La Ley Orgánica de la SAT establece que sus autoridades superiores son el directorio, el superintendente y los intendentes. El directorio es el órgano de dirección superior de la entidad, al cual le corresponde velar por el buen funcionamiento, la gestión institucional y el cumplimiento de las metas de recaudación.
Pues bien. Por un lado, la corrupción ha corroído la institución. Destacan tres escándalos mayúsculos: el de Marco Tulio Abadío, condenado en 2007 a 30 años de prisión por lavado de dinero, concusión y fraude (dos de sus hijos también fueron condenados); La línea, cuyas consecuencias son bien conocidas, incluyendo la persecución penal de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, exsuperintendentes, particulares y exfuncionarios públicos, entre muchos otros; y, la semana pasada, la estructura dedicada al fraude en las devoluciones de crédito fiscal, por la cual fueron capturados intendentes y más funcionarios de la SAT, así como empresarios cómplices de la corrupción y de delitos de defraudación.
Por otro lado, la SAT ha incumplido sus metas de recaudación, en particular de forma sostenida en todos los años del período 2012-2015. ¿Qué hizo el directorio de la SAT para velar por que estos desmanes no ocurrieran? ¿Se han hecho responsables sus miembros?
Como consecuencia directa de estas falencias graves, superintendentes han sido removidos. Asimismo, un expresidente, una exvicepresidenta, exsuperintendentes, intendentes y muchos otros ex funcionarios públicos guardan prisión y enfrentan persecución penal porque, según la ley, son responsables de lo ocurrido. ¿Y los miembros del directorio de la SAT? Bien, gracias. Ninguno, incluyendo algunos de sus miembros que están en ese cargo desde 1998, cuando se creó la SAT, ha enfrentando destitución o proceso penal por responsabilidad en el incumplimiento de metas o en los casos de corrupción pese al mandato que establece la ley.
El incumplimiento de las metas de recaudación y los graves escándalos de corrupción en la SAT chocan frontalmente con el mandato legal del directorio: sus miembros deberían ser responsables de velar por el buen funcionamiento y la gestión institucional, así como por el cumplimiento de las metas de recaudación. Por ello es injusto e inaceptable que, mientras unos pagan con cárcel su responsabilidad, los integrantes del directorio de la SAT permanezcan impunes y pareciera que estuvieran por encima de la justicia.
La intención de quienes diseñaron la SAT quizá fue buena al crear el directorio, pero sus resultados en la práctica son muy deficientes. Primero, la Ley Orgánica estableció que sus miembros ocuparían el cargo de manera vitalicia, lo que afortunadamente se eliminó en las reformas aprobadas por el Congreso en 2013. Creo que está más que clara y demostrada la inutilidad del directorio de la SAT: no hace el trabajo que le la ley le encomienda y tampoco es responsable de ello.
Con el escándalo de las capturas efectuadas la semana pasada, el momento es propicio para que el Congreso avance en el proceso de recuperación de la SAT y modifique la Ley Orgánica de manera que se suprima este directorio inútil. Este sería un muy buen primer paso para el proceso de recuperación y reorganización de la SAT.
El esfuerzo que están realizando el MP y la Cicig es valioso en tanto el mensaje quede claro: si alguien viola la ley, entonces debe ser castigado conforme a la ley. El caso del directorio de la SAT compromete el éxito de ese esfuerzo: sus integrantes han incumplido con su mandato legal, pero no enfrentan responsabilidad legal por ello.
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