Usurpaciones, ganado y desalojos: el caso de la Reserva de la Biósfera Maya

Las problemáticas son numerosas y las soluciones pocas veces eficaces. En este caso se presenta un breve panorama de los desalojos de asentamientos dentro de la reserva ocurridos en los últimos años.

Como sabemos, el decreto 5-90 permite la presencia de varias pequeñas comunidades dentro de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) —los casos de poblados como Uaxactún, Carmelita, La Pasadita o San Andrés—. Varios de estos poblados legales en la RBM se crearon antes del establecimiento de la Ley de Áreas Protegidas (1989), y algunos, incluso, se instauraron durante las primeras décadas del siglo XX, por lo que han reivindicado su presencia histórica en el lugar para obtener una concesión comunitaria[1].

Otras comunidades tienen una historia más reciente, pero de igual forma han recibido concesiones forestales para residir en áreas específicas de la RBM[2] y protegerlas. Ahora bien, en los últimos años la ingobernabilidad en el Petén ha generado nuevos traspasos de personas dentro de la RBM, esta vez ya no en la zona de amortiguamiento, sino en la zona de uso múltiple y en las zonas núcleo de parques nacionales[3]. Estos traspasos se manifiestan principalmente en las usurpaciones de tierras destinadas a la ganadería extensiva, al narcotráfico e incluso a la cacería ilegal. Sin embargo, la situación también se refleja en la creación de asentamientos ilegales, que muchas veces resultan en órdenes de desalojo (a veces bastante violentas).

De acuerdo con un funcionario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) del Petén, actualmente en las zonas núcleo de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón se han asentado familias que, luego de ser denunciadas, reclamaron haber comprado las tierras, por lo cual su estadía en el lugar sería legal. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron los títulos de propiedad, se comprobó que estos eran falsos. Esto sucede a menudo, y los títulos generalmente han sido vendidos mediante engaños a campesinos sin tierra del sur del Petén. De acuerdo con el informante, en los últimos siete años se han realizado al menos diez desalojos de asentamientos con títulos falsos. Varios de estos ocurrieron en Sierra del Lacandón en el 2008, cuando también se efectuaron desalojos en la comunidad Arroyo Macabilero (donde se necesitaron tres operativos de desalojo, pues la gente siempre regresaba al lugar), en la comunidad Pollo Solo (donde fueron desalojadas entre 40 y 60 familias) y en Nueva Esperanza. Según parece, de estos tres casos únicamente las personas de Nueva Esperanza recibieron tierras tras el desalojo. Existe, pues, una falta de planeación tras los desalojos, lo cual provoca que las personas regresen a estos lugares o que se introduzcan cada vez más en las zonas núcleo de los parques nacionales. Vale recalcar que actualmente se emitió una orden de desalojo —por denuncias del Conap— en el asentamiento El Florido, ubicado dentro del parque nacional Laguna del Tigre. Sin embargo, no se menciona qué medidas se tomarán tras el desalojo.

Pese a esta falta de respuesta institucional posdesalojo, otras entidades han encontrado soluciones integrales para evitar el regreso de las personas a las áreas protegidas. Una de ellas es la Pastoral de la Tierra de Petén. En 2008 fueron desalojadas varias familias q’eqchi’ que se asentaron en las reservas municipales de San Andrés, Petén. Y aquí la historia se repite: al ser denunciadas, las personas presentan títulos de tierra que obviamente son ilegítimos. Se procede entonces a desalojar a más de 40 familias. La Pastoral de la Tierra gestionó varios acuerdos para comprar ejidos municipales en San Andrés y así crear Barrio Nueva Esperanza con esta población desalojada.

Como bien se mencionó, muchas veces la falta de planeación en los desalojos se traduce en acciones violentas. Una emblemática es la que ocurrió el 19 de agosto de 2015 en Cruce a la Colorada, en el municipio de San Andrés, Petén, donde resultaron heridas 13 personas (entre ellas varios agentes desarmados de la PNC) y se quemaron dos vehículos (uno del Ministerio Público y otro de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos —PDH—). Todo esto ocurrió cuando pobladores ilegales del área se enteraron de que unos agentes de la PNC iban al poblado a desalojarlos. Según un funcionario de la Auxiliatura del PDH de San Benito, los pobladores emboscaron el convoy —desarmado—, abrieron fuego contra los vehículos y evitaron así el desalojo.

Pero el problema en Cruce a la Colorada parece ser aún más complejo. Según varios pobladores del municipio de San Andrés, las personas que viven allí en realidad protegen a un ganadero que usurpó aproximadamente 14 caballerías de la zona de uso múltiple. Según cuentan los locales y funcionarios del Conap, del PDH y de la Pastoral de la Tierra, esto se debe a que el ganadero mismo es quien ofreció tierras bajo engaños de conseguir papeles legales, así como fuentes de trabajo para el cuidado del ganado (en áreas donde la ganadería está totalmente prohibida). Si bien los medios se enfocaron en el desalojo de la comunidad, el funcionario del Conap declaró que no se trataba de un desalojo, sino de una recuperación del espacio a través del retiro del ganado: no se buscaba desalojar a las personas, sino sacar el ganado. Tras disiparse el tenso ambiente, el ganadero accedió a devolver las tierras y algunos pobladores se han ido retirando de la zona.

Según el funcionario del Conap de Petén, el problema en la RBM no son realmente las comunidades y los asentamientos, sino la usurpación de tierras para ganadería extensiva y actividades del crimen organizado. El informante estima que actualmente casi el 70 % del parque Laguna del Tigre ha sido invadido por ganaderos y narcotraficantes y que por tal razón este es el más vulnerable de la RBM. Según estimaciones del proyecto Strengthening Emerging Local Governance Capacity to Conserve Natural and Cultural Resources and Secure Livelihoods in the Peten, Guatemala, liderado por Wildlife Conservation Society, en el período 2008-2010 se han retirado más de 14 000 cabezas de ganado del parque nacional Laguna del Tigre. Parece, pues, que el problema, en vez de resolverse, se ha venido agravando. La deforestación en el área es impresionante. Se dice que incluso ya hay caminos para vehículos que llegan hasta la frontera mexicana (muchas veces estos vehículos van cargados de migrantes que emprenden el camino al Norte).

Si bien las problemáticas dejan un panorama poco esperanzador, las instituciones tienen el deber y la obligación de recuperar la gobernabilidad del área protegida más grande de Centroamérica. Pero esta recuperación no puede ser excluyente. Por el contrario, la discusión y el trabajo integral con las comunidades son vitales para lograr una conservación adecuada de este patrimonio natural tan vulnerable. Al final parece que la visión conservacionista —casi fundamentalista— no es la adecuada, pues ve el ser humano como una amenaza, y no como un agente de cambio. Este cambio de visión es imprescindible. Y más en un país con poca cultura de conservación como el nuestro.

Zonificación de la RBM (tomado de Estado de la Reserva de la Biósfera Maya).

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[1] Por ejemplo, el curioso caso de Uaxactún, donde hasta hoy puede observarse una convivencia entre los actuales pobladores (descendientes de recolectores de chicle llegados en la década de 1920) y los importantes vestigios arqueológicos del lugar. La comunidad obtuvo la concesión forestal en el 2004.

[2] Tal es el caso de comunidades como La Unión y Yaloch. Hay alrededor de diez concesiones forestales manejadas por comunidades en toda la RBM. Más información aquí.

[3] La RBM presenta varias divisiones dentro de su territorio: diez áreas de protección estricta (cinco parques nacionales, cuatro biotopos y un monumento cultural), una zona de uso múltiple y una zona de amortiguamiento. Mayor información aquí.