En abril pasado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, desbarataron “La Línea”, una estructura criminal que según estimaciones conservadoras de los investigadores, defraudaba unos Q2,5 millones semanales en las aduanas del país. Más de 25 personas —entre altos funcionarios, empleados y empresarios — han sido capturadas y puestas a disposición de los tribunales para que respondan por los crímenes de los que se le acusa.El sistema se basaba en la complicidad entre importadores y los diferentes niveles de la estructura ilegal, para que los productos ingresaran a Guatemala por valores más bajos a cambio de “comisiones” que reciben los funcionarios.
Hasta la fecha, entre los defraudadores no han aparecido los nombres de grandes importadores. “Y no aparecerán”, asegura Mario Archila, abogado por la Universidad Francisco Marroquín especializado en Derecho Tributario, negocios y comercio internacional, y miembro de la mesa fiscal del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. (Cacif).
Según Archila, son los importadores que proveen productos el mercado de la informalidad los únicos que pueden beneficiarse de una estructura como “La Línea”. A los grandes importadores, explica, no les beneficia reportar una facturación inferior al precio real de sus importaciones, porque no podrían optar a la devolución del Impuestos al Valor Agregado (IVA). Además, sus costos de operación parecerían más bajos en su contabilidad y esto les representaría dificultades adicionales con impuestos como el de Solidaridad (Iso) y Sobre la Renta (ISR).
Ingresar los productos a un precio real no sólo les sirve frente al fisco, expone Archila, sino también como medida de control interno. “Una compañía como Wallmart o como Cementos Progreso necesita controlar a sus propios ejecutivos de compra sobre el dinero que están enviando y la mercancía que están recibiendo”, dice el experto para aclarar que, en todo caso, a estas empresas les traería más cuenta contar con un precio mayor en las facturas.
La corrupción en las aduanas no se detiene
La corrupción que se registra en el sistema de aduanas no se detuvo con la desarticulación de “La Línea”. Archila se basa en las quejas que le han manifestado sus clientes, para afirmar que las prácticas ilegales continúan y buscan involucrar a importadores que no han participado de esa mafia.
¿Con las capturas efectuadas vemos el final de estas prácticas?
Hay otra parte de la estructura que aún no han reportado los medios. Es una estructura paralela, o tal vez la misma, pero con otras actividades: las extorsiones en las aduanas. Es diferente al caso en sí de “La Línea”, pero creo que es por esa estructura que fueron a traer al teniente Jerez (Javier Ortiz). Cuando él dice “Lo que pasa es que se nos está volviendo un desorden aquí adentro”
“Un mercado”, como le llaman los mismos implicados de La Línea.
Sí. Lo que pasó es que los empleados inferiores de la SAT, y los vistas, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. En lugar de reportarlo como debían, empezaron también a extorsionar gente con las importaciones legítimas. La ley de aduanas permite que los contenedores se queden parados entre tres y 10 días hábiles, si más razón que una sospecha de que traen mercadería mal declarada. Retienen el contenedor aunque haya salido verde (se le haya autorizado el ingreso) y le dicen al importador que lo van a retener por 10 días, con el argumento de que está mal clasificado, mal valorado, que le aplica algún Tratado de Libre Comercio, o cualquier excusa. Lo dejan aparcado y lo tienen allí por unas 48 horas antes de hacer formalmente el ajuste, con lo cual el importador piensa que tiene 48 horas para negociar. Algunos aceptan y pagan una mordida para que no se haga el ajuste y otros dicen que sí al ajuste. “Por Q10 mil retiro mi contenedor y no me pongo a pelear”, pero esos son menos.
¿Por qué la ley les permite hacer eso?
La Ley de Aduanas del 2012 nunca entró en vigencia. Incluso los gestores de aduanas bloquearon puertas y demás, porque esa ley les daba tal poder discrecional a algunos de los funcionarios, que paró totalmente el comercio internacional guatemalteco. Salió una segunda Ley de Aduanas que lo único que hizo fue rebajarles multas, pero los poderes discrecionales se quedaron. Ese fue el detonante más fuerte para que la estructura de defraudación, que siempre ha existido, se volviera institucional. Es una ley mal diseñada.
Y con ello también la posibilidad de extorsionar...
Exactamente. La Ley de Aduanas institucionalizó la corrupción, porque si a mí me está extorsionando el vista, pero conozco al jefe, es más fácil sobornar al jefe por todo lo que voy a traer en el año que estar sobornando a un vista por cada vez que traiga un contenedor. Antes se sabía que existían accesos que estaban fuera de su control, y que estaba amenazado que si decía algo lo mataban o algo así, pero no recibía absolutamente nada de la estructura. Ahora les tocó preguntarles si querían participar e incorporarlos a esos accesos. Les tocó compartir un poquito.
En una columna de opinión, usted manifestó que hay otras prácticas ilegales en las aduanas.
