Reglamento de construcción, probidad y recursos

En realidad es poco lo que se ha logrado no sólo en términos de regulación, sino de calidad de las construcciones porque entran en juego otros dos factores que no se pueden pasar por alto.

Además de la falta de normas, tenemos que decir que en Guatemala los daños son mayores especialmente por la combinación de dos factores que terminan siendo fatales. Uno es el de la pobreza que obliga a mucha gente a construir en condiciones precarias, en sitios peligrosos y con materiales endebles, mientras que el otro tema que complica nuestra situación es el de la corrupción que caracteriza prácticamente toda la obra pública que se ejecuta en el país.
 
 Podemos tener la mejor normativa de construcción con base en los más modernos estudios realizados para lugares de muchos terremotos donde se edifican grandes y complejos edificios, pero si la gente no tiene para pagar lo que cuesta una obra de esas características, seguirán construyendo con los materiales accesibles que son generalmente endebles y se derrumban con cualquier temblor. Pero también podemos disponer de una normativa ejemplar y de nada sirve si las autoridades encargadas de otorgar licencias de construcción siguen con la política del chantaje que imponen al pedir a los constructores que financien determinadas obras públicas a cambio de que se hagan de la vista gorda de ciertas normas que afectan la rentabilidad de los proyectos o si simplemente se pide una mordida que todo lo arregla y todo lo compone.
 
 Eso para no mencionar el tema de la obra ejecutada por el mismo Estado que es fuente de constante y persistente corrupción y que ha provocado desgracias importantes como las de las carreteras que ahora sufrieron por efectos del terremoto porque no hay un mínimo cuidado para preservar las laderas de las montañas que atraviesan nuestras rutas principales. Se hacen cortes de tajo sin adoptar medidas para evitar que los taludes se desplacen a la hora de una fuerte lluvia, no digamos a la hora de un fuerte temblor.
 
 Aquí cualquiera construye como le da la gana porque se sabe que nadie tiene nunca que asumir responsabilidades penales o civiles por obras mal hechas. Únicamente los constructores que quieren mantener algún prestigio son los que se preocupan por usar materiales de primera calidad y por cumplir con los requisitos que nunca quedan como algo visible al terminar la obra, sino que únicamente se ponen a prueba cuando viene un fuerte terremoto.
 
 De suerte que nuestro problema es muy complejo porque estamos ubicados en uno de los nudos más importantes de fallas causantes de movimientos telúricos y no disponemos de una eficiente norma para asegurar construcciones que no se derrumben causando la muerte de muchas personas. Pero, además, aún y si tuviéramos un exigente código nacional de construcción, todavía nos queda lidiar con el tema de la pobreza que es una limitante enorme, y el de la corrupción que todo lo prostituye.
 
 No es una casualidad que con cada desastre natural la gente que más sufre sea la gente más pobre del país porque la misma pobreza les obliga a vivir en condiciones precarias y peligrosas. Tampoco es casualidad que la obra pública sea prácticamente desechable y que se caiga ante unas cuantas lluvias o algún temblor, porque al fin y al cabo no fue hecha para durar sino para robar.

*Publicado en La Hora, 12 de noviembre