Solo se presentó el informe, y los tambores de guerra resonaron no solo en los cuarteles, en la Cancillería y en Casa Presidencial, sino, como sucede en estos casos, también en la mesas editoriales de aquellos medios que, comprometidos abierta y directamente con la cúpula empresarial, tratan de estimular un trasnochado nacionalismo ante una cuestión que, como afirmara Arenales Forno en elPeriódico, es una «historia oficial» que ni histórica ni jurídicamente se sostiene, pero que sirve como cortina de humo para justificar gastos onerosos en el Ejército u ocultar la incapacidad del Gobierno para enfrentar los reales y acuciantes problemas nacionales.
Los doctores Hamby y Trujillo poseen amplia experiencia en investigaciones criminales y fueron designados por sus respectivos Gobiernos —Estados Unidos y México— para realizar una investigación pericial. El excanciller Édgar Gutiérrez, en su nota del 29 de agosto, descalifica el informe por ser realizado por dos especialistas de la misma rama y afirma que «el análisis de la información y de los testimonios no coincidentes de los testigos es superficial y no se asoma a conclusiones categóricas». En el medio electrónico de la cúpula empresarial, por su parte, se levanta la gritería cuestionando el pedido de disculpas que el Gobierno de Belice ha exigido al de Guatemala, para lo cual utiliza las voces de otros tres excancilleres.
Sin embargo, más allá de Emisoras Unidas —y esta con un enlace más que enredado—, ningún otro medio de comunicación u oficina pública ha puesto al alcance de los ciudadanos el informe de los expertos, que en su versión en español consta de 30 páginas y fue elaborado con sumo detalle y cuidado. Mucho menos hemos podido leer o escuchar análisis seriamente documentados.
El informe no establece conclusiones, pues es una investigación criminal que deja las decisiones en manos de juristas y de políticos. Sin embargo, es sumamente claro en las informaciones y deja en evidencia las trampas que las mismas autoridades guatemaltecas se han puesto al convertir un lamentable incidente en el cual el padre del fallecido tiene mucha responsabilidad, en un conflicto internacional con llamado a consultas del embajador en Belice.
Según la información recabada por los especialistas aquel fatídico 20 de abril en las proximidades beliceñas del caserío San José Las Flores, Melchor de Mencos, Petén, una patrulla del Ejército beliceño (BDF) «asignada a operaciones especiales para erradicar el cultivo de marihuana» y guardabosques de la ONG Amigos por la Conservación y el Desarrollo (FCD, por sus siglas en inglés) hacían un recorrido para mostrar a periodistas y a la sociedad civil beliceña «el problema de la deforestación que está teniendo lugar» dentro del parque nacional Chiquibul.
Terminada la filmación y la exposición, los patrulleros siguieron su ruta y, según los miembros de FCD Benjamín Cal y Derry Alden Harris, luego de haber encontrado y «arrestado a un agricultor guatemalteco llamado José María Antonio Reyes [...], se detuvieron al borde del cultivo de maíz para permitirle al teniente Rodríguez ponerse en contacto con su base». «Teniendo en cuenta los antecedentes de otros arrestos, incluso aquellos ligados al cultivo de marihuana en la zona, y debido a que algunas veces cuando se arresta a una persona los miembros de la población tratan de rescatarlos» (resaltado nuestro), los guardabosques cumplieron «órdenes orales directas del teniente Rodríguez de que permanecieran en posición de descanso en ese lugar del camino (es decir, semisentados), como centinelas». Los otros miembros de la patrulla (un sargento, seis soldados y cinco guardias de FCD) realizaban «trabajos de seguridad en el perímetro mientras él establecía contacto por radio». Indicó el teniente Rodríguez «que había redoblado la seguridad porque recientemente se habían encontrado con problemas de drogas y de gente armada».
Es entonces, a las siete de la noche, cuando aparecen en el camino los miembros de la familia Alvarado con una linterna intermitente (lo que muestra que ya está oscuro). Los beliceños dicen haber hecho el alto y, al no ser obedecido este, dispararon. El teniente también abre fuego. Y es este el punto de contradicciones: el padre dice que no estaba armado, y el teniente y los guardabosques dicen haber respondido al fuego. El niño, muy probablemente quien cargaba la linterna, herido, intenta huir y recibe toda la ráfaga de perdigones y balas. El padre escapa, y el niño menor dice haberse quedado para intentar reanimar a su hermano, pero, al verlo muerto, también huye. Padre e hijo resultan heridos y consiguen socorro entre sus vecinos.
Los soldados y los guardabosques beliceños trasladan al detenido y el cadáver a un lugar poblado, donde se detienen a esperar a que el día aclare. Y ese mismo día el cadáver es llevado a la morgue para la autopsia. Los soldados beliceños, a diferencia de la práctica de décadas del Ejército guatemalteco, no escondieron a la víctima, sino que asumieron su responsabilidad y lo entregaron a las autoridades.
Por su parte, los vecinos de San José Las Flores se aproximan al lugar, recogen evidencias —casquillos de bala— y las entregan al Ejército de Guatemala. Y he aquí el enredo que los incrimina. En distintos informes, dicen los expertos, se habla de dos casquillos de escopeta calibre .22 que no aparecen en las evidencias materiales y de los cuales en los informes oficiales guatemaltecos no se dice nada. Sin embargo, hay en los árboles evidencias de disparos hechos desde el lado donde cayó la víctima.
Las evidencias, en consecuencia, desdicen la propaganda y el discurso oficial en el sentido de que la familia Alvarado, muy probablemente el padre, hizo disparos contra la patrulla. Además, no era el atardecer, sino que ya había caído la noche. No queda claro tampoco por qué, si Reyes había aceptado ser detenido horas antes, los Alvarado decidieron huir y muy probablemente disparar contra los patrulleros.
También llama la atención que la patrulla militar beliceña tenga como una de sus misiones enfrentar a los cultivadores de marihuana y que los soldados estén preparados para encontrarse con gente armada. Sin embargo, en lugar de existir una amplia cooperación de ambos Ejércitos para combatirlo, cada quien lo hace por su cuenta.
Pero, si el informe de los expertos deja al desnudo la desprotección y el abandono en que viven los vecinos de las aldeas próximas a la zona de adyacencia, también muestra las falsedades e inconsistencias del discurso oficial guatemalteco. Si, como sugiere uno de los excancilleres entrevistados por el medio electrónico de la cúpula empresarial, Guatemala debe llevar este asunto a la justicia internacional, el informe de los especialistas dejaría más que en evidencia que la patrulla beliceña tenía excusas válidas que justificaban su acción.
Las reacciones del presidente Morales y de su canciller resultan, pues, fuera de tono y de contexto. Guatemala perdió a un niño que quería estudiar y no desperdiciarse en el cultivo de pepitoria en tierras ajenas. El Ejército y las autoridades, en lugar de redoblar esfuerzos para apoyar a las familias pobres de la zona, han estado usando su muerte para esconder su incapacidad política y gubernamental en una disputa más que falsa y equivocada.
Los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad y seriedad. Y quienes en algún momento ocuparon el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, asumir que Belice es un vecino con quien debemos tener las mejores relaciones de cooperación sobre problemas conjuntos, dejando de lado el trasnochado ultranacionalismo que les hace perder la objetividad. Los soldados y los guardabosques beliceños no andan buscando guatemaltecos para matarlos de vez en cuando, sin razón ni motivo, como uno de ellos me dijera en reciente entrevista.
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