El documento temático, que el propio Velásquez calificó de “poco optimista”, presenta una radiografía de la corrupción partidista y demuestra hasta qué punto, grupos de poder y redes criminales tienen la capacidad de influir en los asuntos del Estado a través del financiamiento de campañas políticas. La conclusión no acepta dudas: el sistema de financiamiento de la política en Guatemala, genera corrupción y, mientras siga en pie, hay pocas esperanzas de que gobiernos, diputados y alcaldes tomen en consideración el interés general para tomar decisiones. Estos son los principales puntos desarrollados por CICIG.
1) Líderes sin ideología y partidos sin programa
Como en el juego de las sillas musicales, los diputados y los alcaldes saltan de partido en partido a lo largo de su carrera y de sus mandatos. Causa y consecuencia de esto, ninguno de los partidos tiene una verdadera ideología o un verdadero programa político. Por lo tanto, qué más da si un diputado o un alcalde “traiciona” a la UNE para irse con PP y luego encontrar en LIDER mejores oportunidades. Como lo señaló la misma embajada de Estados Unidos, Manuel Baldizón formó su poderosa bancada a golpe de talonario: Q500 mil para cada diputado que luciera una corbata roja. Para los políticos, el partido no es más que el vehículo que los llevará a su ansiado puesto de poder.
Rasgo típicamente guatemalteco: los partidos tienen una esperanza de vida muy corta. El país ha visto en sus últimos 30 años el nacimiento de 50 partidos y la muerte de 35. Son pocos los que han logrado participar más de dos veces en elecciones. Otra curiosidad es el fenómeno de los partidos franquicia como el Movimiento Reformador o el Partido Libertador Progresista. Si bien están registrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no tienen existencia real. Son cómo marionetas guardadas en un baúl: están a la espera de que alguien los anime y decida utilizarlos en la próxima función del guiñol electoral.
2) El país del crimen electoral perfecto
Está prohibido recibir dinero por parte del crimen organizado. Cierto, pero el riesgo de ser castigado por esto es mínimo, por no decir nulo. Desde 2010, fecha en que este tipo de financiamiento fue expresamente prohibido por la ley, no ha habido una sola denuncia ante el Ministerio Público relacionada con el financiamiento de partidos políticos. ¡Ni una sola!
La impunidad de la que gozan los demás delitos electorales (violación del secreto del voto, coacción del elector, abuso de autoridad con propósito electoral), es igual de impactante. Entre el 95% y el 100% de las denuncias presentadas por estos delitos quedan sin sanción. Una luz de esperanza en estas tinieblas de impunidad: este 15 de julio, CICIG presentó la primera denuncia por financiamiento ilícito de campañas electorales en contra de Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia de LIDER, y dos diputados de ese partido.
3) Pachanga electoral en los medios de comunicación
El diputado Mario Taracena lo llamó un día, sin reírse, el “Ángel de la democracia”. El nombre de Ángel González, poderoso magnate mexicano dueño de los cuatro mayores canales de televisión abierta de Guatemala, aparece cuatro veces en el informe de CICIG. La Comisión recuerda que la posición monopólica de González en el espectro audiovisual se debe a decisiones políticas “poco responsables”. Consecuencia de esto, los candidatos presidenciales deben arreglarse para hacer campaña en sus canales y radios, o para obtener un trato amigable y consensual en sus noticiarios. Al final, el costo de estos favores corren a cargo de la ciudadanía: González obtiene por este medio influencia y poder de decisión, como se vio cuando LIDER promovió, en 2012, la ampliación de las concesiones de las frecuencias que sus medios de comunicación usufructúan. Hay verdades que los telespectadores no deben escuchar. Es por eso que los canales de González, que transmitían en vivo y en directo la presentación de Iván Velásquez, cortaron de forma abrupta la transmisión cuando el comisionado abordó este tema.
Las relaciones incestuosas entre medios y política no acaban allí. Son cada vez más numerosos los políticos que adquieren empresas de comunicación masiva, ya sea en el ámbito local, con pequeñas emisoras radiales y empresas de cable, o en el ámbito nacional. ¿Un ejemplo? El grupo Emisoras Unidas, del cual son parte según la Cicig, además de la popular emisora de radio, Canal Antigua, Contrapoder y Diario Digital. Uno de los dueños de este grupo es Erick Archila, recién defenestrado ministro de Energía y Minas. El informe omite mencionar el grupo mediático creado para defender los intereses de Manuel Baldizón del que forman parte el diario La Nación y el canal de televisión por cable NTV, entre otros.
