Los secretos del diario del coronel Benavides y del testigo W-2

Al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno sus compañeros de tanda solían llamarle “La Pitufina”. El coronel era, dicen cables desclasificados por el gobierno estadounidense, un hombre que se preocupaba por su apariencia. Un hombre vanidoso, malicioso, pero no alguien capaz de idear, planificar y hacerse cargo de un operativo monumental, que incluyó a unos 400 hombres de la Fuerza Armada salvadoreña, para matar a los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA). Al coronel, la justicia salvadoreña lo condenó en 1991 como autor intelectual de la masacre.

El Ejército salvadoreño se encargó de fortalecer esa tesis, la de que el oficial vanidoso, “La Pitufina”, era el último culpable. Lo hizo utilizando la fuerza, matando posibles testigos, quemando evidencia, y contratando abogados para asegurarse que los otros militares de menores rangos acusados y condenados junto a Benavides mantuvieran la boca cerrada.

El Ejército salvadoreño necesitaba un chivo expiatorio para proteger a su alto mando, el que hoy es juzgado en España: los generales René Emilio Ponce (fallecido), Juan Orlando Zepeda, Juan Rafael Bustillo y los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes. Para proteger incluso al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en aquellos días, el presidente Alfredo Félix Cristiani, quien según los querellantes ante el tribunal español, también fue, cuando menos, parte del encubrimiento.

Los ocho oficiales y soldados condenados junto a Benavides en 1991 fueron amnistiados en 1993. Algunos salieron de El Salvador, otros se encerraron en sus casas y desaparecieron de la vista pública. Los dos oficiales que dirigían la columna que llegó hasta los dormitorios de los jesuitas aquel 16 de noviembre, los tenientes Yussy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra, salieron por última vez del aeropuerto de Comalapa hace más de una década.

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Uno de esos ocho militares –no identificado ni por los fiscales estadounidenses ni por sus homólogos españoles para salvaguardar su seguridad– habló en Madrid con el juez Eloy Velasco. Le contó muchas cosas. Le habló, por ejemplo, del diario en el que el coronel Benavides escribió quién le había ordenado “matar a Ellacuría y no dejar testigos”. En el expediente de extradición de Montano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica a ese militar como un “co-conspirador”, y le llama W-2.

Dice W-2 que el coronel Benavides tenía un diario en el que apuntó varias de las cosas que pasaron después de la masacre de la UCA, sobre todo durante el tiempo en que estuvo encarcelado entre 1990 y 1991, a las órdenes del juez Cuarto de lo Penal de San Salvador, Ricardo Zamora. Y dice W-2 que fue del coronel Ponce –quien murió en 2010 siendo general y sin haber puesto pie jamás en la cárcel– salió la orden de asesinar a los jesuitas.

“De acuerdo al diario del coronel Benavides, Montano fue uno de los cinco oficiales que tomaron la decisión de matar al padre Ellacuría”, citan el diario los fiscales Goulian y Capin a W-2 en la respuesta que el 16 de septiembre de 2015 introdujeron a la corte del condado de Pitt en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde la jueza Kimberly Swank tiene a su cargo el proceso de extradición de Montano.

(Goulian y Capin introdujeron el 16 de septiembre tres escritos para responder a la defensa de Montano, que en la audiencia de extradición presidida por Swank el 19 de agosto de 2015 alegó, entre otras cosas, que España no ha logrado probar la participación de Montano en los hechos que se le imputan, que el juez Velasco no tiene jurisdicción en Estados Unidos, que los jesuitas asesinados no tenían nacionalidad española cuando los mataron y que los expertos presentados por la acusación en Madrid no son fiables. El Departamento de Justicia, en esencia, responde que lo único que el tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y España pide a la jueza Swank es que establezca que hay duda razonable de la participación de Montano en la masacre. Para ello, los fiscales acuden, entre otras cosas, a extractos del testimonio de W-2, según consta en las páginas 13 a la 18 de un documento titulado “Descubrimientos de hechos y conclusiones propuestas por el Gobierno en relación a la orden de extradición del caso número 2:15-mj-1021”.)

