Otto Pérez contra la República

Tardamos 40 minutos para que la entrevista comenzara oficialmente, aunque en realidad nunca comenzó. El juez, un veterano que había ocupado cargos en todos los juzgados excepto en la Corte Suprema de Justicia, pasó la mayor parte de su tiempo contestando llamadas, firmando papeles, y hablando con otras personas que entraban y salían de su oficina.

–Parecería que estás en medio de una campaña política –señalé.

–Lo estoy –asintió.

Esta campaña es por la justicia, al estilo guatemalteco. El país está en medio de la elección de magistrados para los próximos cinco años en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones, un proceso que culmina a finales de septiembre.

Oficialmente, ambos procesos son controlados por lo que se conoce como Comisión de Postulación, un comité de 34 personas que selecciona a los candidatos entre una larga lista de aspirantes antes de que el Congreso tome la decisión final.

Extraoficialmente, se trata de una lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por hacer parte de la comisión postuladora y por conseguir el mayor control sobre el sistema judicial.

El oficialista, o bloque oficial, es el más poderoso de estos grupos de interés especial. El bloque oficialista debe su nombre a que está compuesto por varias personas vinculadas al gobierno, específicamente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Si bien estos funcionarios niegan que pretendan influir en las Comisiones de Postulación, algunos antiguos miembros de las comisiones, grupos de monitoreo y medios de comunicación, se refieren habitualmente a los operativos oficialistas en sus discursos públicos, análisis y entrevistas.

Usted no consigue un puesto en las Altas Cortes sin hacer campaña, señaló el juez. "El proceso está politizado", me dijo, como si sólo estuviera afirmando lo obvio.

Casi en el momento justo, un juez más joven entró a la oficina. Él también pretende un puesto en las Cortes, y considera que politiquear con su colega lo acerca un paso más a su objetivo.

–Nadie tiene control total –dijo el juez mayor cuando el más joven dejó la oficina.– Todo el mundo necesita negociar.

El juez recibió otra llamada. Esta vez sobre su almuerzo con un grupo de antiguos funcionarios de alto nivel con influencias en las comisiones. Se tuvo que ir.

Los oficialistas: el nuevo bloque de poder de Guatemala

En teoría, el medio por el cual se seleccionan los jueces es un proceso abierto y democrático. La selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones está controlada por comisiones independientes. Cada comisión está compuesta por 34 miembros de diferentes sectores del gobierno, la comunidad académica y el Colegio de Abogados (CANG).

Las comisiones se reúnen en lugares públicos –en este caso el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Carlos (USAC)– para examinar las hojas de vida de los candidatos, y cerciorarse de que no tengan asociaciones criminales y que no hayan estado implicados en casos de corrupción.

En un mundo ideal, cada uno de los comisionados es un actor independiente que vota por un candidato en función de su historial de servicio, experiencia, educación y otros factores claramente definidos en la Constitución y en la ley de Comisiones de Postulación del país.

Las leyes que establecen estas comisiones precisamente se diseñaron para garantizar la independencia de la mayoría de los comisionados, porque incluyen decanos de las facultades de derecho del país y miembros del Colegio de Abogados, cada uno de los cuales cuenta con 11 representantes –de un total de 34– en las dos comisiones de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.

Pero lo que buscaba distanciar a la política del proceso ha terminado politizando más a buena parte de las instituciones no gubernamentales, y se han convertido en su mayoría en campos de batalla clave en los que todo se negocia, se vende y se intercambia. Todo en nombre de la justicia. Las elecciones internas de estas universidades y de los representantes del Colegio de Abogados parecen campañas políticas con anuncios, camisetas, pancartas, mítines públicos y fiestas y reuniones privadas.

Los más poderosos operadores políticos –como los oficialistas– gastan cientos de miles de dólares tratando de influir en la decisión sobre quiénes conseguirán ser parte de la Comisión de Postulación. La inversión se hace con la intención de obtener un retorno de millones de dólares en contratos, empleos, adjudicaciones y otros botines, que en su mayoría proceden de las arcas del Estado.

