Un guatemalteco fue clave para “El Chapo”

La primera: los dos escaparon de una cárcel de máxima seguridad en México; Guzmán, en 2001, y Herrera, en 2005. La segunda: los dos fueron acusados de lavado de dinero en una corte del Distrito Sur de Florida en el mismo caso, en 2010. La tercera: quizá a los dos les espere el destino de envejecer en una cárcel estadounidense.

Tanta coincidencia no es casualidad. Los destinos de Guzmán y Herrera estaban unidos por la cocaína y el dinero. En junio de 1993, mientras Herrera construía su imperio en Guatemala, “El Chapo” Guzmán huyó hacia este país. En su libro “Los Señores del Narco”, la periodista mexicana Anabel Hernández relata que el general mexicano Jorge Carrillo Olea (que Hernández entrevistó en exclusiva) le dijo que rastrearon a Guzmán desde Guadalajara, Jalisco, hasta Guatemala. Luego, hacia El Salvador, desde donde rápidamente volvió a Guatemala.

Guzmán fue ubicado por la Dirección de Inteligencia Militar, que en ese entonces dirigía el general Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala. En una entrevista que el presidente Pérez ofreció al periodista Gerardo Reyes de Univisión, en 2013 (divulgada en octubre de ese año), el mandatario dijo que era la primera vez que hablaba de la captura de Guzmán “abiertamente”. El funcionario admitió que “El Chapo”, presuntamente a cambio de ser liberado, admitió que se dirigía a recoger un cargamento de cinco toneladas de cocaína en el Puerto de Acajutla. El alijo eventualmente fue decomisado cuando Guatemala trasladó la información al vecino país. Reyes también le preguntó si Guzmán había ofrecido dinero. El presidente Pérez le respondió que sí. “Él [Guzmán] hablaba de un millón o dos millones de dólares”, dijo el mandatario.

Relatos contrastantes

El presidente Pérez aseguró a Univisión que nadie en Guatemala aceptó el soborno, pero el libro de Hernández cuenta otra historia. La autora describe que antes de la captura, el procurador de México Jorge Carpizo dispuso una recompensa de US$1 millón de dólares para quienes colaboraron en ella. Oficialmente, eso involucraba a autoridades mexicanas, salvadoreñas y guatemaltecas. Según este relato, al presidente salvadoreño Alfredo Cristiani le entregaron US$300 mil para repartirlos entre quienes hicieron que “El Chapo huyera [desde allí]… hacia Guatemala”.  Al presidente guatemalteco Ramiro De León Carpio y a un capitán del Ejército, que entregó a Guzmán a un general mexicano en la frontera, les dieron otros US$300 mil (unos Q1.6 millones, al tipo de cambio de entonces). Hernández apunta que nadie en México sabe qué ocurrió con los otros US$400 mil.

En la entrevista con Univisión, el mandatario Pérez no mencionó la recompensa, pero describió la entrega de El Chapo en la frontera en medio de un nutrido dispositivo de seguridad. “Íbamos con toda la seguridad necesaria precisamente pensando en que hubiera algún grupo que lo tratara de rescatar”, dijo el funcionario. Sin embargo, la única similitud entre su relato y los hallazgos de Hernández es que el capo mexicano fue atado de pies y manos, colocado sobre la parte trasera de un picop, y llevado a la frontera. Hernández dice que, según el general Carrillo Olea, la caravana guatemalteca que llevó a Guzmán a la frontera sólo consistía en tres picops viejos. En cada vehículo sólo había dos pasajeros (incluyendo al chofer), salvo por el primero que también llevaba al capturado.

Univisión muestra una dramatización ilustrada de policías tipo “Robocop” custodiando a El Chapo de pie cuando lo entregaban a México. Pero el general mexicano Carrillo Olea le dijo a Hernández que sólo un capitán guatemalteco, al que no le calculó más de 26 años, lo llevó a la parte trasera del picop, y bajó la portezuela para develarle a un Guzmán con capucha, “amarrado de pies y manos con una cuerda, como si fuera un cerdo”... “sobre la lámina caliente [de la palangana] del picop”.

Hernández relata que, en esa época, Guzmán “era casi nadie, casi nada en la actividad como narcotraficante”, y que su fama pasajera se debió a una balacera que protagonizó en una discoteca en Puerto Vallarta en 1992 contra miembros del Cartel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix. “Tal vez por esa razón el gobierno de Guatemala lo había enviado a México como un preso de quinta [categoría]”, dice la periodista. El contraste del lado mexicano, ese 9 de junio de 1993, era grande. Allí esperaban a Guzmán el general Carrillo Olea, coordinador general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Procuraduría General de la República (PGR) de México; el general Guillermo Álvarez Nahara, jefe de la Policía Judicial Militar, y dos batallones militares. Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en México, “Guzmán era un excelente pretexto para justificar el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo” ocurrido en mayo de 1993, de acuerdo con Hernández. La periodista recogió versiones de que la intención de responsabilizar a “El Chapo” Guzmán por ese homicidio era un montaje.

