Comienza comparando los dos lados de la ciudad de Nogales, que está dividida por la frontera. En el lado estadounidense (Arizona), los jóvenes van al diversificado y sus padres suelen tener por lo menos un pregrado universitario, lo que les facilita un ingreso promedio anual de US$30 000. Tienen una esperanza de vida superior a los 65 años de edad y ejercen su derecho al voto. Al otro lado de la ciudad, en el estado mexicano de Sonora, si bien se vive en una prosperidad superior al resto del país, el ingreso promedio de los hogares es de aproximadamente una tercera parte del que se obtiene del lado estadounidense. La mayoría de los jefes de hogar no tienen grado universitario. Sus hijos, por lo regular, no asisten a la escuela. El crimen está desbordado, hay corrupción a la orden del día e inscribir un negocio es peligroso.
El libro también analiza el caso guatemalteco refiriéndose a los estudios de la socióloga Marta Casaús Arzú, quien identifica 22 familias y sugiere que estas han controlado el poder político y económico en el país desde 1531, para lo cual se han valido de instituciones extractivas. Cita como ejemplo la encomienda, que era el derecho de los conquistadores españoles de cobrar los impuestos que debían pagar a determinado pueblo indígena y para justificarse aducían la evangelización, pero en la práctica esta institución se transformó en una forma de producción basada en esclavitud.
En 1877, Justo Rufino Barrios instaló el repartimiento, que consistía en expropiarles la tierra a los pueblos indígenas para otorgarla a la élite, de manera que esta produjera café. Además, como necesitaban trabajadores (esclavos), se obligaba a los indígenas a portar la libreta, en la cual el noble finquero anotaba los días trabajados y las deudas que el trabajador (esclavo) tenía con él.
En el siglo XX, Jorge Ubico afinó estas instituciones extractivas al promulgar la Ley contra la Vagancia y prohibió el uso de palabras como obrero, sindicato y huelga. Cualquier persona que las pronunciara podía ir a la cárcel. Estas instituciones fueron abolidas hasta en 1945, con la Revolución de Octubre.
El libro también cita el gran auge de Inglaterra, que estuvo basado en la construcción de instituciones inclusivas, cuya simple base era que «los privilegios de la élite deben ser derechos de la ciudadanía». Pero en Guatemala: para la élite, exenciones fiscales; para el pueblo, salarios de miseria, como los salarios diferenciados que proponen cuatro alcaldes y los ministros de Economía y de Trabajo.
Incluso, hay economistas engañados que asustan con el petate del muerto para que la esclavitud continúe en el país. Asimismo, decanos de universidades de la élite afirman que quien no genera empleo no debe pronunciarse al respecto, puesto que los empleados, de una manera voluntaria y pacífica, aceptan un salario de menos de $200 cuando el costo de la canasta básica es superior a los $600 mensuales. Es decir, es problema de ellos si no les alcanza porque lo aceptan voluntaria y pacíficamente. Esta iniciativa no es más que una réplica de la encomienda, del repartimiento y del código del jornalero.
Si tan buena es esa iniciativa del salario mínimo diferenciado, ¿por qué no hacen públicos, de una manera completa, los estudios que la sustentan, los cuales fueron realizados por el Pronacom y el Ministerio de Trabajo?
Guatemala necesita de instituciones inclusivas. Eso significa eliminar los privilegios fiscales para la élite que impulsa el actual gobierno.
Si usted quiere saber más del gobierno de las élites, le invito a la presentación este 19 de febrero del libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas, creado por Icefi en alianza con American University.
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