"La corrupción se ha convertido en la norma", opina Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack.

Durante mucho tiempo sólo hubo un bloque político importante con injerencia en el proceso. Este bloque estaba controlado por las élites económicas tradicionales, como los grandes exportadores, los banqueros y los grupos industriales, que ejercían su poder a través del Colegio de Abogados, de las universidades y, en muchos casos, de los propios jueces. Sin embargo, las élites tradicionales han cedido espacio económico y político a las nuevas y élites emergentes, con intereses económicos en las importaciones y exportaciones no tradicionales, en el incipiente sector de la construcción, el turismo, y la minería. Gran parte de los proyectos económicos de las élites emergentes dependen de la generosidad del gobierno, por lo que no es de extrañar que uno de los más poderosos de quienes compiten por influenciar las Comisiones de Postulación proceda del seno del mismo gobierno.

El llamado bloque oficialista pretende controlar la elección de los jueces ejerciendo influencia sobre puestos clave del gobierno, y sobre muchos de sus más importantes recursos económicos.

Los oficialistas y la Seguridad Social

Una de las principales formas en que el bloque oficialista interfiere en la elección de jueces es a través de sus vínculos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El IGSS ha sido llamado el departamento de "caja chica", es decir, un medio para comprar favores a otros funcionarios públicos, políticos y autoridades judiciales. Y cuando se trata de las Comisiones de Postulación, funciona de la misma manera que la gasolina en un automóvil. El presidente actual del IGSS, el ex teniente coronel de ejército Juan de Dios Rodríguez, es el principal operador político de los oficialistas en estas comisiones, y según los medios y algunos grupos de observación, es el encargado de ayudar a negociar con los comisionados para que sirvan a los intereses de los oficialistas.

El IGSS tiene un presupuesto de algo más de 11 mil millones, y más de la mitad de ese dinero entra en circulación a través de inversiones, compras de medicamentos, contratos con laboratorios privados, y proyectos públicos de infraestructura. La mayor parte del dinero del IGSS es gastado en contratos para los que no hay un proceso de licitación. De hecho, según un análisis realizado por Prensa Libre, el ochenta por ciento de las compras del gobierno en el primer trimestre de este año fueron hechas de forma directa. El IGSS y el Ministerio de Salud son las dos entidades gubernamentales que hacen la mayor cantidad de compras "excepcionales" sin licitación, según Prensa Libre.

Estos contratos hacen del IGSS una herramienta política importante para quien lo controle. En parte, a esto se debe que el sector de la salud es uno de los mayores financiadores de campañas políticas en el país. Por ejemplo, Gustavo Alejos, antiguo miembro de la farmacéutica J.I. Cohen, que se beneficia cada año de millones de dólares en compras estatales de medicamentos, fue una fuente de apoyo clave en la campaña presidencial de Álvaro Colom en 2008. Más tarde Alejos sirvió como "secretario privado" de Colom.

Estos proveedores del sector de la salud son conocidos por jugar sucio, y algunos tienen vínculos con el hampa. En su informe, Southern Pulse afirma que Alejos amenazó a un funcionario público que se estaba moviendo para poner fin a los contratos de J.I Cohen con el Ministerio de Salud, y tuvo acercamientos con sus contactos en la Corte Constitucional para garantizar el fin de los desafíos legales que limitaban la validez de los contratos.

Pero demostrar este tipo de influencias es casi imposible para los analistas. No existen investigaciones oficiales sobre Alejos, Rodríguez, o ningún otro funcionario actual de alto nivel vinculado al IGSS.

"No tenemos evidencia", me dijo Renzo Rosal, que forma parte del grupo de observación Guatemala Visible, con respecto a la afirmación de que el IGSS es una "caja chica". "Pero el hecho de que las personas que están manejando esto sean del IGSS nos dice mucho".

