La solución al endeudamiento es conocida y matemática: aumentar ingresos y/o disminuir gastos. Alrededor de esa disyuntiva ha girado la discusión entre demócratas y republicanos para aumentar el techo de la deuda pública de Estados Unidos. ¿Quién pagará si se suben los impuestos? ¿Quién dejará de recibir si se recortan las inversiones públicas? Cada quien elije su bando.
Las elecciones en Guatemala no escapan a ese debate. La mayor parte de los candidatos a la Presidencia han hecho énfasis en la necesidad de mejorar la calidad, transparentar y eficientar el gasto público, elementos claves para una reforma fiscal integral y socialmente aceptada. Pero más allá de algunas tímidas manifestaciones de interés en retomar el pacto fiscal, poco se ha dicho sobre los mecanismos a adoptar para una reingeniería tributaria profunda. En campaña electoral, ¿quién se atreve en hablar de impuestos?
La búsqueda del equilibrio fiscal pasa por una reflexión estructural sobre el déficit de desarrollo en el país. Como lo menciona Fernando Carrera en la entrevista que le hizo Siglo Veintiuno, la pregunta de base no es cuántos impuestos queremos pagar, sino cuánta inversión queremos tener para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país. Y las cifras hablan por sí mismas: los requerimientos de inversión pública en educación, salud, seguridad y servicios básicos, sobrepasan por mucho los reajustes posibles del actual presupuesto. Lo cual indica que difícilmente el país podrá postergar por mucho tiempo la discusión sobre instrumentos tributarios.
Los gobiernos municipales, como integrantes del Estado, constituyen actores claves de la discusión sobre la deuda pública. En el marco de la descentralización, su papel es cada vez más importante para brindar servicios públicos hacia la población. Pero allí también, lejos de ser ejemplos de buenos administradores, los municipios muestran serias limitaciones que se han traducido en una alta dependencia hacia las transferencias de recursos del Gobierno central, construyendo así un sistema clientelista. Las consecuencias de la poca capacidad de recaudación municipal se traducen también en una baja calidad y cantidad en la provisión de bienes y servicios públicos municipales. Frente a los desafíos de la urbanización y de la necesidad de financiamiento de nuevos servicios públicos, el endeudamiento municipal ha sido el mecanismo utilizado por parte de los Gobiernos locales para financiar el gasto público corriente y las inversiones de desarrollo. A muy corto plazo, la situación es insostenible para el país y muchos Gobiernos locales están al borde de la quiebra financiera. Algo así como un joven reacio a trabajar, que depende de sus padres y de algún acreedor para financiar un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades y que, además, reclama su autonomía.
La discusión sobre el pacto fiscal requiere profundizar sobre los mecanismos que permiten mejorar los ingresos propios de los municipios. En esa perspectiva, los impuestos locales a la propiedad y suelo han sido tradicionalmente destacados como una fuente importante para el mejoramiento de la política tributaria general y la sostenibilidad financiera local. Si bien Guatemala cuenta con un marco legal vigente que permite la recaudación del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) y que en la actualidad más de 230 municipalidades lo administran, es notable su poco impacto, mala gestión y arbitrariedad. En la actualidad, la recaudación total del IUSI representa el 0.18% del PIB, muy por debajo del promedio de la región latinoamericana (0.32% del PIB) o de los estándares de países desarrollados (3 a 4% en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido).
Las virtudes del impuesto predial son conocidas y reconocidas desde la antigüedad. Una notable convergencia sobre sus bondades puede ser encontrada en los escritos de economistas de distintas tradiciones, desde Adam Smith hasta Leon Walras, pasando por David Ricardo, Carlos Marx y, de manera más contundente, Henry George. Paga el que más tiene. No grava la actividad económica. Eficienta el mercado del suelo. Constituye un mecanismo de recuperación de la plusvalía como un producto social.
Si bien el fortalecimiento del IUSI pasa por la renovación de marcos legales y un apoyo decido de la administración pública en promoverlo a nivel local, requiere también de un serio compromiso político y de una ciudadanía informada de sus beneficios. El IUSI constituye, sin duda, una de las piezas importantes en el marco de la reflexión sobre el pacto fiscal. ¿Tendrán los candidatos presidenciales el valor de abordar esa temática? Como dice la célebre sentencia: “El mercado seguirá dejando a la humanidad sin respirar, hasta que los políticos se vuelvan estadistas”.
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