No es ley Monsanto, es renuncia a la soberanía sobre recursos fitogenéticos (VI y final)

Hagamos el resumen de puntos clave.

Este es el segundo intento de legislar el tema de las obtenciones vegetales, es decir, el registro y los derechos de propiedad de variedades vegetales nuevas (mejoradas o con características creadas a partir de técnicas de mejoramiento genético). El primer intento (2014) terminó en una derogatoria de ley por el expresidente Otto Pérez Molina, pues la sociedad civil y la comunidad académica, entre otros, se opusieron y argumentaron sólidamente en su contra.

Sin hacer mejoras o cambios que incluyan las observaciones que se hicieron en 2014, esta segunda embestida tiene la paternidad visible de la comisión de Agricultura, ganadería y pesca del Congreso. Los ponentes son cuatro diputados de Vamos, cuatro de la UNE, tres de Valor, uno de Creo, uno de Todos, uno del Partido Humanista y un independiente[1].

Los grupos opositores la apodaron ley Monsanto. Este columnista no está de acuerdo (ver el título de esta columna) porque al decir Monsanto se comprende organismos genéticamente modificados (OGM), lo que difiere bastante de lo que es una obtención vegetal (no hay espacio para la argumentación, baste decir que es criterio de la comunidad científica). En otras palabras, llamarla así se convierte en un distractor de algo mucho más grande (la soberanía y la gobernanza de los recursos fitogenéticos).

No se comprenderá la discusión si no se entiende primero lo que significa un centro de origen de biodiversidad. Quizá esto ayude. No estamos discutiendo OGM en esta oportunidad.

La megadiversidad biológica de Guatemala (parte de Mesoamérica) la hace caso aparte. La Tierra es una nave espacial que viaja por el universo y en una parte de ella van las reservas genéticas para el sustento de la vida misma tal como la conocemos. No podemos contaminar o extinguir esos recursos, muchos de los cuales no han sido siquiera clasificados.

La extracción de petróleo y de minerales se paga. Los países (golfo pérsico, por ejemplo) cobran por esos recursos. Nuestra riqueza es la biodiversidad e iniciativas como la 6283 buscan que renunciemos a la propiedad de esos recursos y a obtener una justa retribución por su explotación comercial por empresas semilleristas transnacionales. Se renuncia a esa propiedad como país, y no se toma en cuenta a quienes han sido no solo guardianes sino desarrolladores de esos recursos: los agricultores de los pueblos originarios.

Las obtenciones vegetales han sido positivas. La agricultura de exportación, generadora de empleo, se basa en semillas y materiales vegetativos mejorados. Nadie protesta al ir a comprar una bolsita de semillas de ciertas hortalizas. El ICTA tiene variedades mejoradas de maíz y pagamos por la semilla. Las obtenciones no son malas, son necesarias, pero no es posible que los agricultores paguen por la semilla y quienes la producen no paguen por usar las variedades originales sin las cuales nunca habrían desarrollado sus semillas comerciales.

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Si el tema del uso de los recursos es importante, lo es aún más el riesgo de contaminar genéticamente el material original, porque eso sería como soltar al ambiente un virus que nos haga enfermar, o mutar, o perder para siempre algunas características valiosas. Eso es contaminación genética (de vegetales, en este caso). Ya hemos visto lo que sucede cuando de los laboratorios (o de otro ser vivo) se escapa un microorganismo perjudicial. Esto mismo puede suceder, pero al nivel de las plantas (alimenticias, medicinales, industriales, colaboradoras con otras plantas, recuperadoras de la fertilidad de los suelos, sustentadoras de especies animales, conservadoras de agua etc.). Esto, rotundamente, no es un tema que se puede trivializar, mucho menos borrar del mapa con una ley que finge inocencia.

Se dice que esta ley es un compromiso de país (convenio internacional UPOV) y que hay que honrarlo. Que habrá multas a Guatemala si no lo hace. Me parece justo, pero en esa fingida inocencia dejamos de cumplir o de desarrollar legalmente otros compromisos oficialmente firmados y ratificados por el país. Tres de ellos son los de la Cumbre de la Tierra (1992), la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (2002) y el Protocolo de Nagoya (2010). Apenas una parte de eso está en la iniciativa 6086 Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales. Pero la comisión responsable no quiere saber de esto. La iniciativa 6283 debería acomodar otros compromisos vinculados a la biodiversidad si es cierto que a los diputados les preocupa cumplir con los compromisos internacionales de Guatemala y proteger la soberanía nacional.

El tema de la iniciativa 6283 no es simplemente agrícola. Es de biodiversidad, de comercio, de ciencia. Por eso es incorrecto que todo quede en manos de una oficina actualmente inexistente y, en consecuencia, sin ningún recurso, que se llame Registro de Obtentores y que desempeñe funciones hasta de investigación científica. Aquí faltan instituciones como Conap, Mineco (comercio y patentes), Cecon, MARN, ICTA, Usac y una representación de los pueblos originarios que no sea cultural ni política, sino científica[2].

Aparte de lo anterior, que puede considerarse de orden general, en las últimas entregas señalamos problemas de redacción, de traducción y de conceptos, aparte de la falta de una base normativa (leyes y reglamentos) donde puedan encajar sin ambigüedades y con absoluta certeza jurídica todos los aspectos vinculados al desarrollo de nuevas variedades comerciales vegetales.

Estamos a punto de saltar de un avión y no tenemos paracaídas ni seguro, solo la fe de que una mano invisible (la de siempre) nos tomará como si de una mágica alfombra voladora se tratara y nos hará aterrizar sin rasguños.