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La única investigación formal que se ha hecho contra el IGSS fue por unos empleados que orquestaron un acuerdo para inflar los precios de apartamentos para la tercera edad que nunca fueron construidos, y hasta la fecha sólo ha resultado en un encarcelamiento. Uno de los implicados que nunca fue detenido por el caso es Gustavo Herrera, otro de los operadores políticos clave del gobierno.

Herrera se dio a la fuga mientras el caso del IGSS pasaba por el sistema judicial a mediados de la primera década del siglo XXI. Y según un fiscal, el caso se encuentra "congelado", y Herrera está de vuelta en Ciudad de Guatemala reuniéndose con jueces, abogados y políticos con el fin de diseñar la composición de las Altas Cortes.

Los investigadores locales también aseguran que Herrera mantiene vínculos directos con el hampa. En 2004, además, el entonces comisionado de seguridad Otto Pérez Molina, vinculó a Herrera a una prominente red de tráfico de drogas cuyo principal hombre después fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó seis años tras las rejas. Y a principios de este año, cuando se le preguntó al ahora presidente Pérez Molina acerca de Herrera, éste reiteró en sus respuestas por escrito su creencia de que Herrera mantenía "vínculos con el tráfico de drogas."

Un Estado mafioso

Durante mucho tiempo Guatemala ha estado infestada por el crimen organizado, y desde hace algunos años el país ha venido luchando contra la corrupción. Actualmente el problema radica en que estos dos parecen haberse fusionado con más fuerza que nunca, y este nuevo entorno ha logrado permear todos los niveles del Estado.

La moneda en este sistema son las llamadas "cuotas de poder". Estas cuotas son numerosas y dinámicas, se negocian cuando el Estado firma un contrato público para construir una carretera, cuando el IGSS compra medicina, cuando la policía recibe nuevos chalecos antibalas, y cuando se mueve contrabando, drogas ilícitas o dinero sucio.

Los favores, las presentaciones y las invitaciones a las fiestas también son cuotas de poder. Estas se encargan de que algunos se vuelvan ricos y de que otros consigan todavía más poder político –para volverse ricos también–. Lo más importante es que garantizan casi absolutamente que quienes participan no serán procesados por la ley.

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El resultado es lo que algunos expertos, como Julio Rivera Clavería, llaman un Estado mafioso.

"Es parte de un plan que se necesita para que el país siga en manos de la mafia", me dijo Rivera Clavería.

Y él lo sabe mejor que nadie. Rivera Clavería fue viceministro de Gobernación, y ahora es parte del comité de tres personas que supervisa el Ministerio Público.

"Ha sido un proceso en el que las mafias y los criminales han ganado cada vez más espacio", explicó. "Si tuviéramos un sistema judicial fuerte, el país estaría en un lugar diferente".

Pero el sistema judicial del país no es fuerte. Su tasa de impunidad se encuentra entre las más altas del hemisferio. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Guatemala es uno de los cinco países más violentos del planeta fuera de una zona de guerra. Cuenta con una fuerza policial sin preparación, crónicamente pobre, y además el país está lleno de fiscales que responden más a los caprichos políticos de sus jefes que a su llamado como protectores del orden y la justicia.

Los oficialistas y las obras públicas

Si el IGSS es la "caja chica" de los oficialistas, los contratos de las obras públicas son su "dinero en efectivo".

Más que cualquier otra actividad económica, las obras públicas se han convertido en el motor del desarrollo de una nueva clase de empresarios y políticos en Guatemala, un grupo bien representado por los oficialistas. Algunos de estos constituyen esfuerzos legítimos y legales. Pero una vasta mayoría es parte de las cuestionables cuotas de poder que los políticos, los funcionarios públicos, y los contratistas y sus beneficiarios criminales, se arrojan entre sí.