“Benavides le dijo al testigo que Montano estaba presente cuando Benavides recibió la orden de asesinar a Ellacuría… El testigo dijo que no fue una decisión de él (Benavides), que él solo obedeció una orden”. Así parte del testimonio de W-2 retomado por los agentes de Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos, en el caso de los jesuitas de la UCA.

Hoy, esos fiscales hacen suyas pruebas y testimonios archivados como evidencia en el juzgado español, que espera la decisión de la jueza Swank sobre Montano. Si el coronel llega a Madrid, el juicio se abrirá a etapa de sumario, lo cual implica que la mayor parte de la prueba recabada será pública. El mundo conocerá, entonces, lo que testigos como W-2 tienen que decir sobre el terror del 16 de noviembre de 1989, cuando fueron asesinados Ignacio Ellacuría Baescoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, y Elba y Celina Ramos, sobre el encubrimiento, sobre aquel operativo que, dice ese testigo, “no fue una cosa de dos o tres, (fue) cosa de un Estado Mayor pensando”.

El testimonio de W-2

La esposa de W-2 empezó a tocar puertas de conocidos y superiores de su esposo tras diez días de no saber nada de él. Al soldado lo habían detenido el 8 de enero de 1990 en el Estado Mayor, cerca del edificio del que salió la madrugada del 16 de noviembre con otra treintena de soldados a matar a los jesuitas.

La mujer acudió, entre otros, al coronel Inocente Orlando Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública y, lo sabía todo El Salvador, uno de los hombres fuertes de La Tandona –nombre que se le daba en el Ejército a la tanda que salió de la Escuela Militar en 1966 debido a que en ella se juntaron dos promociones de oficiales, por lo que su tamaño era inusualmente grande. Montano era un viejo conocido del padre de la señora de W-2.

“¿Cómo es posible que pudieran haber dado esa orden de asesinar a los jesuitas?”, le soltó la esposa del soldado al coronel en las instalaciones del viceministerio.

Montano, dice el soldado-testigo en su entrevista con el juez Eloy Velasco, agarró del brazo a su esposa y la metió en su oficina.

“No volvás a repetir eso, acordate que es tiempo de guerra y que en tiempo de guerra a cualquiera le puede pasar algo, incluso a vos”, le dijo el oficial.

En su alegato final, los fiscales Capin y Goulian recogen el episodio de la amenaza de Montano a la mujer de su subalterno para ilustrar cómo el coronel “se involucró en esfuerzos concertados con otros individuos para encubrir el crimen y obstruir a la justicia”.

A finales de enero de 1990, la esposa de W-2 pudo ver a su marido en “la pieza” donde estaba preso. A esas alturas ya el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, atendiendo a la presión que llegaba desde la comunidad internacional para que la masacre de la UCA no quedara en la impunidad, había designado una comisión de honor, formada por militares y civiles salvadoreños, a la que encargó indagar sobre los asesinatos de los jesuitas.

Investigadores independientes determinaron a mediados de los 90 que la comisión de honor había servido más para encubrir a los oficiales del alto mando que para resolver los crímenes.

Martha Doggett, funcionaria estadounidense de Naciones Unidas y hace 25 años investigadora del Comité de Abogados para los Derechos Humanos, es una de las académicas que más a fondo ha investigado la masacre, y lo hizo en 1992 y 1993, poco después de ocurridos aquellos hechos. “Cuánto más información ha ido apareciendo sobre la comisión, menos clara ha sido su actuación”, escribía Doggett en 1994 en su libro Una muerte anunciada, uno de los recuentos más completos sobre la masacre de la UCA y el encubrimiento posterior.

El 12 de enero de 1990, cuatro días después de la detención de W-2 y justo en los días en que su esposa hablaba con militares de alto rango –incluido el coronel Montano-, la comisión de honor hacía público su primer informe, en el que había varias recomendaciones. “Estos hechos son, tanto moral como legalmente atribuibles exclusivamente a las personas protagonistas de los mismos”, dice el reporte.

Doggett asegura que uno de los principales objetivos de la comisión de honor fue, precisamente, asegurarse de que la cadena de culpas terminase en el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, “La Pitufina”.