La segunda fase de “La Línea” consiste en la devolución del IVA. Hay gente que pide una devolución que no le corresponde porque simulan ser exportadores para conseguirla, pero les toca pagar cerca del 40% de lo que les devuelven como mordida. Eso deja a los verdaderos exportadores, quienes sí tienen derecho a solicitar devolución, sin flujos de efectivo para cubrir sus demandas. Allí podría haber una segunda red de defraudación, en la que se involucran exportadores legítimos que prefieren perder el 40% pero que les devuelvan rápido el IVA, como exportadores ficticios que con ese porcentaje se quitan el problema penal de estar defraudando por otras vías y cobran devoluciones de IVA que no les corresponden.
¿Cómo se pueden hacer pasar por exportadores sin serlo?
Por medio de La “Línea”, que les permita sacar FAUCAS (formularios aduaneros, únicos centroamericanos) sin sacar contenedores o con contenedores vacíos. Mientras tengan FAUCAS autorizados, no van a tener problema. Luego adentro de la SAT, en el Departamento de Auditoría, tienen alguna palanca suficiente para que las sospechas de que las exportaciones no son reales no vayan a casos penales.
¿Cómo toman esto los exportadores legítimos?
Hay exportadores legítimos que están desesperados por el impacto del IVA, porque sí puede ser muy alto y luego no pueden cobrarlo en sus ventas. Además, pasar litigando durante seis o siete años para que les devuelvan un mes de IVA es extremadamente largo y caro. Un aspecto acá es que con los exportadores ficticios que se supone que se suman a las estadísticas de exportación de ciertos productos se registran más exportaciones que las que hay en realidad. La Cámara del Agro reporta cierta cantidad de toneladas de café, cardamomo o cualquier producto de exportación. Pues resulta que exportamos el doble. Eso no puede ser o salieron contenedores fantasmas. Para eso necesitan que les validen FAUCAS. También vemos un comportamiento dentro de la SAT en el que los reclamos de crédito del IVA de devolución ya no iban por vía administrativa sino que casi todos iban por lo penal. Eso a mí me suena como a una política establecida en la SAT para poder extorsionar. Alguien dentro del departamento jurídico se ideó ese mecanismo de decir: “Bueno, vamos a empezar a espantar con el petate del muerto. Vamos a tener todos los casos donde nos están solicitando la devolución del IVA los vamos a tener por vía penal”.
Obligarlos a negociar y llevarlos a delinquir
Sí, tengo clientes que me dijeron: “Ya no voy a pedir el IVA. Ya lo manejé dentro de mis costos. Me lo voy a acumular, que se mire en los balances que tengo acumulado no cobrado, pero no lo voy a reclamar porque ya me cansé de que me quieran extorsionar”. A él no le pidieron plata nunca pero lo amenazaron con tirarle casos a lo penal. “Ellos lo que quieren es que yo les ofrezca plata lo cual no voy hacer. Voy a ser más caro que mi competencia pero no les regalo el pisto”. Cuando alguien tiene problemas de aduana normalmente es porque no quiso sobornar.
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¿Cómo cambia esto con la desarticulación de “La Línea”?
En este momento, a pesar de la caída de “La Línea”, las mafias siguen operando tranquilamente.
¿Continúan llegando señalamientos al respecto?
Me comentaba alguien que trabaja en el transporte de carga que el agente aduanal con quien actualmente hacen los trámites de sus clientes ya le informó que “La Línea” sigue existiendo. Probablemente sea a otro nivel, pero también a mí me parecía que si tenemos capturada sólo gente de la SAT y dos externos, es porque la estructura tiene que ser permanente. Los trabajadores de la SAT rotan de puestos y el superintendente no puede durar más de los cuatro años. Entonces tiene que ser una estructura que esté siempre. Faltan los verdaderos jefes del asunto. No creo que (Juan Carlos) Monzón sea la verdadera cabeza de toda la estructura. Aunque estén el Presidente, la Vicepresidenta y el Ministro de Finanzas involucrados, también son puestos que cambian cada cuatro años. Es una estructura que ya existía y que encontró los mecanismos para meterse y facilitarse sus prácticas con la ayuda de esas personas.
El papel de la informalidad
Una compañía que ingresa productos subvalorados debe contar con un mercado y un sistema de distribución. “Lo más probable es que ‘La Línea’ es usada por todos los que venden en la 18 calle, o con revendedores en los semáforos. ¿Por qué? Porque es gente que está totalmente desaparecida del mapa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, indica Archila.
La informalidad representa cerca del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Guatemala. A pesar de que se le puede ver como una alternativa ante la pobreza y falta de educación de gran parte de la población guatemalteca, Archila explica que no se trata de economía de subsistencia, sino que es un sector en el que se mueven grandes cantidades de dinero con sociedades acaudaladas.
¿Puede una sociedad ser informal a pesar de estar constituida?
Sí. Se inscriben y empiezan a reportar pérdidas o reportar cero, como si no tuviera movimiento. Tiene todos los documentos autorizados pero se mantienen inactivas ante la SAT. Hay muchas de ésas que se constituyeron para alguna idea de negocio que no funcionó y cerraron sus operaciones, pero hay alguien que va al Registro Mercantil a monitorear o que tiene acceso a las bases de datos de SAT, se da cuenta que tiene el reporte en cero y empiezan a emitir facturas con la resolución que les aparece en el Registro Tributario Unificado (RTU) de esas sociedades.