“Si los grandes negocios con el Estado son una ‘fiesta’, el presupuesto de inversión pública vendría a ser el ‘pastel’ y los contratistas los ‘comensales’”, escribe Ricardo Barrientos, economista de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en un artículo que está próximo a ser publicado como parte de un proyecto de American University sobre las élites de Centroamérica.

Un caso que actualmente se está moviendo en las cortes ilustra el funcionamiento de las llamadas cuotas de poder. Arnoldo Medrano, el alcalde de un pequeño municipio llamado Chinautla, es acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos. Los investigadores afirman que Medrano y otro alcalde guatemalteco trasladaron ilegalmente al menos US$45.000, por razones que aún no han sido esclarecidas.

El alcalde afirma que es inocente, pero su historial muestra una clara predilección por el uso de cuotas de poder para su beneficio personal, el de su familia y el de sus aliados. Medrano ha constituido al menos 24 empresas y cinco supuestas "organizaciones no gubernamentales. Estas ONGs son, en esencia, agencias contratistas. Numerosos familiares y amigos que se han visto beneficiados con las docenas de contratos sin licitación trabajan para estas empresas y organizaciones no gubernamentales. De hecho, desde 2009, de los 567 contratos adjudicados por el alcalde, 490 fueron hechos sin licitación alguna.

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Los políticos como Medrano ganaron el espacio que necesitaban para operar a finales de los años noventa y principios de la primera década del siglo XXI. Como Barrientos describe en su artículo, durante este tiempo Guatemala reorganizó las instituciones que controlaban los proyectos de obras públicas, proporcionando más poder a los municipios y departamentos para que ejercieran control sobre estos proyectos.

Como en el caso de las Comisiones de Postulación, la ley estaba destinada a democratizar el proceso, y en muchos sentidos lo hizo. A raíz de ella se generó una proliferación de las empresas de construcción, tanto grandes como pequeñas, así como un creciente número de empresas complementarias, y todas ellas se pueden beneficiar de las obras públicas del país. Como señala Barrientos, en la actualidad hay más de dos mil empresas en Guatemala registradas en la base de datos de gestión de infraestructura del gobierno, en comparación con las 84 que había en 1998.

Pero esta proliferación de proveedores más pequeños llegó con sus propios problemas y complicaciones. Estos nuevos participantes se dieron cuenta de que sus relaciones con los políticos locales les proporcionaban una gran oportunidad para repetir negocios, por lo que comenzaron a financiar campañas locales y del Congreso, a cambio de más contratos. Por su parte, los políticos comenzaron a recolectar "comisiones" por estos contratos. El efecto multiplicador que surgió a raíz de ello ha ubicado a algunas de estas empresas y políticos en la misma liga de las potencias políticas y económicas tradicionales.

“Resultó ser una autopista para la malversación de fondos, la manipulación del presupuesto con fines electorales y el pago de ‘favores’ a los financistas de las campañas electorales”, escribe Barrientos.

Los propietarios de estas empresas de construcción y los financiadores regulares de estas campañas incluyen algunos de los nombres más conocidos del hampa guatemalteco. El legendario clan Lorenzana, cuyo "Patriarca" Waldemar Lorenzana se declaró culpable de tráfico de drogas en una corte de Estados Unidos en agosto, controlaba varias de las empresas que se beneficiaron con los contratos de obras públicas en el departamento de Zacapa, el bastión de la familia.

La hija de Otoniel Turcios, quien también enfrenta cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, administró un programa de desarrollo en uno de los departamentos centrales del país, canalizando el dinero de un proyecto nacional a proyectos de infraestructura. El hombre que facilitó esos contratos fue asesinado en la ciudad de Guatemala, presuntamente por la organización criminal de los Zetas.

El resultado de esta democratización de dinero estatal es que ahora los proyectos de obras públicas son vistos como cuotas de poder extremadamente importantes. En realidad, los proyectos de obras públicas han hecho más por la creación de un Estado mafioso en Guatemala que cualquier otro programa único del gobierno. La evidencia de esto se manifiesta en la reducida cantidad de casos que se han presentados contra alcaldes, diputados y gobernadores por corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero –de los cuales pocos han terminado en condenas–.