El 13 de abril de 2012, W-2 confirmó por primera vez en sede judicial, ante el juez Eloy Velasco, que Doggett y otros investigadores tenían razón. Su testimonio, archivado en el legajo del sumario 97/2010 del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional en Madrid, explica que la masacre de la UCA no fue una orden que nació de Benavides, sino una operación militar planificada por al alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador.

El testimonio de este militar tiene un valor diferente al de otros investigadores, querellantes y especialistas que han reproducido lo que pasó desde el 13 de noviembre, cuando el Ejército realizó el primer cateo en la UCA en el marco de la ofensiva lanzada por la guerrilla del FMLN dos días antes, hasta los minutos comprendidos entre las dos y las tres de la madrugada del 16 de noviembre, cuando una unidad élite del Ejército salvadoreño, formada por miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y de la Escuela Militar, asesinó a los jesuitas y a dos de sus empleadas.

El testimonio de W-2 tiene un valor diferente porque él estuvo ahí, desde el 13 hasta el 16 de noviembre de 1989; estuvo en los preparativos, en las reuniones en que circularon las órdenes, en la residencia de los jesuitas el día que los mataron (en su testimonio el militar niega haber disparado un solo tiro, pero otros militares que estuvieron en la UCA y confesaron ser autores de los asesinatos contradicen esa versión); y estuvo en las celdas donde él, Benavides y otros ocho corrieron con la suerte de ser los chivos expiatorios escogidos por el gobierno de El Salvador para tratar de reparar el daño político que le hacía la masacre de la UCA.

***

Es martes, 13 de abril de 2012. Madrid aún no despierta a la primavera: la capital española ha amanecido con un pronóstico de 6.2 grados Celsius como mínima, menor al promedio para inicios de abril en los últimos años, según reporta la prensa local. En el tribunal sexto de la Audiencia Nacional las cosas están un poco más calientes: esta mañana el juez Eloy Velasco, titular del juzgado, querellantes y fiscales se aprestan a entrevistar, a través de una vídeo-conferencia, a uno de los autores materiales de la masacre de la UCA, imputado en España por asesinato con agravante y actos de terrorismo relacionados a los asesinatos de los jesuitas. Es el militar al que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llamado W-2.

Tras identificarse ante el juez y los presentes en Madrid, el militar relata su versión de los hechos que rodearon los asesinatos de los jesuitas en San Salvador. Sus palabras:

“Esto comenzó el día 11 (con la ofensiva lanzada por el guerrillero FMLN sobre San Salvador ese día)…

...A partir del día 13, se nos informa que se ha creado debido a lo voluminoso del ataque guerrillero, un complejo de seguridad… Se nos informa que el coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar, ha sido nombrado comandante de ese complejo…

...El día 15 de noviembre por la noche, el coronel Benavides salió a una reunión a la Escuela Militar, al Estado Mayor, y luego regresa como a eso de las siete y media… En esa reunión estaban el ministro de Defensa, general (Rafael Humberto) Larios; el jefe del Estado Mayor, coronel (René Emilio) Ponce; los dos viceministros, el de Defensa y el de Seguridad, coronel (Juan Orlando) Zepeda y coronel (Inocente Orlando) Montano…

…Nos dice el coronel Benavides que la situación es crítica, que la guerrilla ha tomado mucha ventaja y que es más fuerte de lo que esperaban, y que en la reunión se había decidido tomar acciones más prácticas para poder detener la ofensiva…

...Habían decidido que se iba a eliminar a todos los cabecillas guerrilleros conocidos… Y que le habían dicho que tenía que proceder a eliminar al padre (Ignacio) Ellacuría, con la unidad del Batallón Atlacatl”.

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Antes de ver a su esposa, y tras varios días incomunicado, W-2 logró hablar, en el cuartel donde estaba detenido, con un capitán amigo que se apareció por las barracas y que era miembro de la comisión de honor. Corre la segunda semana de enero de 1990.

“Lo siento mucho, yo no puedo hacer nada para ayudarte, pero aquí te van a sacrificar”, le dijo el capitán. Y repitió: “Por favor, no digas que yo te dije, porque me puede costar caro a mí. Pero te van a sacrificar. Conseguite un buen abogado”.

