Once audiencias y una conclusión que resalta en el juicio a Zamora: «La investigación podría ser ilegal»
Once audiencias y una conclusión que resalta en el juicio a Zamora: «La investigación podría ser ilegal»
Se aproxima la sentencia en el juicio contra el periodista José Rubén Zamora y la abogada Samari Gómez. El MP intentó demostrar que se cometieron tres delitos sin dejar cabida a testigos de la defensa y sin probar un punto clave: el origen del dinero que supuestamente se usó para lavado. Estas son las conclusiones presentadas durante las últimas dos jornadas de audiencias.
Luego de once jornadas de audiencias el Ministerio Público no pudo ser contundente para presentar el resultado de haber interrogado a casi treinta de testigos y peritos, y de reproducir en el juicio las grabaciones hechas por el denunciante, Ronald García Navarijo, quien incriminó a Zamora en una trama de lavado de dinero y señaló a Gómez de supuestamente filtrar información.
En sus conclusiones, la etapa final del juicio, la fiscal Cinthia Monterroso, de la nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), utilizó palabras como «pudo», «podría», «es probable», para acusar a ambos sindicados y pedir que enfrenten penas de 40 años de cárcel, para Zamora y 8, para Gómez.
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La investigación de la Feci no presentó evidencias concretas de que Zamora lavó dinero de origen ilícito, de que traficó influencias y que chantajeó a personas para que no aparecieran en las páginas del diario elPeriódico, según el abogado defensor del periodista. Así como para aclarar qué información y cuándo la habría revelado Gómez.
Pese a eso, Monterroso pidió que las penas fueran el doble porque ambos sindicados habrían «menospreciado la autoridad» de la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.
Las defensas de Zamora y Gómez resaltaron en sus conclusiones al final del debate que hubo irregularidades e ilegalidades en la investigación y que las pruebas para demostrar el origen lícito del dinero por el que se acusa a Zamora existen, pero no fueron presentadas en la audiencia porque un juez anterior lo impidió.
Con el juicio en fase final, el Tribunal Octavo Penal, presidido por la jueza Oly González, programó que el próximo 14 de junio que Zamora y Gómez se dirijan al estrado por última vez antes de dictar una sentencia.
«No están todas las pruebas»
Joel Iván Reyes Guzmán «es un abogado diligente», así se refiere Zamora después de haberlo conocido tres audiencias antes del final del juicio en su contra. Pese a que el periodista se lo pidió, Reyes no solicitó los cinco días a los que tenía derecho para estudiar el expediente, y tuvo pocas oportunidades de conversar con su defendido fuera de las audiencias.
En este contexto, el miércoles 31 de mayo, el abogado designado por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) tomó 28 minutos para atacar el nervio del caso de la fiscal Monterroro y de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), esta última aceptada como querellante en el juicio.
En menos de media hora, Reyes resaltó que los vocablos «el denunciante es posible que…», «él pretendía depositar…», son acciones que dejan un proceso incompleto y hacen asumir que el hecho, es decir el delito por el que acusan a Zamora, no se consumó.
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Durante el juicio, el piloto y el mensajero que en ese entonces trabajaban en elPeriódico declararon que entregaron 300,000 quetzales enviados por Zamora en la oficina de García Navarijo, pero que nunca pudieron depositar porque el cheque que les dieron a cambio era de una cuenta deshabilitada.
«Hay cuatro actas que no se ofrecieron como prueba y que constan en la fiscalía. El origen de los fondos estaba establecido en estas cuatro actas que no aparecen en el proceso», dijo.
Entre las pruebas que no logró acreditar Zamora se encontraba el testigo Alejandro José Girón Lainfiesta, quien confirmó que sí le entregó 240,000 quetzales en dos cheques para adquirir una obra de arte; tampoco el de Juan Carlos Marroquín Godoy, quien presentó al periodista con Girón; ambas personas fueron detenidas antes de que iniciara el juicio y aceptaron cargos de obstrucción a la justicia.
Girón Lainfiesta dijo en la audiencia donde aceptó cargos que no estaba de acuerdo en declarar porque estaba enojado con Zamora y su familia porque supuestamente, en el contrato de compraventa se habrían agregado cosas en las que no estaba de acuerdo y que el certificado de la obra de arte no correspondía con la pintura.
Por su parte, Marroquín Godoy fue acusado de crear, posterior a la captura de Zamora, un documento que respaldara la venta del cuadro. Por esta misma operación también fue capturado Juan Francisco Solórzano Foppa, ex abogado del periodista, quien tras pasar más de un mes en prisión aceptó los cargos que le imputó el Ministerio Público.
«Se violaron sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo. Si voy a aceptar cargos no es porque haya cometido un delito, es porque voy a salir de la cárcel para seguir litigando los casos que he llevado en contra la Fundación contra el Terrorismo y este sistema», dijo Foppa en un video en el que se le veía esposado.
