Los jefes de La Línea: los detalles de la sentencia contra Pérez Molina y Baldetti

Sí, eran parte de una mafia. El Tribunal de Mayor Riesgo B, luego de un año de juicio, determinó que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti dirigieron La Línea, la red de defraudación que operaba en las tres principales aduanas del país y que habría provocado que el Estado perdiera al menos Q28 millones en impuestos en el tiempo en que fue detectada (de marzo 2014 a abril 2015).

Siete años después que el caso saliera a la luz y de que miles de ciudadanos se reunieron en la plaza central de la Ciudad de Guatemala para exigir su renuncia y que enfrentaran la justicia, Pérez Molina y Baldetti fueron condenados a pasar 16 años en la cárcel y a pagar una multa de Q8.7 millones. Ambos fueron encontrados culpables de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.

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En el mismo fallo, el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas Jeannette Valdés, Katty Sarceño y Merling González, los declaró inocentes de haberse enriquecido de forma ilícita mientras dirigían La Línea, pero no porque quedaran dudas de las ganancias millonarias que generaba la estructura, sino por falta de pruebas del Ministerio Público.

Aunque desde que renunciaron a sus cargos ambos aseguraron ser inocentes, con la investigación que en 2014 iniciaron fiscales y personal de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quedó probado que La Línea sí existió.

«No fue un invento de la Cicig», dijo la jueza Valdés. Sin embargo, criticó que el trabajo del ente internacional fue «deficiente» y que ellos (los investigadores) «no son mejores que nosotros, no necesitamos de extranjeros que vinieran a hacer el trabajo que hicieron».

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De acuerdo con el Tribunal, en el caso quedó demostrado que en las aduanas había un sistema con el que los importadores podrían ingresar al país mercadería sin pagar impuestos, o cancelar menos, a cambio del pago de una «cola», un soborno que semanalmente generaba Q9 millones de ganancias. De esas utilidades, Pérez Molina y Baldetti se quedaban con el 61%.

Pese a que la existencia de La Línea es un hecho, 10 de los sindicados, la mayoría antiguos técnicos aduaneros, fueron absueltos de cargos por supuestas «deficiencias» en la investigación. 19 personas más, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, fueron condenadas.

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Entre los absueltos están Carlos Muñóz y Omar Franco, extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Claudia Méndez Ascencio, exintendente de Aduanas. Quedaron libres de cargos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera. En contraposición, mandos medios y bajos de la SAT sí fueron condenados a 13 años de cárcel, entre ellos extécnicos aduaneros que tramitaban el ingreso de mercaderías al país.

De acuerdo con el Tribunal, los exgobernantes llegaron a La Línea porque el esposo de la ex vicepresidenta Baldetti los introdujo con Osama Ezzat Asis Aranki, uno de los líderes de la red, quien fue sentenciado por dos delitos. El contacto entre ambos era Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti.

El reclamo

Detrás de esta investigación, que el Tribunal validó de forma parcial, hay decenas de investigadores y fiscales guatemaltecos e internacionales que ahora están siendo perseguidos, procesados o están exiliados. Uno de ellos es Juan Francisco Sandoval, que en 2015 fue el fiscal que imputó los hechos a los exgobernantes y que vio la sentencia desde Estados Unidos, donde está exiliado desde julio de 2021.

Durante el juicio, el trabajo de Sandoval fue criticado por los sindicados, incluso por el Tribunal, que fue enfático en resaltar que la investigación tuvo errores. Sin embargo, desde que inició el debate, la Feci, como se conoció durante la era de la Cicig, fue desmantelada por la jefa del MP, Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, quienes cambiaron al personal, persiguieron a los antiguos investigadores y le dieron un giro a las investigaciones, tanto que la unidad dejó de apelar las resoluciones que cierran, anulan o detienen los procesos, llegando a beneficiar a al menos 83 personas.

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El fallo del Tribunal llegó por fases: en los primeros minutos de la lectura de la sentencia, la jueza Valdés arremetió contra la extinta Cicig y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien envió a juicio a los exgobernantes y a 27 personas más.

Valdés, quien inició la audiencia con un discurso religioso, dijo que la Cicig fue una institución «que se empoderó mucho» y que el juez que no resolvía a su favor, era difamado. También criticó a Gálvez por haber dictado prisión provisional, una figura que no existe en la legislación nacional pero que ha sido utilizada por otros juzgadores.