A W-2 todo aquello no le cuadraba: Benavides, su coronel, le había asegurado que todo saldría bien, que nada les pasaría, que los iban a proteger.

Y menos le sonaba a W-2 que sus superiores no le dejaran utilizar a su propio abogado, porque él había conseguido uno después de la advertencia que le hizo su amigo el capitán, miembro de la comisión de honor; pero no, el coronel Dionisio Ismael Machuca, entonces director de la Policía Nacional y también miembro de la comisión, le dijo que el Ministerio de Defensa se haría cargo de todo. Así recuerda el soldado aquel diálogo:

“El Ministerio de Defensa ha contratado abogados y ellos se van a hacer cargo de su defensa”, dijo el coronel.

“Pero yo ya tengo un abogado. Tengo un abogado”, insistió el soldado.

“No. No podés tener otro abogado. Vas a tener los abogados que son del Ministerio de Defensa. Despedí al que contrataste, porque ya tenés abogado”.

W-2 insistió, porque, le dijo a Machuca, él y su familia ya habían pedido prestados los 10 mil dólares que el abogado particular les cobraría. El coronel dijo que lo consultaría a sus superiores.

“Luego regresó y me dijo: ‘Mirá, dice el alto mando que puede estar tu abogado, con la condición de que debe seguir los lineamientos de los otros abogados, del abogado líder del grupo que ellos tienen…’”, aseguró W-2 en su testimonio.

El abogado líder era el doctor Carlos Méndez Flores, quien por 25 años intentó ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. W-2 recuerda que Méndez Flores les confirmó a todos los acusados lo que él había oído del coronel Machuca: iba a ser una defensa colectiva que tenía que seguir la estrategia dictada por Defensa. Esa estrategia, según W-2, era evitar que las culpas llegaran más arriba en el escalafón militar, o incluso hasta el presidente de la República y Comandante en Jefe.

La narración que el testigo hace de un encuentro con otro abogado salvadoreño confirma la idea del encubrimiento, sobre todo porque este abogado, el doctor Rodolfo Párker Soto –en la actualidad diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano–, no era defensor de los militares acusados de matar a los jesuitas, sino que, como Machuca, era miembro de la comisión de honor.

Ya en 1993, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas había dicho sobre Párker Soto que “alteró las declaraciones hechas con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores. Asimismo, eliminó las referencias a algunos oficiales…”.

W-2 recuerda así uno de sus encuentros con Párker Soto, que ocurrió cuando el militar hacía su declaración extrajudicial ante la comisión de honor:

“Cuando yo empecé a dar mi declaración al que estaba escribiendo, él (Párker Soto) no estaba ahí presente. Yo ya llevaba como media página escrita…, estaba detallando desde la reunión con Benavides en el que nos dice de las órdenes del Estado Mayor (de matar a Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y no dejar testigos), cuando él (Párker Soto) llegó y nos dice: ‘¿Qué han escrito? No, no, esto no puede ser así’. Quitó la hoja y la rompió y dijo: ‘Empezá de nuevo y empezá nada más… no tenés que mencionar a nadie más, o que hubieran órdenes del Estado Mayor, de que hubieran órdenes de nadie más que no sea Benavides”. Así consta en el testimonio del militar ante el tribunal español. Se trató de contactar al diputado Párker Soto para que comentara sobre estas declaraciones pero no hubo respuesta.

La puerta de Madrid

A W-2, a Benavides y a otros siete militares salvadoreños la justicia salvadoreña los juzgó entre 1990 y 1991 por los asesinatos de los jesuitas.

Tras aquel juicio vino el encubrimiento. De hecho, tras la masacre en la UCA, la última de la guerra salvadoreña, vino el primer gran encubrimiento criminal de la posguerra: los esfuerzos que inició el gobierno de Alfredo Cristiani por dejar fuera de cualquier encuentro con la justicia a miembros de su alto mando se prolongaron durante dos décadas. Además de tres Cortes Supremas de Justicia y cuatro fiscales generales, las cancillerías de Cristiani y las de sus sucesores, los presidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca hicieron todo lo posible, jurídica, política y diplomáticamente, para que el caso jesuitas muriera sofocado por la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1993, días después de que la Comisión de la Verdad de la ONU dijera que la responsabilidad no terminaba en el coronel Benavides, el soldado hoy conocido como W-2 y los demás.

