Resulta interesante enterarse de que el zar anticorrupción Santiago Palomo ha hecho público el tablero Los expedientes de la corrupción, el que es además avalado por la recién creada Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Se adiciona que más del 40 % de las denuncias está relacionado con infraestructura, cerca del 24 % con salud, y el 12 % con desarrollo social.
Algunos casos relevantes son las escuelas bicentenario, la demolición de garitas de peaje de Palín, Escuintla, el proyecto Cocinas dignas y, por supuesto, el gran tema mediático de la decadencia del aeropuerto La Aurora y el caso de compra de vacunas Sputnik V.
Se observa entonces que la cruzada anticorrupción es una bandera de la clase política de relevo, aglutinada alrededor de la agenda legislativa de la bancada oficial y sus aliados, que viene sufriendo el embate del Ministerio Público actual.
Todo ello coincide a la vez con una mayor apertura hacia la cooperación técnica y financiera internacional, y el respaldo evidente de la Casa Blanca, con la visita la semana pasada, nada más y nada menos que de Anthony Blinken, actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien en su apretada agenda abordó temas diversos, incluyendo aquí el problema estructural de la diáspora y la búsqueda de soluciones a esta.
En paralelo a ello, el Ejecutivo viene actuando en el nombramiento de importantes entidades descentralizadas como el INDE, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las portuarias; y se esperan diversos cambios en el rumbo de acción del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —IGSS—, que ha sido un enjambre de saqueo y corrupción, y hoy sufre el embate de la judicialización de la salud.
Pero hay un tema estructural enraizado en las fuentes y causales de la corrupción, y ello debe ser abordado no solo por el zar anticorrupción, sino por las esferas de relevo del poder, incluyéndose aquí las diversas secretarías que asesoran a la presidencia y, por supuesto, los centros de pensamiento que son aliados de las plataformas por un mejor país. Vayamos entonces al meollo del asunto.
Hace ya algún tiempo, paseando por Santiago de Chile, entre las calles Mac Iver con paseo Ahumada, en la Feria del Libro, me topé con un interesante libro escrito por una singular periodista, graduada de la Universidad Católica de Chile: María Olivia Mönckeberg, quien publicó en el año 2000 la primera edición de El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno.
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El libro consiste en una evaluación casi 30 años después de los procesos irregulares de enajenación de bienes públicos hacia grupos privados de poder económico. Los casos paradigmáticos estuvieron legitimados por modificaciones legales del período pinochetista, que conllevó, como bien se sabe, un relevo de grupos de poder, basado en la ideología de la liberalización financiera y comercial y las privatizaciones. Mönckeberg relata magistralmente casos de alto impacto, que llevaron al rápido enriquecimiento de personajes bien conocidos y de vigencia algunos de ellos, y principalmente sus descendientes, o bien de familias socias y pertenecientes a gremios y grupos de la élite económica chilena.
Mönckeberg empieza su análisis con: Los hombres de las privatizaciones, luego configura el mapa de Exempresas del Estado. Se detiene, seguidamente, en varios protagonistas y analiza el concentrado mercado de las ISAPRES, que son las sociedades anónimas que fueron favorecidas con la privatización de la salud. Pasa finalmente a las AFP, que son las entidades privadas prestadoras del servicio de la seguridad social, que acumularon millones de dólares en utilidades, y comenzaron a hacer aguas en el 2015.
A manera de epílogo, María Olivia se cuestiona lo poco que fueron ventilados por la prensa y la auditoría social estos modelos, callados por los ecos de los defensores ideológicos del modelo económico chileno, que luego fue corregido, conservándose ciertos avances de la renovación tecnológica. Pero unida a mayor transparencia y combate a la notable desigualdad social, que hizo millonarios en poco tiempo, tomando ventaja de las posiciones ventajistas alrededor del poder creado y heredado por el pinochetismo.
