La quietud de este pueblo no es paz sino temor a Bukele
La quietud de este pueblo no es paz sino temor a Bukele
Es un pueblo de sobrevivientes del conflicto armado interno salvadoreño que se organizó para vivir en paz. Así fue hasta el régimen de excepción hace dos años que implantó un sistema de vigilancia que recordó a las «orejas» del tiempo de la guerra. Si bien no escapan al fenómeno de la migración –por la pobreza y la falta de empleo–, el miedo se sumó a sus motivos para marcharse. Sus jóvenes se van, huyen. Sin ellos, Guarjila parece un pueblo fantasma.
El óxido de unos juegos infantiles sobresale del monte crecido, de cuando nadie camina por ahí. La cancha de fútbol donde se jugaron torneos de la comunidad también permanece vacía este domingo de junio a las 3:00 de la tarde en la plaza central de Guarjila, un pueblo del norte de El Salvador, en el municipio de Chalatenango Sur.
Sopla un viento cálido y perezoso. Todo parece en calma, pero no lo está.
La vida transcurría distinta antes, dice una lideresa comunitaria de Guarjila que aceptó hablar desde el anonimato, por temor a represalias de las autoridades. Cuando dice «antes» habla de hace apenas dos años, antes de que la represión del régimen de excepción silenciara a la comunidad.
La quietud de Guarjila no es paz sino temor, dice.
El régimen es un estado de restricción de derechos implementado por el Gobierno de Nayib Bukele con la excusa de combatir a las pandillas, pero que ha sido señalado por incurrir en graves violaciones a derechos humanos y abusos por parte de las autoridades. En Guarjila, un pueblo de unos 2,300 habitantes, los vecinos acusan al régimen de llevarse a una treintena de personas inocentes, jóvenes sobre todo, y de sembrar un ambiente de terror en la zona. Las personas ahora prefieren no salir de sus casas ni opinar en voz alta; otras se fueron.
Este terror a ser detenidos –injustamente, repiten los vecinos– lleva a decenas de hombres y mujeres de todas las edades, e incluso a familias completas, a abandonar el pueblo y refugiarse en otro país. La migración forzada del pueblo históricamente por motivos económicos, hoy tiene una nueva causa: la persecución del propio Estado salvadoreño.
«Guarjila se está quedando con una población adulta mayor y sin jóvenes. Emigraron por falta de oportunidades. Es decir, siempre han emigrado, pero masivamente a partir de que se estableció el régimen», dice la lideresa.
Ana, su pareja y David
Ana vive sus días con miedo desde que la madrugada del 26 de julio de 2022, la policía llegó a su casa a buscar a Carlos, su esposo, y lo detuvo de manera arbitraria.
«Él salió del cuarto y les preguntó “¿por qué me quieren llevar?”. Le dijeron: “Mañana en la delegación te vamos a decir, solo son preguntas que te vamos a hacer”. Pero se lo llevaron y ya no regresó», dice Ana. Hace dos años de eso.
Cada mes, Ana visita la cárcel donde está su esposo para llevar alimentos y pedir información, sin lograr su cometido. En la Procuraduría General, el abogado público que conoce el caso de Carlos le dijo que un juez le otorgó libertad condicional hace dos meses, pero no puede explicar por qué el sistema penitenciario no lo libera.
Dos meses después de llevárselo, los policías comenzaron a buscar también a su hijo, a David. Llegaron a la casa donde vivía con su pareja e incautaron los celulares de la familia para buscar información que los vincule a pandillas. No encontraron nada.
Los policías lo buscaron bajo de las camas, dentro de los barriles de agua y hasta en la refrigeradora, pero él logró escapar y esconderse en el campo. «Dijo que no se dejaría agarrar porque no se paga cuando no se debe. Entonces migró; él no está aquí por motivos del régimen que se lleva a muchos jóvenes inocentes», cuenta Ana.
