Han sido días que necesitan de todo el criterio de la ciudadanía guatemalteca basado en información, y no en prejuicios. Es una coyuntura que no necesita de opiniones conspirativas, sino de plantearnos preguntas que pongan en el centro la necesidad de defender un Estado capaz de responder a nuestras necesidades sociales, económicas y culturales mediante una política enraizada en el bien común. Hay que rehuir los discursos dudosos y ambiguos.
Mentirita #1: lo que está sucediendo nada tiene que ver con el 2015
La lucha contra la corrupción inauguró una nueva etapa en 2015. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) permitieron evidenciar a los actores de la corrupción con investigaciones sustentadas. En 2015 nos dimos cuenta de que la corrupción es la manera como los políticos y empresarios nefastos toman el Estado para hacer sus propios negocios y se aseguran impunidad para seguir haciéndolos. Para llegar al Estado deben asegurar un partido político y para tener alguna oportunidad de ganar deben financiar campañas multimillonarias (en un país cada año más pobre). El financiamiento está lejos de ser el aporte de un simpatizante comprometido. Lo hacen grandes empresarios que a veces también generan facilidades de pago, como las visacuotas, que aumentan cuando se llega al Estado. O bien se efectúa desde el Estado mismo, como nos lo mostraron tan claramente Alejandro Sinibaldi, los empresarios que testificaron y un miembro del Movimiento Cívico Nacional. Ese es el contexto en el que la democracia se ha visto vulnerada por la corrupción y la impunidad desde su origen en 1985.
Esta lucha contra la corrupción que se desató el 16 de abril de 2015 se ha vuelto más incisiva en los últimos meses y llegó a los casos que son el punto de partida de la corrupción: buscan una solución a la enfermedad, no solo al síntoma. Evidenciando y persiguiendo a quienes aceptaron dar y recibir financiamiento ilícito se obstruye el camino fácil —antidemocrático en esencia— de alcanzar un Estado para desfalcarlo.
Mentirita #2: la batalla es entre Iván Velásquez y Jimmy Morales
La lucha contra la corrupción no se hace sola. Claro que en un país como el nuestro es peligroso hacerle frente a quien ha acumulado poder a base de negocios afincados en el Estado. Desde 2015 Iván Velásquez y Thelma Aldana han estado al frente de las investigaciones y las han hecho de dominio público. Podrían investigar otra cosa, pero se les ha confiado la dirección de estas dos instituciones. Además, cuentan con el apoyo —es decir, la legitimidad— de muchas organizaciones y de muchos ciudadanos.
La batalla no es entre Iván y Jimmy. No deje que le mientan. La lucha es entre dos lógicas: el mantenimiento de partidos políticos sucios y nada democráticos/representativos/legítimos, que llegan al Estado para darle la espalda a la sociedad mientras esta se muere a causa de tantas problemáticas, frente a la lucha contra la corrupción, que ha puesto el dedo en los partidos políticos, en la manera de ser financiados, en sus negras intenciones al llegar al poder y en el círculo vicioso de nunca acabar. Así lo demuestran los 20 años siguientes de la firma de la paz.
El presidente declaró no grato a Iván Velásquez porque entendió cómo funcionan los partidos políticos que han vendido la democracia al mejor negociante. En definitiva, a quien declara no grata es a la lucha contra la corrupción, pero sin ella no hay posibilidad de fortalecer las instituciones. La corrupción motivada por los actuales partidos políticos debilita instituciones.
Mentirita #3: la lucha contra la corrupción se ideologizó
Si todos estuvimos de acuerdo con la lucha contra la corrupción en 2015, lo hicimos porque sabíamos como sociedad que se estaba corroyendo por dentro la organización política que debía responder dignamente a nuestras necesidades. La lucha contra la corrupción reforma las instituciones de este Estado, construido sobre las bases del racismo, el patriarcado y la desigualdad. Sin lucha contra la corrupción no hay posibilidad real —¡hoy!— de fortalecer instituciones. Pero es cierto: la corrupción en Guatemala también ha favorecido el achicamiento del Estado, las políticas neoliberales, el pago de poquitísimos impuestos y el no reconocimiento del salario mínimo o de los derechos de los trabajadores.
De ahí que la lucha contra la corrupción también abra dos posibilidades políticas a largo plazo luego de rescatar el Estado. Por un lado, permite que los partidos políticos puedan ofrecer programas que le hablen al ciudadano y a su criterio de cómo dirigir lo público, y no que lo engañen y engatusen con canciones y bailes vulgares. Les da la oportunidad a algunos partidos de que reconozcan la dignidad de una ciudadanía banalizada. Por el otro, permite la discusión de la visión del Estado: qué debe hacer este frente a la privatización de servicios como salud y educación, qué decide sobre su modelo de desarrollo, qué impulsa con relación a los impuestos, etc.
Por eso hablar de una ideologización de la lucha contra la corrupción esconde una mentirota: la voluntad de mantener la situación actual en la que estamos negando la posibilidad de un futuro mejor y trayendo a un país sufrido los fantasmas del pasado.
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