Crónica de la impaciencia del juez Orellana contra un abogado de Semilla
Crónica de la impaciencia del juez Orellana contra un abogado de Semilla
El caso de Eduardo Masaya, candidato por la planilla 10 para el CANG, pone a la vista la agresividad del MP, y un juez, frente a cualquiera que identifiquen como opositor.
Cuando llegó el turno de declarar, Eduardo Masaya se puso de pie para presentar sus argumentos de defensa. El juez Fredy Orellana lo escuchaba serio hasta que mencionó la persecución contra el partido Semilla y su gobierno, ahí lo interrumpió para insistir en que se limitara a responder sobre la imputación: «Acá no estamos para hacer discursos políticos o propagandísticos», le dijo.
En menos de 24 horas Masaya, un abogado de 32 años, asesor de la bancada Semilla y parte de la Planilla 10 que compite por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), pasó de ser un candidato a sumarse a la lista de personas del gobierno de Semilla, exfiscales y jueces y activistas, que están siendo perseguidas por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras.
Se veía estresado y preocupado en la audiencia. Por los antecedentes en los casos contra otras personas de Semilla, era evidente que el MP lograría enviarlo a prisión. En un momento puso con fuerza las manos sobre la mesa, el juez le respondió molesto: «Esta no es una cantina como para que esté somatando la mesa». Masaya trató de explicar que fue un movimiento involuntario y siguió con su declaración.
Su detención llega en un momento clave.
La elección del CANG ocurrirá el próximo 7 de febrero, quien gane tendrá voto directo en la comisión de postulación para elegir Fiscal General, también podrá influir en los procesos de elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral. Las tres elecciones ocurrirán en 2026.
Acusado con 8 hojas
La noche del 28 de enero, Masaya se encontraba en un evento de presentación de la Planilla 10, que preside la exjueza Patricia Gámez. La celebración cambió de tono cuando percibieron las luces de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC). Estaba ahí para detenerlo.
En un vídeo difundido en redes sociales, el abogado aparece siendo esposado por los agentes mientras califica el operativo como una persecución política.
«Estoy siendo aprehendido en clara intimidación de los operadores de Consuelo Porras y Fredy Orellana. Este régimen de impunidad y corrupción no quiere que las cosas cambien», dijo Masaya.
Minutos después el MP informó que la detención fue parte del caso denominado «Corrupción Semilla», que dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y que el MP presentó cuando Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023. Desde entonces, la Fiscalía ha sido sancionada por más de 40 países que la consideran una actora corrupta que busca atentar contra la democracia de Guatemala a través de impedir y obstaculizar a la administración de Arévalo.
A las 14:00 horas del miércoles 29 de enero, nueve días antes de la elección del CANG, el juzgado Séptimo a cargo del juez Orellana inició la primera declaración contra Masaya.
Quien imputó fue la fiscal Leonor Morales, representante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Según su planteamiento descubrió que el abogado habría legalizado ocho de las hojas que Semilla utilizó en 2018 para inscribir al Comité Pro Formación ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La ilegalidad, dijo, fue que el abogado redactó y firmó los documentos como notario, pese a que estos no contaban con la firma de Cinthya Rojas, encargada de recabar firmas de personas interesadas en afiliarse al partido. Sin la firma de Rojas, la legalización de Masaya habría sido una «falsedad ideológica», de acuerdo al MP.
«Me parece inaudito que dijeron que son 24 mil afiliados y presentan siete hojas (más adelante la fiscal Leonor lo corrigió y le dijo que eran ocho). Es un sinsentido absoluto. Pudo haber un error en esas hojas pero no fue de forma dolosa», dijo Masaya.
La fiscal Morales le respondió que «insertar una declaración falsa no es un error, es un delito punible», y señaló que cinco trabajadores del TSE que habrían aceptado esos documentos aceptaron los cargos que la fiscalía les imputó y fueron condenados.
La insistencia por aceptar los cargos
Tras la argumentación del MP, el juez Orellana ligó a proceso a Masaya. Antes de cerrar la sesión le dijo que existía la posibilidad de que aceptara los cargos en esa misma audiencia. Por un momento pareció que el abogado tomaría esa ruta, eso le permitiría evadir la cárcel.
El abogado defensor, Alejandro Xiloj, le anunció a Orellana que su cliente estaba listo para aceptar los cargos. Masaya se veía confundido y cada vez más preocupado, incluso preguntó al juez los alcances de ese procedimiento. La consulta irritó aún más a Orellana, «no doy asesorías jurídicas», le respondió antes de explicarle qué pasaría si aceptaba la imputación. Acto seguido le cuestionó dos veces si aceptaría los señalamientos de la fiscalía. Al ver la confusión de Masaya le advirtió que le preguntaría una tercera vez y que esa sería la última.
Masaya veía a su abogado mientras su rostro parecía más desolado. Al final decidió no acogerse a ese procedimiento, por lo que a petición de la Fiscalía el juez lo envió a guardar prisión preventiva en el cuartel militar Matamoros durante al menos tres meses, mientras el MP termina la investigación.