A la mañana siguiente de que la policía llegara a su casa para buscarlo, apareció en casa de Ana para despedirse. Ella le dio 100 dólares, lo único que tenía. Un hermano mayor en Estados Unidos le envió otros 200 dólares y con ese dinero pagó para que alguien lo llevara a la frontera. Dejó a su pareja y a una hija pequeña en El Salvador.
David era la mano derecha de Ana en su negocio, una pequeña tienda de enseres y alimentos. Ahora no tiene quién le ayude. La pensión que su esposo recibía por ser lisiado de guerra también dejó de llegar. Y cada paquete de alimentos e insumos para él en la cárcel son gastos extras; entre 50 y 75 dólares. Ella y su nuera dependen de las remesas que sus dos hijos envían.
A pesar de lo ocurrido, Ana está de acuerdo con el régimen porque «ha limpiado bastante». Pero el caso de su familia es un grito más entre miles de denuncias que revelan la peor faceta del régimen de excepción de Bukele. La de las detenciones de personas inocentes y quienes huyen debido a la persecución del Estado. Para Ana, «a unos sí les beneficia, pero a nosotros no porque llevan a la familia inocente a pagar lo que no debe. Tienen que investigar bien quiénes son culpables».
[embedpzp1]
Un pueblo sin jóvenes
Guarjila queda al norte de Chalatenango, a 75 kilómetros de la capital de El Salvador. Durante el conflicto armado que enfrentó por 12 años a las fuerzas armadas del Estado con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guarjila y la mayoría de municipios de la zona se unieron al ejército insurgente. Golpeados y masacrados por las incursiones militares, como registra el informe de la Comisión de la Verdad, miles de personas huyeron a inicios de los años ochenta hacia campamentos de refugiados en Honduras, donde permanecieron varios años antes de regresar y refundar el pueblo en 1987.
Tras los Acuerdos de Paz, Guarjila mantuvo su espíritu de organización comunitaria y así logró ser uno de los pocos territorios donde el fenómeno de las pandillas no logró echar raíces profundas. El pueblo es parte del municipio de Chalatenango, una cabecera departamental de 30,000 habitantes. Según el Instituto de Medicina Legal, en 2019 registró ahí dos homicidios; en 2020, tres; en 2021 dos, y hasta marzo de 2022 dos. Se ubicó entre las localidades con menos asesinatos en el país. Desde marzo 2022 las estadísticas de homicidios dejaron de ser públicas.
En 2021, se registraron hechos violentos relacionados a la venta y consumo de drogas y alcohol que motivaron a la junta comunitaria de Guarjila a manifestar. Pedían seguridad.
La respuesta llegó un año después en forma de un régimen de excepción que no soluciona los problemas de fondo sino que provoca otras formas de violencia, opina Mauricio Tobar, miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal de Guarjila. «(Nos) mandaron soldados, un gasto diario de más de 100 mil dólares. Con esa cantidad compondrían varias calles o iluminarían a toda la comunidad, o agua todo el día”. O proyectos para jóvenes, propone. “Pero eso al Gobierno no le interesa”, se queja.
En julio de 2022, la Policía anunció un nuevo mecanismo de investigación para identificar a personas vinculadas a pandillas que recordó a los tiempos de las «orejas» en la guerra salvadoreña. La institución habilitó un número telefónico para denunciar anónimamente y alentó a los vecinos de todas las comunidades a delatar a sus conocidos.
Así fue como en distintas unidades policiales construyen listados de personas con base en testimonios anónimos o vecinos que se prestan para señalarlos, explica Marvin Reyes, líder del Movimiento de Trabajadores Policiales, una organización crítica de las políticas de seguridad de Bukele.
Ana sabía que su familia era parte de ese listado, pero eligió ignorar la advertencia. «Un vecino me habló para decirme que tuviera cuidado, que los nombres de mi familia andaban en un listado. Pero yo no hice caso porque no andábamos en malos pasos», explica. El rumor del listado se extendió como fuego sobre pasto seco. «Uno escuchaba “tales gentes están en el listado” y a las semanas venían a buscarlos.
