Antejuicio al juez Ruano: un documento vincula a Stalling con la Fundaterror
Antejuicio al juez Ruano: un documento vincula a Stalling con la Fundaterror
Carlos Ruano es el más reciente juez en enfrentar un antejuicio, proceso con el que la Fundación contra el Terrorismo busca retirarle la inmunidad para que sea capturado o empujarlo al exilio.
El 8 de febrero de 2023, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio contra el juez Carlos Ruano, quien fue denunciado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), la entidad que está detrás de la persecución de operadores de justicia relacionados a la pasada lucha contra la corrupción en Guatemala.
«Es claramente un acto de venganza», dijo Ruano, juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal de la ciudad de Guatemala.
Los hechos que Méndez Ruiz denunció no le perjudican directamente a él o a su organización, y bajo el argumento de que le consta la comisión de un delito, la CSJ aceptó su pedido de iniciar el proceso para que el juez Ruano pierda la inmunidad y sea investigado por el Ministerio Público (MP).
Esta es la segunda denuncia de Méndez Ruiz en contra de un juzgador que la CSJ acepta. La anterior fue la del exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien renunció al Organismo Judicial luego que la misma Corte impidió que pudiera defenderse en el antejuicio. La FCT, organización militar y autodefinida como ultraderecha, también estuvo detrás de la persecución contra la exjueza Erika Aifán, quien renunció en marzo de 2022.
En este nuevo caso, la FCT dice que Ruano actuó de forma delictiva al denunciar a Blanca Stalling, magistrada de la CSJ. La abogada estuvo en prisión durante un año y seis meses por una acusación de tráfico de influencias a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, sindicado en el caso IGSS-Pisa, donde el juez sería parte del Tribunal.
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La reunión ocurrió en septiembre de 2016, Ruano grabó la conversación y el 10 de enero de 2017 la presentó al MP, que junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pidieron la captura de Stalling. Cinco años después, la abogada logró que otro juez archivara el expediente y retomó el cargo en la CSJ, donde le autorizaron el pago de una indemnización de Q5.7 millones.
Aunque en teoría no hay ninguna conexión entre Méndez Ruiz o la FCT con Stalling, en el antejuicio contra el juez Ruano se presentó un documento que solo pudo haber sido solicitado por la magistrada o sus abogados: una certificación donde consta que su caso fue cerrado.
En las pruebas presentadas en la petición de antejuicio hay un documento que avala el sobreseimiento (cierre) a favor de Stalling, un fallo que dictó el juez Víctor Cruz en junio de 2022.
Según constató Plaza Pública, este documento fue emitido por la secretaria del Juzgado Décimo Penal el 12 de octubre de 2022 y fue entregado a Delmy Rocío Castañeda González, abogada de Stalling.
El vocero del Organismo Judicial, Rudy Esquivel, respondió a Plaza Pública que este tipo de documentos son entregados solo a la persona parte del proceso penal, o a cualquiera solo en el caso de que el cierre definitivo no haya sido apelado. En esta ocasión fue la defensa quien recibió la certificación, no la FCT que lo adjunta en el expediente contra Ruano.
Además, hay un documento del juzgado que lista lo que pasó en la audiencia donde Stalling salió libre de cargos, la cual fue realizada a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación.
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Los detalles
La denuncia de la FCT fue hecha por los delitos de usurpación de funciones, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes en forma continuada, abuso de autoridad y simulación de delito.
La solicitud de antejuicio cita fechas que parecen errores.
Por ejemplo, dice que la reunión entre Stalling y Ruano ocurrió el 1 de septiembre de 2022 en el despacho de la magistrada. Sin embargo, para ese día, la abogada todavía no había sido reincorporada a la CSJ, por lo que no tenía una oficina en el edificio de la institución. Stalling regresó el 22 de septiembre.
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La Fundación también asegura que Ruano abusó de su posición de juez al usar «aparatos de tecnología moderna» (el celular) para grabar la conversación con la jueza, «inclusive haciendo supuestas pruebas del funcionamiento».
«Al grabar una supuesta conversación sostenida en el despacho de una magistrada, creó prueba antes de que el juicio existiera, prueba preconstituida para la cual necesitaba autorización judicial; la grabación no constituía un acto estrictamente necesario e indispensable para restaurar el orden jurídico, sino que constituyó un acto arbitrario e ilegal», asegura la FCT según tuvo conocimiento Plaza Pública.
En el caso contra el periodista José Ruben Zamora, Raúl Falla, abogado de la FCT celebró que una grabación hecha sin que el expresidente del diario elPeriódico supiera, sea utilizada en el caso en su contra.
Por otro lado, la FCT dice que Ruano cometió un delito al «retardar, denunciar y hacerlo hasta cuatro meses y 13 días después». Es decir, le recriminan haber denunciado a la magistrada y también por tardar en hacerlo.
Las reacciones
Herberth Pérez, abogado de Ruano y quien también representó al exjuez Miguel Ángel Gálvez, explicó que analizan presentar un amparo contra la CSJ por violación a derechos y garantías al darle trámite a un antejuicio que consideran espurio, ilegítimo y político.
Algo similar pasó en el caso del exjuez Gálvez, quien presentó tres amparos para denunciar irregularidades en el trámite de su caso. La Corte de Constitucionalidad (CC) nunca falló a su favor. El primero lo declaró sin lugar y le puso una multa; el segundo fue archivado cuando Gálvez abandonó Guatemala, y el tercero no tuvo respuesta.
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El caso guarda similitud con el proceso contra la exfiscal Virginia Laparra, quien fue condenada a pasar cuatro años de prisión por denunciar al exjuez y actual Relator Nacional contra la Tortura, Lesther Castellanos. Según la jueza Oly González, Laparra incurrió en abuso de autoridad. La sentencia dejó un precedente para otros fiscales: si denuncian, podrían ser enviados a la cárcel.
El aviso ahora se extiende a otros jueces.
«Esto da un mal mensaje de la propia Corte Suprema de Justicia para todas las juezas y jueces, para que no denuncien ningún acto de corrupción judicial, máxime si es de un magistrado», señaló Ruano.
Lo que viene
La CSJ designó al magistrado Néctor De León, de la Sala Cuarta de Apelaciones, como el juez pesquisidor del caso contra Ruano. Según el procedimiento, De León deberá escuchar los argumentos tanto del juez como de la FCT, previo a emitir un informe donde recomienda a la CSJ retirarle o no la inmunidad.
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Legalmente el caso se debe resolver en 60 días, pero dependerá de la voluntad del juez a cargo. En las acusaciones contra los exjueces Aifán y Gálvez, ambos salieron al exilio pocos días antes de que los pesquisidores entregaran su informe.
«Vemos esto como un ataque. No deben utilizarse los procedimientos legales como un medio para obtener venganza», concluyó la jueza Dinora Martínez, presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad, organización que aglutina a los jueces más presionados por su trabajo en grandes casos de corrupción.
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