Pienso que, al igual que el caso chileno, es momento de estudiar algunos casos paradigmáticos del despojo de tierras en el medio y de la enajenación de activos y pasivos, principalmente en los sectores de las telecomunicaciones y la energía en Guatemala. Son temas que agobian hoy a la actual ministra de Comunicaciones Jazmín de La Vega, y tocan el fondo del Ministerio de Energía y Minas, que sigue sufriendo los embates de la colusión de intereses público-privados.
Para tipificar los fraudes estructurales de la corrupción, mi mayor recomendación al zar anticorrupción es la de una profunda revisión al Código de Comercio, y la figura del anonimato, y de la Ley de Contrataciones del Estado, principalmente en los títulos atingentes a la enajenación de bienes y de tipificación del llamado «patrimonio unitario».
Con respecto al Código de Comercio, resulta vital una mayor regulación de las empresas mercantiles que entran en negocios públicos, que se ilustran en la creación en el pasado privatizador de la era Arzú, con la empresa Luca, S.A., siendo esta una clásica empresa de cartón, creada únicamente para servir de vehículo de tránsito en el paso de Guatel a Telgua.
Como se trata de empresas que navegan en el anonimato, en el caso de Luca, S.A. figuró en su tiempo un protagonista que incluso se lanzó a la palestra como candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Ricardo Bueso, a la par de otra figura misteriosa de nombre Rodolfo Mendoza Santizo, del que poco se ha hablado en todos estos años, y que, al investigarlo, como la mayoría de hombres de negocios, figura en empresas Offshore inscritas en Panamá.
A lo largo de las investigaciones de la CICIG, a partir de los procesos de La Línea I y II, las numerosas empresas, inscritas al chilazo, por reconocidos despachos de notariado, y con abundantes prestanombres, se observa que fueron el vehículo de operadores como Juan Carlos Monzón, el mago Chevez y otros no menos importantes. Y en los juicios e investigaciones desfilan notarios que simplemente se lavan las manos, al amparo del Código de Comercio, y de la legislación del anonimato, así como un Registro Mercantil, creado como un ente tramitador más, sin capacidad de regulación, como la mayoría de entes registrales, incluyéndose aquí a una Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo nombre suena flamante y de peso, pero que, al analizar la ley es, ante todo, un ente de carácter registral.
Pero uno de los cambios más geniales, en los que se observa la mente de conocidos abogados mercantiles y civiles, vinculados a los grandes negocios, fue la reforma a la Ley de Contrataciones llevada a cabo en plena era Arzú, y con Arabela Castro como presidenta del Congreso, en donde se añade un Título VIII a la ley con un capítulo único denominado Enajenación de bienes del Estado y de sus entidades descentralizadas o autónomas.
El nombre del título delata, simplemente, su dedicatoria a la tramitología facilitadora para la enajenación de bienes de Guatel, y su tránsito a Telgua. El mencionar el apellido de descentralizadas al propio término Estado, es un sinsentido, pues un buen teórico y experto en esas lides, bien sabe que las descentralizadas, tipo Guatel, son parte del Estado. Entonces por qué especificarlo más en un título.
Y la explicación viene a tono con la diferenciación que hace la reforma al precisar que cuando se trate de un bien enajenado de la administración central, el rango jerárquico de su aprobación es el de un Acuerdo gubernativo y, cuando se trate de una descentralizada, como Guatel, es una Resolución de su Junta Directiva. Ahora bien, el meollo de todo esto es para sortear el paso por el Congreso de la República, y los entuertos que llevaría la enajenación de todos los bienes cremosos de Guatel. ¡Jugada maestra de todo un ajedrecista del legalismo mercantil!
Así, mediante una simple resolución de Guatel, se descremaron todos los bienes, y se pasaron a una sociedad anónima, que inicialmente fue Luca, S.A. que fue una empresa creada con las migajas de Q5,000 y que luego fue ampliando su capital y las sinergias de operadores de tecnología, en la medida que se presentó como el único postor de las subastas consideradas de manera somera por el citado Capítulo único.
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