En lo personal, siendo superintendente de la SAT, conocí dos proyectos. El primero, el Metro Riel, en el cual se buscaba que la SAT cediese un terreno para el proyecto, a lo cual no me opuse siempre que a dicha entidad se le diera otro terreno a cambio. El proyecto, al analizarlo, me pareció beneficioso para el país y la ciudad de Guatemala. Sin embargo, en redes sociales he presenciado una discusión técnica, muy sana, sobre la viabilidad económica de este versus otros como el BRT, que podría ser más barato e igual de efectivo.
El segundo proyecto que conocí fue el de la aduana Tecún Umán. En dicho caso, mi postura fue negativa, pero no porque el proyecto fuera malo, sino por la modalidad de usar las APP, ya que el Código Aduanero Unificado Centroamericano permite usar otras figuras como los depósitos aduaneros temporales (DAT), mediante la cual se subarrendaría el terreno a alguna entidad privada que pudiera desarrollar esa infraestructura y se constituyera en DAT. Esta modalidad es la que se usa actualmente con Combex-IM en el aeropuerto La Aurora, y considero que ha sido una experiencia positiva para la SAT, los usuarios y el país en general.
Entre los aspectos negativos de la modalidad de las APP figura que, ya realizado, todo el proceso de estudios técnicos, licitación y posterior adjudicación debe pasar al Congreso para la aprobación del contrato (artículo 183, literal k, de la Constitución). Y por si fuera poco, en caso de desaprobación, como sucedió en el caso de la autopista Escuintla-San José, la entidad patrocinadora debe indemnizar a la persona jurídica adjudicada, algo que ya se anunció que va a suceder en el caso recién desaprobado por el Legislativo.
[frasepzp1]
Al día siguiente de la decisión del Congreso se realizó un foro sobre las APP organizado por la Anadie, en el cual se explicó cómo estos proyectos deben ser innovadores al buscar invertir en áreas donde el Estado generalmente no tiene la posibilidad de hacerlo por los elevados montos de las obras o por la especialización de estas.
Sin embargo, al revisar el portafolio que aparece en la página web de la Anadie, vemos que hay siete proyectos de los cuales cinco están concentrados en el área urbana del departamento de Guatemala. Y de estos, tres tienen que ver con medios de transporte. El presidente del directorio de la Anadie es el actual ministro de Finanzas Públicas, quien es concejal primero (vicealcalde) electo de la Municipalidad de Guatemala. Por sus proyectos, más parece que está entidad se convirtió en un apéndice de la Muni, y no en una entidad estratégica de desarrollo.
Al haber solo dos proyectos en el interior del país, vemos que en realidad las autoridades siguen dejando abandonadas las áreas rurales de Guatemala, que son las más pobres y donde menos infraestructura hay. Además, estos dos proyectos no llenan las características de innovación que se mencionaron en el foro por la Anadie misma organizado, pues ambos se tratan de infraestructuras existentes, donde el Estado ya invirtió una gran cantidad de dinero, por lo que más parece una privatización.
En lo personal, creo que la figura de las APP no es mala si estas cumplen las características que la Anadie pregona, pero actualmente es evidente la falta de visión estratégica y de país de las autoridades de esa entidad, pues sus proyectos no son innovadores o de dificultad técnica. Por ende, debemos preguntarnos si esa institución cumple su función o, como ya indiqué, en realidad solo está al servicio de la Municipalidad de Guatemala para ejecutar, con presupuesto del Gobierno central, sus proyectos de interés y de paso aprovechar para seguir privatizando bienes públicos, de modo que se busque darle la carretera Escuintla-San José a la misma empresa a la cual el difunto Arzú le dio la de Palín-Escuintla hace ya 20 años.
Más de este autor