Los operadores oficialistas están maniobrando para proteger el enorme y lucrativo carrusel de contrataciones. Sin éste, la élite emergente tendría poco acceso a los grandes flujos de dinero que mantienen sus partidos políticos a flote, sus campañas a ras y su creciente poder intacto.

La política de comerciar con favores

Es erróneo concebir al Estado de Guatemala como un apéndice de la mafia, aunque sin duda alguna existen partes de él que funcionan de esta manera. Es más acertado pensar que diferentes sectores del Estado actúan como una mafia. Lo que esto significa en la práctica es que el país cuenta con redes de funcionarios que –ya sea a través de su control sobre los puestos clave del gobierno, su capacidad para controlar la política, o su poder económico– están exprimiendo las arcas del Estado hasta acabar con ellas.

"Es un tipo voraz de capitalismo", explicó un fiscal del gobierno que pidió no ser identificado debido a las investigaciones que actualmente lidera en relación con la corrupción gubernamental y la financiación ilegal de campañas políticas. "Es sólo para los carnívoros."

El comercio con cuotas de poder puede conducir al fraude, al enriquecimiento ilícito, a la obstrucción de la justicia, y a otras transgresiones legales. Quizá el concepto de "tráfico de influencias" exprese mejor la idea. El tráfico de influencias, dice la ley, consiste en influir en un funcionario o empleado público mediante la "jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido". Puede ser castigado con hasta seis años en prisión y con la expulsión de gobierno.

Sin embargo, esta ley no es ningún impedimento. En el país se comercia con cuotas de poder desde los más altos hasta los más bajos niveles. Pero sigue siendo un sistema muy cerrado. Entrar a él y aprovecharse de los beneficios que ofrece, enfrentarlo y pagar las consecuencias.

"Hay una democratización de la corrupción", me dijo un exfuncionario de alto nivel que pidió el anonimato, pues todavía mantiene relaciones con el gobierno.

El funcionario señala que, en parte, esto ha sido motivado por las preocupaciones económicas, y, en parte, por la política. La descentralización del poder ha aumentado la cantidad de jugadores que compiten por su lugar en la mesa. Y todos ellos quieren algo de comer.

El exfuncionario utilizó una metáfora diferente, un enfoque "mercantilista". Señala que estas cuotas también han penetrado los partidos políticos, que ahora parecen más iniciativas económicas de corta duración que movimientos ideológicos de largo plazo. Citó los recientes cambios en las afiliaciones de los partidos que de un día para otro cambiaron el equilibrio de poder en el Congreso del país.

"Pensar que hay un Estado racional que toma las decisiones es no entender la forma en que funciona el gobierno de Guatemala", explicó el exfuncionario. "Todos ellos están pensando en cómo hacer dinero".

Los oficialistas y el ejército

El bloque oficialista también tiene como objetivo proteger a otros actores, muchos de los cuales son antiguos y actuales militares guatemaltecos. El presidente Pérez Molina –un ex oficial de Inteligencia Militar– cuenta con un grupo de antiguos militares que lo asisten. Rodríguez, el presidente del IGSS, es un ex teniente coronel que trabajó en inteligencia militar bajo el mandato de Pérez Molina y fue secretario privado de la presidencia. El exgeneral Ricardo Bustamante encabeza el poderoso Consejo de Seguridad, y el ex teniente coronel Mauricio López Bonilla es el ministro de Gobernación. Hay algunos otros que ocupan diferentes cargos gubernamentales, constituyendo lo que podría llamarse un régimen pretoriano.