No fue hasta 2008 que la demanda interpuesta en Madrid por querellantes en nombre de familiares de cinco de los sacerdotes asesinados, los de nacionalidad española, abrió una puerta ahí donde la justicia salvadoreña las había cerrado todas.

En principio, el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA, en inglés), basado en Estados Unidos y representante de las víctimas, se querelló contra el presidente Cristiani y 14 militares salvadoreños, todos miembros del alto mando, jefes de Benavides en 1989.

Desde 2008 hasta ahora, varias cosas han pasado en ese juicio. La fiscalía española, que lleva la decisión final sobre el ejercicio de la persecución criminal, y el juez han dejado del lado al expresidente Cristiani. Durante un tiempo, alrededor de 2010, los querellantes evaluaron acusar también a algunos civiles, entre ellos a Párker Soto, pero desistieron. W-2 y otros militares que participaron en el operativo para asesinar a Ellacuría han declarado en sede judicial ante el juez Eloy Velasco. Y, por primera vez, una experta en historia latinoamericana, la profesora estadounidense Terry Karl, hizo una reconstrucción completa de todas las unidades militares que se movieron en torno a la UCA entre el 13 y el 16 de noviembre. Todo eso consta en el expediente del juez Velasco.

En total, 17 testigos de la querella desfilaron frente a Velasco, entre ellos W-2, también llamado “co-conspirador”, otro oficial que participó en la planificación de los asesinatos, aunque no estuvo en el campus de la UCA entre el 15 y el 16 de noviembre de 1989.

Todos esos testimonios, sin embargo, estuvieron a punto de irse también al olvido el 13 de marzo de 2014 cuando el gobierno de derecha del Partido Popular en España, en un afán por sepultar los crímenes de la época franquista, pasó al Congreso de los Diputados en Madrid la Ley Orgánica 1/2014, que modificaba la Ley Orgánica 6/85, base jurisdiccional en que se amparan los preceptos de justicia universal, transnacional o cosmopolita que permitieron al juez Velasco abrir causa contra los acusados.

El 31 de marzo de 2014, sin embargo, el juez Eloy Velasco decidió que, aun con la reforma del PP, podía procesar a los acusados de asesinar a los jesuitas por terrorismo y homicidio con agravante. Velasco justificó su decisión en un escrito firmado ese día, en el cual se lee: “…Continuar la instrucción de la presente causa por las imputaciones de asesinatos terroristas”.

En el proceso de extradición que lleva la jueza Kimberly Swank en Estados Unidos, los fiscales del Departamento también hablan del mérito que, según ellos, tiene la acusación de terrorismo, algo que la defensa de Montano niega. “La ley española permite a España adjudicar a sus cortes los (casos) de asesinatos de nacionales españoles cometidos fuera del territorio nacional español por aquellos que ‘actúan como miembros de una banda armada o terroristas… o que colaboran con la consecución de sus objetivos´”, citan los abogados estadounidenses el argumento expuesto por Madrid.

A la base de ese argumento está la condición, aceptada tanto por España como por Estados Unidos, de caracterizar a la llamada Tandona (la tanda de oficiales graduados de la Escuela Militar salvadoreña en 1966) como una banda armada o terrorista.

En España había, además, otro escollo jurídico: el Tribunal Supremo debía determinar que no existía riesgo de doble persecución, ya que algunos de los indiciados por Velasco habían sido ya juzgados en El Salvador. En síntesis, según fuentes cercanas al proceso consultadas en Washington y Madrid, el Supremo debía determinar que el juicio celebrado en El Salvador carecía de valor jurídico. Y así lo hizo: El pasado 6 de mayo falló que "el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad".