Una vez en México, Guzmán fue trasladado a Toluca y de allí, hacia la Ciudad de México en un avión militar 727. Según el relato de Carrillo Olea a Hernández, cuatro paracaidistas resguardaron la cabina cerca de Guzmán. El resto del batallón resguardó la salida del avión. Junto al general Carrillo Olea, se sentó el general Álvarez Nahara.  Hernández escribe:

“Uno de los pasajeros del 727 comentó que los militares de Guatemala no sólo le habían robado a El Chapo un millón y medio de dólares (unos Q8.4 millones al tipo de cambio de 1993; específicamente se refería a un teniente coronel guatemalteco que le ofreció a Guzmán ayuda para fugarse a cambio del dinero, pero que lo engañó) —como el mismo narcotraficante se quejó en su primera declaración  ante la Policía Judicial Militar—, sino que además le habían dado una golpiza. Según esa versión, El Chapo Guzmán estaba tan agradecido por el trato que le habían dado —a diferencia del que recibió en Guatemala— que no opuso ninguna resistencia a las preguntas del general Álvarez Nahara”.

Las declaraciones que Guzmán ofreció en el avión constan en el oficio 1387 de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Subjefatura Operativa, tomadas el 9 de junio de 1993. El documento fue reproducido por la revista Milenio Semanal el 8 de julio de 2002 (un año y medio después de la fuga). El general Álvarez Nahara elaboró y firmó el oficio, que también firmaron dos testigos, también militares. Sin embargo, cuenta Hernández que un “alto funcionario del gobierno federal… le advirtió [a El Chapo] que lo matarían si no modificaba la declaración que hizo durante el vuelo”. Guzmán cambió su declaración al llegar a la capital mexicana, “y esa fue la única versión que contó de ahí en adelante para las instituciones de justicia de México”, explica Hernández. La versión original, según la autora, también incluía fuertes acusaciones de corrupción contra altos funcionarios del gobierno mexicano.

Reencuentro con Herrera

Mientras Guzmán continuaba sus negocios desde la cárcel, durante los siete años y medio que permaneció en prisión, Herrera se abría camino en Guatemala como bodeguero de coca, para él mismo y otros traficantes, así como traficante de armas para gente en el negocio del narco, hacia finales de los años noventa, según Michael Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Federal Anti-Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

Para cuando Guzmán escapó de la cárcel Puente Grande, de Jalisco, en enero de 2001, Herrera ya era un narco consolidado en Guatemala. En los siguientes dos años, los negocios de la coca los reunieron, y no tardaron en hacerse socios. Para 2003, Herrera era una pieza importante en los negocios de Guzmán. Tanto, que el capo mexicano le pidió que fuera el nexo entre el Cartel de Sinaloa y lo que quedaba del colombiano Cartel de Cali. Pero no sólo eso. Guzmán cerraría el negocio con los colombianos sólo si aceptaban que Herrera transportara la droga en avión, o barco, desde Colombia hasta Centroamérica y México, según consta en el expediente del caso contra Herrera, en una corte federal de Washington, D.C. El guatemalteco ya tenía contactos en Honduras, El Salvador y Guatemala (como los Lorenzana).

Pero hubo otra habilidad que hizo a Herrera figurar a la par de Guzmán en una acusación en una corte federal en Florida, EE.UU. Entre 2003 y 2007, el guatemalteco se encargó de organizar, junto varios socios colombianos, el envío de al menos US$3.3 millones de dólares desde México (vía casas de cambio y bancos como el HSBC) hacia el Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, EE.UU., y luego a una cuenta de una fábrica de aviones en Tampa, Florida, según el expediente del caso. El grupo de Herrera, naturalmente, era sólo una de las estructuras que manejaba este tipo de transacciones. El dinero, producto de la venta de cocaína colombiana, pagó por la compra de aviones estadounidenses. Estas aeronaves luego fueron piloteadas hasta Colombia, o Venezuela, donde eran cargadas con cocaína y piloteadas de vuelta hacia Guatemala o México. Desde allí, los cargamentos eran traficados hacia EE.UU. por tierra.

Las capturas, gajes del oficio

La operación sufrió un traspié cuando Herrera fue capturado en abril de 2004 en México. Poco más de un año después, en mayo de 2005, el guatemalteco protagonizó una espectacular fuga de una cárcel de máxima seguridad en la capital mexicana. Circularon varias versiones del hecho, pero la mayoría señalaba que Herrera salió disfrazado como policía, y que pagó cerca de US$2 millones por su libertad.