El bloque oficialista, a través de representantes como Rodríguez, maniobra para proteger los contratos militares preferenciales y para asegurarse que sus cuadros no sean procesados ​​por abusos a los Derechos Humanos. Sin duda, muchos antiguos militares se enfrentan a cargos por este tipo de abusos y por otros crímenes cometidos durante la brutal guerra civil del país que terminó en 1996. La realidad de lo que podría suceder si no se ejerce un control sobre las cortes, se hizo evidente después de que el exgeneral, y cabeza de un golpe de Estado en los años ochenta, Efraín Ríos Montt, fuera declarado culpable de genocidio en 2013. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad revocó la decisión rápidamente, varios ex militares de alto nivel se asustaron, entre ellos el presidente Pérez Molina.

También hay una gran cantidad de dinero en juego. Los Acuerdos de Paz de 1996 trajeron consigo una reestructuración completa del sector de seguridad. Las Fuerzas Armadas de Guatemala fueron reducidas en dos terceras partes, y la mayor parte de los fondos de seguridad fueron transferidos al Ministerio de Gobernación, cuyo presupuesto ha sido inflado a dos mil millones anuales. El ministerio utiliza el presupuesto para comprar armas, uniformes y chalecos antibalas, entre otros productos relacionados con la seguridad. Al igual que el IGSS, gran parte de estas compras se llevan a cabo a través de contratos sin licitación, que suelen terminar en manos de las empresas de seguridad de los exoficiales militares que dejaron las filas durante la reducción de las Fuerzas Armadas.

Los militares también siguen administrando la compra de miles de armas y municiones para las filas restantes. Aunque éstas son menores de lo que alguna vez fueron, los gastos están aumentando de nuevo. Entre 2004 y 2008, la ONU registró que se triplicaron las importaciones de municiones, y se duplicó la de pistolas y revólveres.

Además, hay un mercado negro de gran tamaño para estas armas guatemaltecas suministradas por militares. Un informe del Wilson Center, que cita fuentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) señaló que un análisis realizado por la ATF a las cifras de granadas de mano y otros elementos militares incautados por la policía de Guatemala entre 2006 y 2009, mostró que el 85 por ciento de éstas proceden de los arsenales militares. Muchas de estas armas también han aparecido en escenas del crimen en otros países de Centroamérica y México.

Las compras militares también parecen estar pensadas con ánimo de lucro. En un informe de 2009, la ONU calificó a Guatemala como un país exportador de armas, a pesar de que no cuenta con industria armamentística. Más recientemente, la industria militar –la fábrica de municiones, ropa y botas militares– vendió al Ministerio de Cultura del país casi Q50 millones en zapatos tenis y pelotas. Como fue señalado por elPeriódico, con este trato existen varios problemas: además de que no hubo un proceso de licitación pública, la industria militar no produce zapatos de tenis ni pelotas, por lo que lo que los importaron de otros países, revendiéndolos con un margen de ganancias de entre el 3 y el 6 por ciento. El proveedor de los zapatos nunca fue revelado.

Sin dejarse intimidar por los críticos que dicen que estos acuerdos incluyen sobornos de lado y lado, recientemente el gobierno abrió la posibilidad de compras directas del Ministerio de Gobernación a la industria militar.

Asegurando la impunidad

Los oficialistas no son el único bloque de poder que estafa al Estado y que arregla el sistema judicial para garantizar que sus miembros no sean procesados​​. Los intereses económicos de la élite tradicional han sostenido durante mucho tiempo el dominio de los contratos de las obras públicas del gobierno, y a raíz de este control han amañado varias elecciones y procesos de selección judicial. También se están expandiendo hacia nuevos territorios económicos, como la minería y la energía hidroeléctrica, que a menudo necesitan que las cortes den luz verde al acaparamiento masivo de tierras y a los desalojos a gran escala.

Además, los oficialistas ahora se enfrentan a rivales "emergentes" dentro de la élite. El más notable de ellos es Roberto López Villatoro, el llamado “Rey del Tenis”, una especie de comodín político y empresarial que hizo su fortuna vendiendo réplicas de zapatos deportivos.

Y los mismos jueces también tienen su propio tipo de poder.