Fue ese, también, un alegato que hizo la defensa de Montano en la audiencia de extradición del 19 de agosto pasado, que a las acusaciones contra el coronel cabía etiquetarlas como “res judicata” o cosa juzgada, porque ya el caso había sido visto por la justicia salvadoreña y porque también había sido abordado por el juez migratorio de Boston Donald Woodlock, quien en enero de 2013 condenó a Montano a 21 meses de cárcel por delitos migratorios.

Para establecer el tiempo de condena, Woodlock acudió al pasado militar de Montano, para decidir si había, en esa historia, antecedentes criminales. El juez decidió que sí los había y, por ello, optó por los 21 meses en prisión, la pena más larga contemplada por la ley del estado de Massachusetts, donde el coronel vivía desde principios de siglo. Esto, dicen los fiscales, no determina que las acusaciones contra Montano hayan sido ya vistas, porque solo fueron referencias de sus antecedentes y la acusación de que él participó en la masacre de la UCA nunca fue objeto de juicio. En El Salvador, Montano nunca fue acusado de nada, precisamente por el encubrimiento estatal.

Aun después de todos los movimientos judiciales en España y en Estados Unidos falta una de las piezas más importantes del rompecabezas, que es la presencia en sede judicial ante el juez Velasco de uno de los imputados. Es ahí donde la figura del viejo coronel Montano cobra importancia.

Los destinos de W-2, del coronel Montano, el mismo que amenazó a la señora de ese testigo, y de todo el caso jesuitas están a punto de unirse dos décadas y media después. Todo pasa, por ahora, por una corte de la más septentrional de las Carolinas, en el sur de los Estados Unidos.

***

El coronel Inocente Orlando Montano Morales luce cansado. Sale del edificio judicial enfundado en un traje gris oscuro que le viene grande y cubierto por una chumpa gruesa, color azul. Camina lerdo, apoyado en un bastón. Acaba de salir de una audiencia en que un juez migratorio lo ha condenado a prisión por delitos migratorios. El coronel tiene 67 años y sobre él pesa, este día frío de febrero de 2013, la posibilidad de que este sea el último cumpleaños que celebre en libertad.

Montano trata de caminar de prisa, pero es difícil. El bastón. Los años. Al salir del edificio judicial, el John Joseph Moakley de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, al coronel le espera una docena de sus compatriotas con carteles en los que se leen dos palabras que este hombre acaba de escuchar en la corte y a las cuales su nombre está asociado desde los últimos meses de 1989: “Jesuitas” y “masacre” son dos de las palabras pintadas en trazos rudimentarios con marcadores negros y rojos.

“Justicia para los jesuitas”. “Castigo a los autores de la masacre de la UCA”. Así se lee en dos de los carteles que esperan a Montano a la salida de la corte de Boston. Frente a los manifestantes, cámaras y micrófonos de periodistas que han llegado hasta la corte intentan alcanzar al coronel. Imposible. Montano ha salido por una puerta lateral hacia la camioneta familiar que le espera para sacarlo de ahí.

El pasado no ha dejado de perseguir al coronel ni a los oficiales y soldados del Ejército salvadoreños que descargaron sus M-16 y un Ak-47 sobre los jesuitas y sus empleadas. El pasado, se sabe, es rebelde. Al pasado no le gusta que lo olviden. El coronel Montano sigue aprendiéndolo en su celda de Carolina del Norte. A El Salvador el pasado se le atragantó después de la Ley de Amnistía de 1993.

Al coronel Montano, el pasado se le ha vuelto a hacer presente en las frases de los fiscales John Capin y Eric Goulian, que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos, el mismo país del que alguna vez el militar fue amigo, socio, ejecutor:

“Hay causa probable para creer que Montano, la misma persona que está frente a esta corte, participó en los asesinatos terroristas de cinco sacerdotes jesuitas que eran nacionales españoles, por los que se busca extradición. Basados en los hechos encontrados y en las disposiciones de la ley, la corte debe concluir que Inocente Orlando Morales es sujeto de extradición por los asesinatos terroristas de los padres Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno, e Ignacio Ellacuría Baescoechea, y debe certificar esto al Secretario de Estado de los Estados Unidos”.

*Esta investigación se realiza en alianza con Revista Factum de El Salvador.