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También quedaron fuera el acta y el contrato privado de promesa de compraventa de la obra de arte de Elmar Rojas que Zamora ofreció a Girón Lainfiesta; un oficio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobre las declaraciones de impuestos de Aldea Global, la casa editora de elPeriódico; y cuatro oficios del Banco Industrial sobre retiros de dinero de parte de la empresa.
«No queremos ver el origen (del dinero) porque no queremos, porque allí está», enfatizó el abogado.
«El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que todo lo que se obtenga en la investigación debe ser presentado ante el tribunal, ya sea que favorezca o perjudique al acusado», resaltó Reyes.
Aunque las evidencias clave para que Zamora pudiera defenderse no fueron parte del juicio, la fiscal Monterroso dijo en la audiencia que «no existe duda de que el acusado conocía el origen ilícito del dinero», y señaló la condición precaria de elPeriódico como indicio de que ser un medio de periodismo de investigación era una fachada para lavar dinero, que «tenía como modelo de negocio ilícito manipular la opinión pública en contra de personas que no le entregaban dinero».
«Según la declaración de (Flora) Emilsa Flores (excontadora del medio) y un informe de la SAT, la situación económica de la empresa era precaria. La entidad se alimentaba de fondos y anticipos publicitarios, que acredita que existe un considerable número de personas individuales y jurídicas que en teoría aportan dinero a la entidad pero curiosamente nunca reciben una prestación por el dinero que entregan», dijo Monterroso. Flores aceptó cargos por lavado de dinero antes de iniciar el juicio y de que el Ministerio Público presentara las pruebas para acusar a Zamora. Al haber aceptado la acusación la financiera obtiene el derecho a recibir una sentencia menor y conmutable.
En el día 2 del juicio, Zamora declaró que anualmente vendía paquetes de publicidad en elPeriódico, que él era el principal vendedor y que así financiaba el medio. Sus principales clientes eran los bancos, entre ellos el Banco de los Trabajadores.
Para sustentar su acusación, la fiscal Monterroso citó las declaraciones de Sergio Hernández, exdirectivo del Banco de los Trabajadores; Luis Hernández Azmitia, diputado que busca su reelección con el partido oficial, y la de un hombre que llegó el Tribunal a declarar que sufrió de un tumor cerebral por aparecer en elPeladero, la sección de chismes de elPeriódico.
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«(Los tres) relataron factores en común que podrían encuadrar en los delitos de extorsión o chantaje, lo que explicaría un modus operandi y que hace inferir que estamos ante una entidad de fachada, que tiene una actividad lícita y es utilizada para blanquear capital de origen ilícito», dijo Monterroso. Durante el juicio los testigos no aportaron indicios para comprobar el pago de sobornos para no seguir siendo atacados, solamente sus testimonios.
La fiscal aseguró que los 300,000 quetzales que Zamora entregó a Ronald García Navarijo para bancarizar «era producto de actividades delictivas» porque los testigos dijeron en el juicio que el periodista «tenía la costumbre de exigir dinero a cambio de no desprestigiar políticamente».
La fiscal dijo que «al no tener un sustento documental fehaciente que pruebe que el dinero es lícito, por lo tanto se presume ilícito».
Para el Ministerio Público, los documentos sobre la compraventa de la obra de arte «eran una transacción simulada, un contrato plagado de incongruencias» porque ni elPeriódico ni Zamora tenían la capacidad económica para comprar una obra de arte de ese tipo ni tenían en sus funciones comercializar arte.
Zamora dijo a Plaza Pública que tenía obras de arte de Elmar Rojas porque el artista se las obsequió y que incluso buscó que la hija del autor declarara, pero un juez anterior, Fredy Orellana, lo rechazó.
La Feci señaló que Zamora obtuvo credibilidad pública para hacer chantajes y extorsiones porque Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa fiscalía, le filtraba información de casos reservados.
«La relación (entre Sandoval y Zamora) fue tan estrecha que incluso se realizaban investigaciones paralelas con el fin de mantener el control político para mantener su negocio ilícito», aseguró Monterroso.
Por estos hechos el Ministerio Público pidió que Zamora sea condenado a las penas máximas por lavado de dinero, 20 años; por tráfico de influencias, 12 años y por chantaje, ocho. A los últimos dos delitos la fiscalía pidió que se agravara la sentencia por supuesto abuso de autoridad por «usar su oficio de periodista en un medio donde se vendía como luchador contra la corrupción, para traficar influencias y reducir la capacidad de defensa de las personas que no accedían a sus pretensiones».
Lo único que Zamora tiene en el juicio para demostrar que el origen del dinero no es ilícito, un requisito para que se consume el delito de lavado de dinero, son los cintillos bancarios que tenía una parte del dinero que envió a García Navarijo. Eso probaría que fueron retirados de un banco.
Pero para la Fiscalía eso no significaba nada.
«El precinto bancario no es más que una seña administrativa, no es más que una forma que los bancos utilizan para entregar cierta cantidad de dinero. Si alguien encuentra un precinto bancario y pretende arrogarse la propiedad del dinero en efectivo con eso, cualquier persona creería que no está bien», dijo la fiscal Monterroso.