Una vez en las cortes, pueden –y a menudo lo hacen– darle sorprendentes giros a sus decisiones. Un juez de la Corte de Apelaciones con el que hablé bajo la condición de anonimato pues está compitiendo por un puesto en las Cortes ofrece una visión más matizada que muchos otros en este sentido. Según él la gente "sobreestima" la influencia política, las cuotas de poder, y el nepotismo. Insistió en que él era un desconocido antes de convertirse en juez de la Corte de Apelaciones, y que había ganado la posición por sus propios méritos, no porque hubiese hecho campaña con la promesa de ser indulgente con los casos más complicados. El juez dijo que las diferencias entre los magistrados son más generacionales que políticas, y que las cuotas de poder no son tan evidentes en las Comisiones de Postulación.

-No hay ningún tráfico de influencias -me dijo, haciendo referencia al código legal.

Y técnicamente tiene razón. Desde que la ley entró en vigor hace dos años, no hay ninguna mención de casos de "trafico de influencias" en los informes anuales de la Fiscalía General.

De hecho, es casi imposible enjuiciar a alguien por "tráfico de influencias". La carga de la prueba es alta, y más importante aún, los incentivos, bajos.

Procesar a alguien significar establecer un precedente legal según el que ciertos tipos de interacciones entre funcionarios, contratistas, personal militar, empresas, criminales y otros, son prácticas inaceptables. Pero la realidad es que el comercio de cuotas de poder es exactamente la forma en que el gobierno y el sistema judicial funcionan en Guatemala.

“El sistema de justicia fue abordado por las redes criminales para protegerlos, para alertarlos y para no juzgarlos”, asegura Rivera Clavería.

 A pesar de lo que algunos jueces puedan decir, el sistema penal parece tener el dominio absoluto de las Comisiones de Postulación actuales, y de los jueces que compiten por los puestos de las Cortes. Los otros jueces que vi estaban revoloteando de una oficina a otra, y de un almuerzo al siguiente, politiqueando para conseguir el cargo. Las personas con las que se reunían incluyen hombres como Juan de Dios Rodríguez, el presidente IGSS, y su socio, Gustavo Herrera, entre otros poderosos actores en este juego de póquer de altas apuestas.

Los jueces sólo tienen una moneda para jugar: el acceso y la influencia en sus decisiones. A cambio, a menudo reciben acceso a cuotas de poder o se benefician de ellas. Por ejemplo, numerosos jueces sostienen varios puestos gubernamentales y privados, como señaló Nómada. Otros abren bufetes de abogados privados, que administran contratos con el gobierno o que son contratados por agencias gubernamentales.

La decisión de qué jueces pasarán a la siguiente ronda depende de este tipo de maniobras. Los grupos que monitorean las cortes, como la organización Pro Justicia, dicen que la selección final será el resultado de una negociación entre el bloque oficialista, otro bloque controlado por el ya mencionado López Villatoro, y otros comisionados que trabajan en estrecha colaboración con los poderes económicos tradicionales. Estos bloques, por supuesto, tienen motivaciones diferentes, pero comparten un interés común en el terreno de su protección y la de sus aliados.

"Hay que controlar las cortes, para que cuando salgas del cargo tengas suficiente jugo para protegerte a ti mismo", me dijo Renzo Rosal.

Los resultados aún no han sido determinados, pero el fraude ya está hecho, señalan Rosal y otros observadores del proceso. Al parecer, las Cortes estarán controladas por estos bloques que negocian cuotas de poder a través de sus comisionados para proteger sus intereses, tanto legales como ilegales. Una vez las Comisiones de Postulación hayan decidido quiénes son los candidatos, el proceso pasará al Congreso. Los jueces seleccionados por el Congreso ejercerán sus cargos durante cinco años, y las ruedas de la corrupción, el crimen y la impunidad seguirán rodando en este Estado mafioso.

Esta es una versión editada del texto originalmente publicado por Steven Dudley en InSight Crime. Plaza Pública lo reproduce con su autorización.