100 días de resistencia, 100 días de debilidad

 Los más de 100 días de ejemplo, lucha y resistencia que las autoridades ancestrales y otros colectivos sociales realizaron, es la máxima expresión de responsabilidad que demostraron estos actores, ante la debacle moral e institucional del Estado en manos de una serie de estratos corruptos enquistados en los organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, PDH, USAC y, en la cumbre de la pirámide de impunidad y desvergüenza, el Ministerio Público.

Entereza, no debilidad; sacrificio, no sometimiento; paciencia, no precipitación; sabiduría, no improvisación; autodeterminación, fueron los vectores del levantamiento prolongado de autoridades ancestrales y el pueblo que respaldó.

Nadie ajeno a las comunidades convocó a las múltiples manifestaciones que pintaron de dignidad los caminos y carreteras del país, en los lugares donde anida la pobreza y el abandono del Estado que, por centurias, ha sido el botín de élites colonialistas y colonizadores, de estratos emergentes arribistas, que utilizando la institucionalidad pública aprovechan el presupuesto nacional que debiera ser orientado al buen vivir que aspira la sociedad en su conjunto, menos los politiqueros.

Estos levantamientos, que no nacen de una dirigencia centralista, que surge como el maíz, en diferentes espacios, con la misma convicción de hacer un llamado a la sociedad en su conjunto para levantar la dignidad pisoteada por los corruptos. Llamado que responde a los principios y valores de solidaridad y complementariedad, para lograr el equilibrio y armonía en una sociedad resquebrajada por el colonialismo. Voces valientes que no son escuchadas por las clases medias, sectores urbanos y personas ilustradas, por el racismo instalado en la subjetividad de una gran mayoría.

[frasepzp1]

La resistencia indígena es parte de una vida democrática hacia el consenso a diferencia de la democracia aritmética y precaria que el Estado ha instituido legal y políticamente. Pareciera que esa lección de lo que significa la democracia participativa, ha caído en tierra estéril. Las autoridades ancestrales no pidieron nada a cambio. Solo demandaron que el proceso electoral fuera respetado y que las autoridades que iban a asumir respondieran al llamado de los pueblos para recuperar la democracia, usurpada por la corruptela. Solo llamaron al cumplimiento de deberes de los electos, tal como se hace en el cargo comunitario, que es de responsabilidad y resultados concretos.

Pero, los 100 días transcurridos han sido ejemplo de debilidad gubernamental, pasividad, lentitud y poco abordaje de los problemas inmediatos (no se pedían cambios estructurales) y el cumplimiento del cargo que fue defendido por los pueblos independientemente que fuera Semilla u otro partido o candidato.

Planteo una ecuación política nada promisoria:

De un lado, la mayor parte de nombramientos para ejercer el gobierno fue para personas cercanas al conocimiento del grupo central de Semilla, urbanos y de clase media, en los puestos más importantes. Muchos académicos de escritorio o aula que, según mi percepción, buenos para el escaparate del conocimiento, pero débilmente vinculados a la acción social. Articularse al pueblo no se aprende en libros o diccionarios, es cargo permanente como lo practica la comunidad que provoca resultados esperados. Enfrentar el día a día con sabiduría y valor es la consigna de la comunidad.

Del otro lado de la ecuación, espacios de corrupción instalados desde centurias, para gente inescrupulosa que sí sabe actuar para sus intereses individuales o corporativos, son efectivos y tienen experiencia en el manejo del poder. Están en todas partes y en todos los niveles del Estado y no escatiman para actuar con descaro, no con debilidad.

Simple, de un lado debilidad para gobernar, del otro, fortaleza para la corrupción. Esa ecuación se puede modificar, para empezar, destituyendo a la fiscal general del MP, tarea del presidente, tomando en cuenta lo que dice la Constitución de la República:

El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.

Veremos si valieron los más de 100 días del levantamiento indígena.