunda etapa abarca las acciones restantes de la serie «E», valoradas por 1.6 millones, que provienen de cheques propios de Barrientos, de organizaciones que también son accionistas del banco en diferentes series, cuyos directores son cofundadores de Asodefir, y de dividendos del banco.

Pagaron así los 1.6 millones de quetzales: Dos cheques de Asodefir por 138,862.98 quetzales; uno de la Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena (Fundemi) por 166,800 quetzales; uno de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera R.L.), representada por Leonel Delgado, cofundador de Asodefir, por 90,900 quetzales; uno de la Federación de Cooperativas Agrícolas Regionales (Fecoar) por 300,000 quetzales; dos cheques de la cuenta personal de Barrientos por 370,837.02 quetzales; dividendos a favor de Asodefir del año 2006 por 194 mil quetzales; y 426,100 quetzales cuyo origen no se pudo establecer.

Por útlimo, la auditoría registra la compra de títulos a los accionistas Jesús Humberto Chiquín López y/o María Ester Acosta Zar por 105,000 quetzales; y la adquisición de participaciones con dinero producto de dividendos (reinversión) por 1,054,400 quetzales, es decir, con fondos provenientes de las anteriores transacciones y por tanto posiblemente «contaminados».

La serie F, las destinadas al público en general

Las acciones de la serie «F» que adquirió Barrientos sumaban 2,208,900 quetzales, según el documento interno. La auditoría determinó que pagó 781,400 con dividendos de Asodefir entre 2005 y 2008. Barrientos adquirió el resto por medio de cheques personales de Banrural y Banco Industrial, otro proveniente de Fundemi, y compra directa a particulares por 182,200.

En el apartado de conclusiones, la auditoría indica que estas maniobras violan el literal «b» del artículo 45 de la Ley de Bancos, y que además podría tipificarse como simulación y enriquecimiento sin causa, según lo que establece el Código Civil.

Entre las recomendaciones está emprender acciones legales en contra de Edín Raymundo Barrientos.

En principio, estas transacciones que violan presuntamente la Ley de Bancos pueden resolverse en un juzgado civil. La intervención de la Feci indica que tienen sospechas de delitos que sitúan el caso en el plano penal.

El siguiente reportaje detalla la segunda parte del informe financiero y cómo familiares, empresas, la misma Asodefir, y algunos cofundadores de la asociación, también adquirieron acciones de Banrural, varias «contaminadas» directa o indirectamente con este esquema presuntamente ilegal.

Aunque algunos miembros fundadores de Asodefir dicen estar desligados desde hace mucho tiempo, continuaron ocupando por varios puestos en el Consejo de Administración, cargo desde el cual pudieron, al menos, tener noción de las actividades anómalas que crearon en 2002.

Nota de edición 15 de febrero de 2021 - 17:42 horas: Por error se consignó que Edín Barrientos fue presidente de Banrural cuando solo fue parte del Consejo de Administración como representante de la serie «D».

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