Según Vigil (quien trabajó varios años como agente encubierto en México), fueron distintos capos del Cartel de Sinaloa quienes pagaron por la fuga del guatemalteco, incluyendo Guzmán, porque Herrera era “una persona clave” en las operaciones del cartel. Cuatro años antes de aquella evasión, circuló la versión de que el mismo Guzmán escapó de la cárcel jalisciense en un carrito de lavandería. Gerardo Reyes, citando fuentes de Univisión, dijo que El Chapo escapó disfrazado de mujer y ataviado con peluca y zapatos de tacón, con la complicidad de algunos funcionarios del penal. Pero en su libro, Hernández revela que “funcionarios públicos del más alto nivel lo sacaron vestido de policía” (como Herrera escaparía cuatro años después).

La periodista mexicana también publica que, según un agente de la DEA, un informante filtró el dato de que Guzmán salió porque pagó “una suma millonaria de dólares como soborno a la familia del presidente panista Vicente Fox”, por la fuga y para recibir protección del gobierno federal para todo el Cartel de Sinaloa (también denominado “del Pacífico”). Fox, mientras tanto, negó ser responsable de la fuga.

Lavado de dinero a gran escala

Las operaciones de envío de dólares desde México a EE.UU., con el involucramiento de Herrera, se suspendieron durante dos años. Pero se reanudaron en junio de 2006. Un año después, el guatemalteco fue capturado en Bogotá, Colombia, y extraditado a EE.UU. a principios de 2008.

En un documento fechado en mayo de 2010, una corte del Distrito Sur de Florida, registra una acusación por lavado de dinero contra Herrera, su hermano Guillermo Vinicio Herrera, y dos colombianos: uno trabajaba para el guatemalteco como chofer, y el otro (como Otto Herrera) también servía de nexo con el Cartel de Sinaloa.

Un documento adicional de la corte, fechado en noviembre de 2010, incluía a tres colombianos más vinculados con el envío de dinero desde México hasta EE.UU. para la compra de aviones, y a “El Chapo” Guzmán. Cuatro años más tarde, el pasado 22 de febrero, la policía mexicana recapturó al capo mexicano, con trabajo de inteligencia mexicana y apoyo de las agencias estadounidenses de la DEA, CIA y FBI (Agencia Central de Inteligencia y Buro Federal de Investigación, por sus siglas en inglés), de acuerdo con Vigil.

Tratos a puerta cerrada

El caso contra Herrera lo absorbió uno de narcotráfico en una corte federal de Washington, D.C. Aunque fue capturado en 2007, el guatemalteco será elegible para libertad condicional, o para quedar libre, en 2017. Debido a que el expediente está sellado al acceso público, poco explica por qué Herrera podría recibir una condena de sólo diez años de cárcel en una prisión de Carolina del Norte. Otros sujetos de similar o menor perfil, que se declararon inocentes y fueron a juicio, donde se los halló culpables, recibieron condenas que oscilan entre los 16 y 31 años de cárcel.

Se cree que Herrera sólo tiene diez años de cárcel antes de ser elegible a libertad condicional porque colaboró con la justicia estadounidense, se declaró culpable y por lo tanto no fue a juicio. Pero eso sólo los fiscales, jueces y abogados defensores lo saben. Sólo ellos sabrían también si el guatemalteco reveló información que afectaba a Guzmán y a otros sujetos involucrados en el narco.

Para Guzmán, el futuro todavía es incierto. Aunque tiene el caso abierto en la corte de Tampa, también lo pide la fiscalía en Chicago, Illinois, que lleva el caso de Vicente Zambada Niebla, hijo de otro jefe del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y cuyo juicio comienza el próximo 27 de febrero (“El Mayo” Zambada es el posible sucesor de “El Chapo” Guzmán, según Vigil).

“La extradición [de Guzmán] a Estados Unidos es una posibilidad, aunque no necesariamente ocurrirá hacia Chicago, porque hay peticiones de muchas otras fiscalías, como la de San Diego [California]”, afirmó Vigil. “Será un asunto de ver si México lo quiere procesar; pero si [las autoridades mexicanas] temen que pueda escapar [como en 2001], quizá ese temor les motive a acelerar su extradición”.

Resta saber también esto:

1- A quién podría delatar Guzmán, como lo hizo en su primera declaración jurada de 1993, que autoridades mexicanas ignoraron (según Anabel Hernández) e incluía una extensa lista de funcionarios mexicanos a quienes acusó de recibir sobornos del narcotráfico.

2- Si las autoridades mexicanas deciden dejar la tarea a EE.UU. de juzgarle, como en el caso de Herrera y los colombianos. Con ello, cerrarían el círculo Guzmán-Herrera en ese país, con cada uno de estos personajes del narcotráfico esperando benevolencia de la justicia estadounidense.