Gracias a Dios aquí no encontraron nunca a mis hermanos porque ellos siempre estaban trabajando», dice Juana, comunicadora comunitaria en Guarjila.
Uno es mecánico, huyó a Belice. No tuvo paz al enterarse de que su nombre estaba en el listado. Pero el idioma, la falta de oportunidades, la añoranza de su esposa e hijos lo hicieron regresar. «Ahí está», dice, sin trabajo, encerrado.
En Guarjila el hermano de Juana vive en una especie de prisión en su propia casa.
Tras el decreto del régimen de excepción, en agosto de 2022 la policía realizó un operativo donde capturó a 25 jóvenes de la comunidad, personas inocentes insisten. Sus vecinos denunciaron el hecho de manera pública ante el obispo de Chalatenango, Oswaldo Escobar.
El 24 de marzo de 2024, en medio del aniversario del régimen de excepción, un contingente de 5 mil soldados y 1 mil policías enviados por Bukele, cercaron el sur de Chalatenango: Guarjila y los distritos de San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador, San Antonio Cancasque y Potonico. La excusa fue el reporte de dos homicidios en la zona, sin embargo, los sospechosos habían sido capturados dos noches antes.
Para Tobar, el operativo sirvió para el marketing político en el marco de los dos años del régimen de excepción. Aumentó el temor en la comunidad. Los recuerdos de las invasiones militares de la guerra marcaron la decisión de muchas familias de abandonar el territorio, como hicieron décadas atrás por la guerra.
«Familias enteras que se fueron por temor. Tal vez porque les dijeron que estaban en el listado o porque tenían algún tatuaje, aunque no sea alusivo a pandillas los convierte en sospechosos», dice Juana.
La gente no se va por buscar el sueño americano. «Se supone que es el país más seguro, aquí se los llevan por ser joven. Les atribuye cosas falsas, les arman un perfil con la intención de llevárselo», dice la comunicadora.
Los nuevos refugiados
El temor a ser detenidos por el régimen de excepción no se limita a Guarjila. El Socorro Jurídico Humanitario, una organización civil, que ofrece seguimiento a las denuncias por vulneraciones a derechos humanos, irse del país ya es común en todo el territorio.
«No tenemos una cifra registrada de personas que salen del país debido al régimen de excepción. Pero cuando se acercan a nuestra organización para denunciar la detención injusta de un familiar reportan a la vez que otros miembros de su familia debieron migrar para evitar ser los siguientes en la lista. En general las familias prefieren separarse de sus hijos a que los detengan en las cárceles del sistema, o desaparezcan», explica Ingrid Escobar, abogada del Socorro Jurídico.
Cristosal, otra de las organizaciones que da seguimiento a estos casos tampoco posee una estadística, pero sí ha documentado casos de exilio debido al régimen de excepción. En 2023 el Gobierno de Estados Unidos aceptó una solicitud de refugio de un grupo de jóvenes menores de edad que habían sido torturados por soldados en la zona del Bajo Lempa, en el departamento de Usulután.
En la casa museo Jon Cortina, un centro de memoria en Guarjila, un hombre y una mujer de organizaciones de desarrollo conversan sobre el futuro de las nuevas generaciones en el pueblo. Son jóvenes con miedo que decidieron quedarse.
Su misión es mantener tejido comunitario entre quienes como ellos se quedaron, aunque cada vez asisten menos a las actividades, observan. «Muchos creen que por estar organizados van a ponerse en el ojo de la policía y por eso los van a perseguir», teme ella.
Resisten como lo hicieron sus mayores de Guarjila que vivieron el horror de la guerra. Que huyeron a Honduras para sobrevivir, regresaron y reconstruyeron el pueblo desde cero. Eso los motiva.
Más de este autor