Los mecanismos
Además de una red de distribuidores (vendedores informales o tiendas que no emiten facturas), también es necesaria una red de empresas que permita el juego de facturas. El ejemplo que emplea Archila son los juguetes. Se importa un lote valorado en Q50 mil para la venta, pero facturado en aduanas por Q10 mil. Al agotarse el producto, se habrán cobrado los Q50 mil, pero este dinero que entra necesita justificarse de alguna manera.
Es en esta parte del proceso en la que también se hace necesaria la participación de las empresas formales, al menos de las que contratan servicios del sector informal. Normalmente son servicios como plomería o albañilería que desempeñan personas que trabajan también en la informalidad, pero que ante la oportunidad de trabajo consiguen a alguien que les emita facturas. Finalmente la consiguen de alguna empresa de estas redes. La empresa acepta y a cambio pide que se le pague el IVA (en el ejemplo de los juguetes, sería de Q6 mil), más la cantidad del 2% por el servicio. El trato parece ser satisfactorio para todos. “El trabajador se va muy feliz con su pago (Q43 mil), la compañía formal se queda con una factura que resulta ser falsa y el defraudador —además de poder justificar sus ingresos—recupera su IVA completo con ganancia (del 2%)”. Además evade el pago del ISR por la utilidad.
Archila recuerda el caso de Norman Tejeda, quien se encuentra en prisión desde 2013, tras una condena por defraudación fiscal que realizaba mediante una red de decenas de empresas que operaban de esta forma.
¿Es posible que estas redes empiecen en el extranjero y les faciliten la labor a los defraudadores con facturas más bajas que el precio real?
Posiblemente. Acá ellos saben que la documentación con la que está entrando a Guatemala es falsa. En varios países como China, Indonesia y algunos de África, donde no hay controles, yo puedo pedirle al proveedor que me ponga la factura comercial al valor que yo quiera. Cuando la administración de Guatemala trate de investigar, llama a un número en China donde le contestará alguien que le va decir que no habla inglés o le va contestar en chino. También puede que reciba un fax y, después de ver lo que le piden, llame a Guatemala para decir que tiene una petición. “Parece que es de una autoridad de ustedes, que quiere ver cuánto costó la mercadería. ¿Qué le contesto?”. El cliente en Guatemala le comparte la información de los documentos falsos y le pide que sea eso lo que entregue. En otros países como Alemania, Canadá o Estados Unidos no van a aceptar modificar documentos. Si una autoridad local llama y los pide, ellos van a mandar los que son. Pero estas redes no tienen proveedores en esos países. Si los tienen, posiblemente subcontratan un intermediario que tiene la relación con el proveedor formal de este país. Obtiene la mercancía y luego la vende a un precio menor.
Los efectos en las finanzas públicas
¿Qué representa esto en términos de pérdidas para el Estado? Según Archila, en Guatemala se evade entre el 40% y el 45% del IVA. Sólo con reducir a cero este índice, se podría financiar el presupuesto anual del Estado. “Los impuestos no son más bajos que en América Latina, como se cree, pero sólo una parte de la población los está pagando”, expresa Archila, en referencia a que 3,718 contribuyentes aportan el 90% del pago de este impuesto.
El ISR se defrauda en proporciones similares. Sin embargo, Archila explica que tratar de corregir esta evasión sería incluso más caro que hacerlo con la del IVA.
¿Fue efectiva en este sentido la Ley de Actualización Tributaria de 2012?
No. Es la peor reforma fiscal que se ha hecho. Está mal redactada, es técnicamente inviable. Es carísima de fiscalizar y de cumplir. Empuja a la gente que está en números marginales entre la utilidad y la pérdida, a integrarse a la informalidad, lo cual incrementa esta problemática que tenemos. Hay más incentivos para ser informal ahora que hace cinco años. Algo que parece un grave error, pero en realidad fue intencional, es lo de la planilla del IVA para los trabajadores en relación de dependencia. Fue intencional, hecho por los mismos empleados de la SAT y del Ministerio Finanzas Públicas, que querían tributar menos. Por eso bajaron el impuesto y eliminaron la planilla. Hicieron un cálculo en el cual dejaban de pagar ellos en lo individual y le aumentaron impuesto los que estaban en los rangos por debajo de los suyos. Eso significa un impacto a la clase media en el que se le sube la tributación y se le elimina la posibilidad de descontar el IVA.
¿Cuál es el efecto?
Que se crea un incentivo a contribuir con la evasión para una persona que ahora está tributando cerca del 6% de sus ingresos. Con un 12% de sus consumos, el IVA constituye una parte importante que el contribuyente va a tratar que no le cobren. Va a ir donde todo le cueste un 12% más barato y puede que aún más barato porque quien no da factura tampoco paga ISR.