«Las pruebas podrían ser ilegales»
Unas de las principales pruebas de la Feci fueron las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo, el exbanquero del Banco de los Trabajadores, quien durante muchos años fue una fuente de información para Zamora, a quien le montó una trampa para denunciarlo y lo grabó a escondidas durante más de un año. Incluso lo citó para discutir una estrategia legal que respaldara cheques a nombre de Aldea Global.
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El abogado de Zamora, Joel Reyes, cuestionó tres cosas sobre ese aspecto: si la grabación como tal fue legal; por qué en el juicio se presentaron copias de las mismas y no las originales; y por qué fue la Policía Nacional Civil la que hizo la extracción y análisis del audio y no el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
«Me preocupa que las grabaciones según las fechas venían de febrero de 2021 a septiembre de 2022. Se superan los 17 meses, tiempo en el que se pudo haber solicitado una autorización judicial si estos actos se consideraban ilegales», dijo sobre por qué García Navarijo no denunció a Zamora cuando empezó a grabarlo.
Para el defensor se violó el derecho a la intimidad de Zamora. Reyes citó como referencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) del caso Escher versus Brasil, donde la entidad declaró que el Estado violó el derecho de la vida privada, de la honra y la reputación del demandante con la interceptación, grabación y divulgación de sus conversaciones.
En el juicio Zamora y su defensa cuestionaron que la investigación podría ser ilegal, ya que solo la Policía Nacional Civil está autorizada para hacer operaciones encubiertas.
«Se le preguntó al señor Giovanni (García Navarijo) si tenía alguna autorización para grabar y dijo que no. Reitero que las pruebas obtenidas de manera ilegal no deben ser valoradas en este proceso por haber sido obtenidas de manera ilícita. Todo se dio en un tipo de operación encubierta que no tenía ninguna legitimación», señaló Reyes.
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Cuando fue el turno de declarar de García Navarijo dijo que «su percepción era que podría ser afectado o no» con salir en elPeriódico si no bancarizaba fondos para financiar el medio.
La defensa de Samari Gómez
Para el Ministerio Público de Consuelo Porras es agravante de delito que un auxiliar fiscal hable directamente con el jefe de la fiscalía ya que se estaría saltando la jerarquía de la institución. Esto quedó evidenciado luego de que la fiscal Cinthia Monterroso, presentó las conclusiones de su investigación contra Samari Gómez, exauxiliar de su propia unidad.
En la jerarquía del MP, Gómez empezaba su carrera: era una auxiliar, es decir, la asistente de un fiscal que tenía a varias personas asignadas para investigar los casos y que respondía directamente a un fiscal de sección, es decir, el jefe de una fiscalía. Esta persona le responde al Fiscal General.
Para la nueva Feci, dirigida por Rafael Curruchiche, hay un conflicto si un auxiliar fiscal habla directamente con el jefe de la fiscalía y no con su superior inmediato, el agente fiscal.
Parte de la conclusión fue que Gómez se comunicaba más con Juan Francisco Sandoval, el cuando este era jefe de la Feci, lo que para la fiscal Cinthia Monterroso era un «actuar extraño» porque «le debía lealtad al MP».
«Este es un antecedente que permite ver que la acusada tenía una relación con el señor Sandoval Alfaro, quien guardaba la confianza de que regresaría al país en cualquier momento», dijo durante la audiencia.
Para la Fiscalía, la exauxiliar le filtraba información de los casos incluso después de la destitución de Sandoval. Gómez asegura que la única ocasión que se comunicó con su exjefe fue cuando este le mandó un mensaje para felicitarla por su graduación de abogada.
La exauxiliar tuvo a cargo expedientes que involucran a Ronald García Navarijo, quien sigue ligado a los procesos por supuesto lavado de dinero y espera fecha para enfrentar juicio. Al momento de los hechos era aspirante a convertirse en colaborador eficaz del Ministerio Público y buscaba la devolución de una cifra millonaria que la Feci pidió que fuera congelada y ahora está en proceso de extinción de dominio.
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Monterroso pidió una pena de 8 años de prisión para Gómez más el pago de una multa de 50,000 quetzales. Esto porque se agravó el delito de revelación de información también por supuesto menosprecio a sus autoridades.
La defensa de la abogada dijo en sus conclusiones que García Navarijo ya había tenido acceso a todo el expediente del caso pues como sindicado tiene derecho a revisarlos para armar su estrategia de defensa, por lo que no habían datos que su clienta pudiera filtrar. También cuestionó la legalidad de los audios del denunciante, ya que en informes diferentes tienen fechas distintas. Además señaló que no se le puede aplicar la Ley de Acceso a la Información porque ella no es un sujeto obligado.
La última palabra de los sindicados y la sentencia están programadas para el 14 de junio de 2023.
En el día 1 del debate, Zamora avizoraba cómo terminaría esta trama: «En este juicio me van a sentenciar» y señaló que buscará llevar su caso a una corte internacional y que será hasta entonces que podrá recuperar su libertad.
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