Nueva orden presidencial: Encierro en Semana Santa con incertidumbre salarial

Al amanecer del domingo 29 de marzo, la presidencia de Guatemala publicó en el Diario Oficial nuevas disposiciones dentro del Estado de Calamidad por el COVID-19. El presidente, Alejandro Giammattei, estableció 14 días más de suspensión de labores en el ámbito privado y público, sin transporte colectivo, con fronteras restringidas a extranjeros y toque de queda hasta el 12 de abril.

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En cuanto a la situación laboral y el pago de salarios en este periodo, el gobierno se limita a hacer sugerencias al sector privado. En la disposición duodécima de la publicación en el Diario Oficial, aparece el título «Exhortación ejecutiva en las relaciones laborales y la seguridad social». Son apenas cuatro párrafos, difusos por el lenguaje jurídico del texto, pero que en esencia no hacen más que una petición.

«Exhortan» a la «suspensión de los contratos de trabajo en la modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva amerite», y en segundo punto, que los trabajadores y empleadores celebren «acuerdos dentro del marco legal», dentro de los principios del derecho laboral.

En el último párrafo de la Disposición Presidencial publicada ayer, el documento recuerda que cuando el Congreso ratificó el Estado de Calamidad, estableció que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debe «participar y colaborar» en esta crisis.

Por la noche, Giammattei tocó distintos puntos en su discurso transmitido en cadena nacional, hizo especial énfasis en que no estaban ocultado información en cuanto a los infectados, y cómo distribuirán la ayuda para las familias más afectadas. Respecto a la relación patrono con los empleados, o cómo el IGSS cumplirá la función que le solicita, nada.

¿De qué forma?

El 26 de marzo, el Presidente hizo un llamado a las autoridades del IGSS para que llegaran a acuerdos entre el Estado, los patronos y los trabajadores, para asegurar el salario a los contribuyentes del seguro social sin importar el tiempo que dure la situación. El mensaje aparece en el minuto 19:16 de este video.

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Aunque Giammattei hizo esa declaración contundente en la cadena nacional, en las disposiciones presidenciales se guardaron las formas legales para no irrumpir en la autonomía del IGSS. La presidencia no ha dado a conocer cuáles son los alcances de la petición que hacen en la publicación de este domingo. Mediante un comunicado, la Junta Directiva del IGSS explicó que es inviable cumplir con las peticiones del Presidente, pues esto afectaría severamente las finanzas de la institución.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, difundió un mensaje en el que pide que se protejan los recursos del IGSS y le recuerda al gobierno que los fondos tienen destinos específicos: salud, maternidad, accidentes, atención a niños y niñas hijos de trabajadoras y trabajadores, viudez, vejez, invalidez y gastos mortuorios.

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«La misma Ley Orgánica prescribe la forma y modo en que el IGSS puede invertir sus fondos u otorgarlos en préstamo», dice el texto. Añade que es el Estado «el principal responsable de la sostenibilidad financiera, fiscal y económica de las prestaciones sociales, así como de la participación tripartita con organizaciones patronales y de trabajadores».

La preocupación latente es que se le pida al IGSS pagar los salarios de los trabajadores a los que las empresas no puedan cubrir durante la cesantía por la crisis.

El Congreso aprobó la semana pasada un préstamo por 3,667,500,000 quetzales para atender la emergencia. A las pequeñas y medianas empresas se les permitirá acceder a préstamos con el banco Crédito Hipotecario Nacional, mientras el gobierno anunció que dotará de alimentos básicos a 272 mil familias, y que incrementará el rango de beneficiarios del subsidio a la electricidad. En el Congreso todavía está pendiente de aprobar un préstamo por 193 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los fondos, dijo Giammattei, son necesarios para apoyar a las micro empresas y al sector informal.

Semana Santa en casa

La publicación del Ejecutivo indica que el toque de queda seguirá vigente a partir del lunes 30 de marzo hasta el 12 de abril. Serán 14 días que abarcan hasta el final de Semana Santa.

Siguen prohibidas las reuniones religiosas y de cualquier tipo de evento y festividad que imple aglomeración de personas.

El transporte urbano y extraubano continúa sin poder operar. Se amplía el periodo de atención en los mercados, de las 4:00 hasta las 13:00, una hora más de lo previsto con anterioridad.

El expendio de bebidas alcohólicas está permitido hasta las 15:00 horas.

Continúan suspendidas las visitas a centros penitenciarios, de reclusión de menores de edad en conflicto con la ley penal, y a instituciones de albergue a personas de la tercera edad.

Bancos, financieras, cooperativas, supermercados, tiendas de barrio, transporte humanitario, actividades agrícolas, ganaderas, hoteles y pensiones, pueden funcionar de las 4:00 a las 16:00 horas. Después, inicia el toque de queda.

Están exentos de las limitaciones a la movilidad, el transporte de carga y de insumos esenciales para la vida. Entre ellos se cuentan a los alimentos, la medicina y servicios médicos y de higiene.

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Las personas que estén en tratamientos con enfermedades crónicas y degenerativas, que deberán acompañar un documento que lo acredite y que incluya el contacto telefónico de su médico para verificar.

Los abogados y médicos también entran en las excepciones, siempre y cuando acrediten que acuden para auxiliar a una persona específica. Los periodistas y los funcionarios de alta jerarquía también pueden circular fuera de los horarios de toque de queda, siempre y cuando estén identificados, y este beneficio no alcanza a sus acompañantes. La aclaración tiene evidente relación con el caso del diputado Guillermo Cifuentes, del partido oficial que fue dejado en libertad junto a su acompañante el primer día de la restricción.