Digámoslo con franqueza. Aunque esta propuesta de ley aún genera muchos anticuerpos, cae en un terreno que ya fue arado y está casi listo para la siembra (me refiero a la ley, no a la planta). Esta labor comenzó en el 2012, cuando el ahora encarcelado expresidente Otto Pérez manifestó su interés en buscar nuevos enfoques para combatir el narcotráfico. Hasta entonces, la única respuesta había sido declarar la guerra a las drogas: optar por el garrote, la represión, la penalización y la encarcelación de quienes consumieran drogas o traficaran con ellas. Como dice Fernando Carrera en su artículo publicado en Nómada, en esta guerra, el debate racional fue suplantado por el dogma: «Morir a cambio de una causa justa y verdadera, que no amerite debate ni dudas». Después de 50 años de combate a las drogas y al narcotráfico, el saldo es más que negativo: muertos, sobrepoblación en las cárceles y Estados cooptados por el narcotráfico.
Plantear este cambio de paradigma parece hoy un hecho impostergable, algo casi evidente, pero hace cuatro años esto era dinamita. Las guerras también son negocios y hay gente que lucra con ellas, de modo que tocar estos intereses no era algo sencillo. Como decían los viejitos de antes, «era como tocarle los huevos al toro». Y el Gobierno de Guatemala se los tocó.
El siguiente paso en este cambio de paradigma lo dio el diputado Velásquez al presentar la ley. Este es un movimiento audaz y digno de reconocimiento. La ley es simple. Tiene por objeto «regular el cultivo, producción, distribución, comercialización y consumo medicinal y recreativo del cannabis y sus derivados». Es solidaria con el consumidor, despenaliza el consumo y busca acciones que tiendan a proteger y promover la salud pública mediante educación, información y prevención del consumo, así como el tratamiento y la rehabilitación de los usuarios problemáticos.
Sin embargo, me gustaría señalar algunas lagunas que le veo a esta iniciativa con el único propósito de contribuir al debate en torno a ella. La primera se refiere a la débil institucionalidad que da soporte a dicha ley. Básicamente, todo el control y toda la regulación del cultivo, la cosecha, la producción y la distribución del cannabis recae en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, particularmente en el Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente. Suponiendo que dicho departamento tenga la capacidad institucional para hacerlo, la ley no contempla temas relacionados con el financiamiento y la gestión de recursos de esta entidad. Tampoco se plantea el tema de evaluación y monitoreo de la ley. Ya algunos expertos nos han alertado acerca de la falta de datos confiables para comprender el problema del narcotráfico y del consumo de drogas, de modo que seguir por ese camino es un sinsentido. La ley tiene que prever la institucionalidad que permita la recopilación y el análisis de información estadística. Además, una función pilar en la institucionalidad debería ser la de formular políticas públicas inherentes al tema en cuestión. Sin embargo, dicha función se diluye en apenas recomendar dichas políticas al presidente de la república.
Finalmente, pero no menos importante, el tema educativo. Tristemente, la iniciativa de ley trata este aspecto en solo dos artículos huérfanos, el 2 y el 18. El primero se pierde en la generalidad de señalar que es interés público realizar acciones para proteger y promover la salud pública —la educación va en este saco—. Y el 18 le encarga a la PNC los programas de educación sobre los efectos del cannabis. ¿Es realmente la PNC la llamada a cumplir a cabalidad este mandato? Para tal propósito no existe ya el Ministerio de Educación, que cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios —y si no los tiene, pues que la ley se los asigne—.
El mensaje final es no pecar de simples proponiendo una ley demasiado escueta, que deje vacíos que con seguridad la burocracia llenará con reglamentos posiblemente cargados de nociones represoras y conservadoras. Aspiremos a una ley robusta que genere la institucionalidad necesaria para hacer los cambios que se necesitan.
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