Ese discurso coincide con el que utilizaron los sindicados para defenderse durante el juicio. En sus últimas palabras ante las juezas, la mayoría de los 29 señalados usó su tiempo para pedir persecución contra Gálvez y Sandoval. El Tribunal, pese a las críticas, rechazó ordenar una investigación contra el exfiscal y el exjuez.

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Las juezas dieron valor probatorio a la declaración del perito Aníbal Argüello, exanalista de la Cicig, que elaboró cinco informes criminales que demostraban cómo operaba La Línea, cómo se cruzaron las interceptaciones telefónicas con documentos encontrados en los allanamientos y aportados por los colaboradores. Sin su testimonio, las pruebas clave del juicio hubieran quedado fuera. La defensa de los sindicados intentaron dejarlo fuera bajo el argumento de que fue sentenciado por falsedad en un proceso que inició el fiscal Curruchiche.

«Creo que hubo una sentencia donde el tribunal, a pesar de estar en circunstancias adversas, no se dejó imponer de toda la atmósfera que hay en Guatemala, donde todo lo que huele a casos de Cicig tiene resultados desfavorables», dijo Sandoval a Plaza Pública.

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La Línea es el primer proceso por corrupción contra ambos exgobernantes que llega a sentencia. Baldetti ya tiene una condena de 13 años de cárcel por el caso Agua Mágica, que descubrió cómo a través de una millonaria fórmula de agua con sal, el gobierno del Partido Patriota pretendía limpiar el Lago de Amatitlán, uno de los más contaminados de Guatemala.

En sus redes sociales, el Ministerio Público anunció el fallo y dijo que la Feci «lo logró»; sin embargo, la tendencia en las últimas resoluciones ha sido que el fiscal Curruchiche aparezca en un video informando de la anulación de una prueba o el cierre de un caso, y al mismo tiempo anunciando una nueva captura contra Sandoval.

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«Es una bocanada de oxígeno; si el resultado hubiera sido adverso, el MP hubiera amenazado con denuncias contra el exequipo de la Feci. Los argumentos de la defensa de los sindicados ahora se usa para criminalizarnos», enfatizó el exfiscal.

Sin dudas y sin pruebas

La Línea existitió y generaba ganancias millonarias cada semana. ¿Qué pasó con ese dinero? Una de las grandes debilidades del caso, de acuerdo con el Tribunal, fue la falta de pruebas que evidenciaran que Pérez Molina y Baldetti incrementaron su patrimonio debido a un enriquecimiento ilícito.

«El Tribunal no dudó en ningún momento que existió un incremento patrimonial ilícito. Pero no hay prueba que permitan determinarlo», enfatizó la jueza Valdés.

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Esa falta de evidencias los favoreció. Ambos fueron absueltos de ese delito, pero no es el fin. El caso Cooptación del Estado, el segundo gran proceso de corrupción que los exgobernantes enfrentan, se relaciona sobre la cantidad de bienes que habrían recibido como pagos por sobornos por contratos en el Estado y de cómo crearon una maquinaria de lavado de dinero para darle apariencia de legalidad.

La investigación de la Feci-Cicig estimó ganancias por más de Q900 millones. Sin embargo, el caso está en impasse, ya que era conocido por el exjuez Gálvez, quien renunció a su cargo cuando la Corte Suprema de Justicia limitó su derecho de defensa en el proceso de antejuicio que inició la Fundación contra el Terrorismo.

Lo que viene

«Teniendo la oportunidad de hacer un trabajo digno y respondiendo a la fidelidad a la Constitución, se hayan desviado de su deber para recibir estos sobornos… ese es el reproche que se hace», dice la jueza Valdés al referirse a los exmandatarios.

Al finalizar la audiencia Baldetti evitó a la prensa y solo dijo que el fallo es «injusto». Pérez Molina fue más elocuente y con un aspecto confuso dijo que le habían dado otras referencias del Tribunal.

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«Este no es el final y seguimos en la lucha y esperamos que en la apelación especial tengamos un resultado más favorable», dijo Pérez.

La apelación debe presentarse a partir del 6 de enero de 2023. Es allí donde la sentencia tiene más posibilidades de ser anulada, ya que son las salas de apelaciones de mayor riesgo las que acumulan el récord de cerrar más casos. Un conteo realizado por Plaza Pública evidenció que la Sala Tercera de Apelaciones de Mayor Riesgo ha beneficiado a al menos 16 acusados de corrupción.

«Esa sentencia se tiene que caer a como dé lugar», dijo César Calderón, abogado de Pérez Molina.