Esas fueron algunas de las frases que la semana pasada nos dijo doña Martha, habitante de la comunidad de Papatlazolco, en el estado de Puebla, joven madre que recibe el programa de transferencias monetarias condicionadas Prospera en México y que también participa en el proyecto Territorios Productivos, una pequeña experiencia piloto mediante la cual estamos tratando de aprender a hacer la conexión entre protección social y fomento productivo.
Estamos convencidos de que las premisas bajo las que hemos trabajado durante los últimos años están incompletas: los pobres rurales son económicamente inviables, no pueden salir por sí mismos de la pobreza, la actual generación de adultos pobres está condenada y hay que dejarla poco menos que a su suerte, lo único que queda por hacer desde el Estado es educar a la siguiente generación y mejorar su estado nutricional y de salud porque al hacerlo, como por arte de magia, sucederá la mejora en el bienestar y saldrán de la pobreza.
Esa lógica es una de las razones por las que la principal respuesta de política pública a la pobreza rural han sido los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC), que ciertamente han cumplido un importante y valioso papel al enfocarse en niños y jóvenes. Eso es innegable. Los resultados están más que documentados, así que no voy a dedicar aquí espacio a discutirlos.
Más bien quiero ir un paso más allá. Porque las TMC, como todo instrumento de política pública, son limitadas en su alcance y deben ser complementadas con otro conjunto de acciones. Si la vida es compleja y la realidad es multidimensional, ¿por qué entonces empeñarnos en dar respuestas simples y unidimensionales?
Lo importante es darnos cuenta de una cosa: la protección social es fundamental, pero no basta. Ha sido y seguirá siendo condición necesaria pero insuficiente para poder hacer un cambio una transformación cualitativa de la vida de los pobres rurales. Hay que prestar atención y apostar de manera decidida a esas otras cosas que doña Martha, ciudadana rural, está pidiendo.
Porque ella, como muchas mujeres rurales, tiene la película muy clara y se pregunta por qué es que el Gobierno no lo ve con la misma nitidez. Sin llamarlo así, está clamando y reclamando por dos cosas: bienes públicos e instituciones. Sí, bienes públicos rurales e instituciones dedicadas a los que habitan el espacio rural. Esas cosas que dejamos de producir desde hace tiempo y que hoy evidentemente nos hacen mucha falta.
Logística, organización, asesoría, coordinación, información y auditoría social son cosas que no se pueden proveer de manera privada. O, mejor dicho, se puede hacer privadamente, pero es muy costoso e ineficiente. Es mejor pensar en esquemas en los cuales esto se provea desde el Estado en la forma de bienes públicos. Eso sí, con una fuerte auditoría social que garantice transparencia y eficiencia.
Organizarse para ser más, como pide doña Martha, es una forma de crear institucionalidad y, de paso, de forzar al Estado a que haga su trabajo. En este caso, organizarse, como piden doña Martha y sus compañeras de grupo, cumple dos objetivos económica y socialmente deseables: tener escala para participar en mejores condiciones en los mercados y tener escala para poder contarle las costillas al Gobierno de turno y exigir bienes públicos y condiciones mínimas de vida. Por muy raro que nos parezca, todo esto no es otra cosa que ejercer (finalmente) una ciudadanía activa desde lo rural.
Así, con bienes públicos e instituciones, a lo mejor algún día podamos cantar aquel verso de Sol y Lluvia que dice: «… y el tiempo pasa, y organizarse es un placer».
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