4) El gran despilfarro de las campañas
A nadie parece importarle que los partidos políticos mientan descaradamente al TSE cuando se trata de reportar sus gastos de campaña. La CICIG retoma los datos del TSE que muestran que los tres grandes partidos: PP, UNE y LIDER, reportaron gastos de campaña muy por debajo de la realidad durante la campaña del 2011. Por ejemplo, los naranjas gastaron más de Q90 millones sólo en propaganda en medios de comunicación. Es decir, Q40 millones más que el techo de campaña autorizado por la ley, y Q50 millones por encima de los ingresos financieros que reportaron. Una pequeña triquiñuela que no invalidó las elecciones, ni resultó en una suspensión del partido de la mano dura, ni impidió a Otto Pérez Molina acceder a la Presidencia.
5) Gustavo Alejos, el recaudador que se servía primero
Un murmullo de asombro y frenesí recorrió el salón del hotel Holiday Inn cuando Iván Velásquez mencionó a uno de los viejos conocidos de la política guatemalteca: Gustavo Alejos. Secretario Privado y operador político del expresidente Álvaro Colom, este poderoso empresario ilustra a la perfección la figura del recaudador. El recaudador, indica CICIG, es el que utiliza sus contactos con las élites empresariales, los proveedores del Estado y otros donantes para financiar las campañas políticas, en particular la del candidato a la Presidencia. Personaje pragmático, canaliza los recursos hacia las arcas del partido no sin sacarle antes una buena y merecida tajada. Actúa con independencia: ni el candidato le pregunta de dónde vienen los recursos, ni el donante le pregunta para qué va a servir el diezmo que está pagando. Su papel de principal recaudador de la UNE dio a Gustavo Alejos una gran cuota de poder en el gobierno Colom, la cual utilizó para facilitar sus negocios y los de sus amigos, influir en los nombramientos y despidos de funcionarios y para dirigir decisiones políticas hacia sus propios intereses.
6) La mano invisible del CACIF
Guatemala ha cambiado: si antaño, el sector empresarial era el principal donante de las campañas electorales, hoy su influencia ha disminuido. Las cámaras empresariales contribuyen con 25% de las campañas electorales, mientras que el 50% proviene de una infinidad de proveedores del Estado, que pueden estar vinculadas con redes de tráfico de influencia. El resto lo pone el crimen organizado.
Sin embargo, los empresarios organizados siguen teniendo una influencia colosal sobre las políticas públicas. ¿Qué les aporta financiar partidos políticos? Muchos beneficios. Por ejemplo, influir en la política económica, colocar a sus alfiles en el Congreso y el Gobierno, modificar leyes y políticas públicas a su favor y obtener contratos con el Estado. En palabras de Iván Velásquez: este financiamiento conlleva una distorsión de la democracia y del proceso económico a favor de las élites empresariales. La mano invisible de la economía no es precisamente la que imaginaba Adam Smith…
7) El inmenso poder de la obra gris
Guatemala es un país de constructores. En efecto, una de las vías más rápidas para enriquecerse es realizar obras de infraestructura financiadas por el Estado. Pero eso sí, el mundo de las empresas constructoras es una jungla despiadada. Para obtener los codiciados contratos, con sobrevaloraciones de vértigo, hay que saber invertir en campañas políticas. El alcalde, el diputado, el gobernador sabrá recompensar esas generosas donaciones una vez en el poder.
Hay otra modalidad, y es cuando la constructora pertenece al político, por intermediario de familiares o testaferros. Es así como, con el tiempo, se han forjado redes ilícitas en torno a un “cacique”, figura todopoderosa de su localidad. Ejemplo emblemático de cacique: Arnoldo Medrano, en Chinautla. Este político que cambia de partido cada cuatro años ya no necesita financiamientos externos para sus campañas: le basta y le sobra con lo que le aporta su imperio constructor de obra pública.
8) Al narco también le gusta la política
El dinero no tiene olor, y los candidatos, en especial los que buscan una curul en el Congreso o una alcaldía, no se hacen de la boca chiquita con donantes poco recomendables. El crimen organizado incursiona en política fuertemente, puesto que un cuarto del gasto de las campañas está a su cargo. ¿Qué gana el bajo mundo al financiar a políticos? Obtiene posiciones clave en el Estado, como se vio en el caso “La Línea”. Obtiene también nuevas oportunidades de negocios y ejerce control en el sistema de seguridad y justicia. La inversión en campañas políticas sí rinde.
Para ilustrar las relaciones entre política y redes ilícitas, Iván Velásquez mencionó a Gloria Torres. La hermana de la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, recibía fondos de numerosas municipalidades a cambio de influencia. Fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa. El informe de CICIG señala las relaciones entre Gloria Torres y el capo del narco Juan Ortiz Chamalé. Para terminar de desbaratar la reputación de la UNE, Velásquez señaló que un importante financista de la UNE fue Obdulio Solórzano, personaje relacionado con el tráfico de drogas que murió acribillado el 8 de julio del 2012. Recompensado por el gobierno Colom con la dirección del desaparecido Fondo Nacional para la Paz, Solórzano benefició con contratos y plazas a la estructura de Ottoniel Turcios, otro gran narcotraficante extraditado a Estados Unidos en el 2010.