La orden del juez contra la prensa
Al finalizar la audiencia, el juez le ordenó a los agentes de seguridad del Organismo Judicial que todos los periodistas que esperaban afuera del juzgado para entrevistar a Masaya y a los fiscales, abandonaran el edificio inmediatamente y «se fueran a la calle», con el argumento de que eran más de las tres de la tarde, el fin del horario oficial de atención.
La petición fue inusual. En la Torre de Tribunales es común que si una audiencia termina pasada la medianoche, las y los reporteros puedan quedarse unos minutos más para hacer entrevistas y finalizar su cobertura. Ningún juez lo había impedido. Afuera del juzgado también había diputados de la bancada Semilla, familiares y amigos del detenido.
La orden provocó que los agentes se llevaran a Masaya entre carreras y empujones. Esto tampoco es usual.
Luego de una audiencia los custodios de presidios suelen permitir que los sindicados sean entrevistados por la prensa, esperan unos minutos mientras las personas hablan con los reporteros y siguen su camino para llevarlos de regreso a la cárcel.
En el caso de Masaya la entrevista para conocer su reacción de la audiencia se hizo mientras el grupo de guardias los forzaba a que bajara las gradas con un séquito de reporteros frente a él. La escena fue caótica. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, simpatizante de Masaya y quien en 2023 vivió la persecución de la fiscalía, se puso frente a los custodios para impedir que los empujones siguieran y pudiera dar sus declaraciones.
«Esto es totalmente injusto, el sistema de justicia guatemalteco está cooptado», dijo Masayacon la voz entrecortada luego de ser ligado a proceso por supuesta falsedad ideológica. Estaba esposado con las manos hacia atrás mientras un grupo de agentes lo empujaba con prisa para que bajara las gradas desde nivel 5.
Al llegar al sótano de la Torre de Tribunales, conocido coloquialmente como el «gallinero» por la forma de las carceletas donde se acumulan las personas detenidas por delitos cometidos en las últimas horas, Masaya se fue quedando solo, pues el acceso a esta área es restringida.
A menos de 24 horas de haber hecho oficial su participación en una elección que impactará el futuro del MP, una puerta de metal sonó con fuerza para dejarlo recluido en el fondo de una celda fría, oscura y solitaria, el mismo lugar donde pasaron otros perseguidos de Semilla como Marcela Blanco y Ligia Hernández, exdiputada del partido y exdirectora del Instituto de la Víctima.
Mientras tanto, los fiscales Curruchiche y Morales se rodearon de guardaespaldas para evitar preguntas de la prensa. Plaza Pública cuestionó a Morales sobre los señalamientos de un posible conflicto de interés del MP, ya que el Secretario General, Ángel Pineda, el mismo Curruchiche y otros fiscales, apoyaron públicamente a otra de las planillas que busca la Junta Directiva del CANG.
«No estoy dando reportes», respondió Morales mientras su elementos de seguridad la alejaban de la reportera.
Por su parte, la exjueza Patricia Gámez, quien busca la presidencia del CANG con la misma planilla que Masaya, estuvo presente en Tribunales y al ser entrevistada dijo que su postulación se mantendrá «pese a las intimidaciones».
«Vamos a utilizar la frase del MP (su eslogan en redes sociales) como legítimamente debería ser utilizada: la Planilla 10 sigue fuerte y firme», cerró Gámez.
El papel de la policía
Este caso levantó una ola de críticas en contra del gobierno de Semilla.
Cuando en noviembre de 2023 el MP allanó la casa de Félix Alvarado, exministro de comunicaciones, el presidente Bernardo Arévalo dijo en un mensaje a la nación que la «policía no acataría órdenes ilegales» y anunció que citaría a la Fiscal General Porras para cuestionarle su trabajo. Pese a los ofrecimientos de Arévalo, ninguna de las dos cosas pasó.
La diputada de Semilla, Andrea Reyes, dijo el día de la captura que el juez Orellana giró una orden de «aprehensión ilegal», ya que estaba en trámite una petición para que se separara del caso.
Un día después, el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció en sus redes sociales que los agentes de la Dirección Especializada en Investigación Criminalística (DEIC) de la PNC que detuvieron a Masaya la noche del 28 de enero, realizaron «acciones fuera del procedimiento policial».
«Los agentes han sido removidos de sus puestos y he ordenado al director de la PNC que instruya a la Inspectoría General que realice una investigación exhaustiva e inmediata», anunció el ministro sin más detalles.
El presidente Arévalo no se pronunció por este caso y el Ejecutivo, dos meses después de haberlo anunciado públicamente, no ha citado a la Fiscal Porras.
El MP por su parte sigue con los motores encendidos contra Semilla: la tarde del 30 de enero el fiscal Curruchiche presentó una solicitud para levantarle la inmunidad a Juan José Guerrero Garnica, quien al igual que Masaya habría firmado documentos.
Guerrero dijo en un comunicado que el MP está a la cabeza de «una campaña sistemática para obstaculizar la depuración de la administración pública y deslegitimar los procesos democráticos».
Este antejuicio deberá ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, que en la misma semana rechazó una solicitud de retiro de inmunidad que el presidente Arévalo interpuso en contra de la Fiscal Porras. Al mismo tiempo, los magistrados se preparan para conocer un antejuicio que la jefa del MP presentó en contra del mandatario. eproductor img
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