Disputa por la democracia y las instituciones

En 2023 se intentó un fraude en las elecciones generales y estuvo a punto de funcionar. Manifestaciones populares, mediaciones internacionales y un poco de chiripa hicieron que al final no prosperara. Pero los actores antidemocráticos, corruptos y delincuenciales que lo intentaron no se han quedado de brazos cruzados y disputan el control de las instituciones. Niegan los procedimientos democráticos y retuercen la legalidad para mantener sus privilegios y posiciones de poder.

Los procesos eleccionarios de Corte de Constitucionalidad, Usac y Ministerio Público demuestran que las mafias y grupos de poder tienen intereses compartidos y capacidad para obtener resultados favorables a sus aspiraciones, contrarios a demandas sociales. Esto es particularmente grave, porque en estos años hemos observado que la cooptación institucional de distintas instancias ha incrementado la persecución de disidencias y oposición política: pueblos mayas, defensores del territorio, jueces, periodistas, estudiantes, etc. 

La negación de procedimientos democráticos y la captura de instituciones no le conviene a nadie. Lo que pasó en la Usac en las elecciones de rectoría de 2022 fue un ensayo para 2023. Y el fraude continuado de Mazariegos en 2026 también tiene implicaciones para las próximas elecciones generales. Es un ejemplo de que se puede actuar abiertamente en contra de procedimientos democráticos y mantenerse impune. Es terrible para las instituciones estatales (además de serlo para la formación académica, la investigación, etc.). 

La elección de fiscal general del Ministerio Público también resulta crítica. La institución ha funcionado como instrumento de persecución política y control social. Una mala elección es una mala noticia para la institucionalidad y para el país. 

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Hay que señalar que, no obstante, existen tensiones y una disputa sostenida. En su momento, la oposición, liderada por los pueblos mayas y acuerpada por sectores populares y capas medias urbanas, impidió el fraude de 2023. La oposición universitaria también ha existido. Por no hablar de las luchas sociales por los territorios o de otros sectores. Nadie políticamente responsable quiere a Walter Mazariegos o a Consuelo Porras: generan un rechazo social muy fuerte. Existe la necesidad de salir de estas figuras antidemocráticas, lo cual no implica que sea fácil. 

Con todo lo que se juega en el momento, también se debe considerar que la pugna por el control estatal de mafias y otros actores antidemocráticos no es un asunto que se vaya a resolver de manera inmediata. El Estado es un botín político y económico: de allí salen los grandes negocios como los ligados a infraestructura y medicinas, por dar algunos ejemplos evidentes, pero hay mucho más. Por esta vía se han acumulado o mantenido fortunas que influyen desmedidamente en la política y la institucionalidad.

Ahora algo importante para concluir: Los análisis suelen dejar de lado la influencia de las élites económicas en la disputa institucional y en la conformación del Estado. ¿Cuál es su responsabilidad en la degradación política y en la llegada de actores como Consuelo Porras, Walter Mazariegos y otros personajes antidemocráticos? Al financiar a políticos corruptos y tolerar o promover prácticas ilegales, han creado el escenario que nos ha llevado a este punto de democracia e institucionalidad deterioradas.