«Esta no es una ley que venga a expropiar o a castigar empresas»

La Ley de Competencia cobra vigencia y entre las primeras acciones será establecer la Superintendencia y la elección de las personas que conformarán el directorio de la nueva entidad encargada de aplicar la nueva normativa.

En 2024, finalmente el Legislativo logró la aprobación de la Ley de Competencia en una maratónica sesión en la que pasó de urgencia nacional. La base fue la iniciativa 5074 que llegó al pleno desde 2016.

El viceministro de Inversión y Competencia, Antonio José Romero Florián, detalló cómo se trabajará la implementación del Decreto 32-2024. Aseguró que desde el Ministerio de Economía (Mineco) están dispuestos a apoyar cuando se conformen las autoridades del directorio y la Superintendencia de Competencia.

Romero recordó que el Mineco acompañó el proceso de discusión en el Congreso, desde un perfil bajo, aportando insumos técnicos a lo largo de las discusiones de las enmiendas. Enviaron sus análisis a los diputados e incluso al final, en los últimos cambios y enmiendas que se hicieron, el Congreso contactó al Mineco para que diera su opinión sobre cómo debía quedar ese articulado.

«Me siento satisfecho  porque se respetó mucho lo que nosotros proponíamos y no solo del ministerio, sino que había equipos técnicos más amplios de abogados que estuvieron dando su expertise. En la línea de fortalecimiento técnico, creo que se respetó mucho, salió una ley, sino perfecta bastante buena», refirió.

Algo que le hubiera gustado que incluyera es el programa de clemencia, pero lo quitaron los diputados. Es una herramienta que establecen otras leyes cuando hay acuerdos entre carteles y algún miembro denunciado, parecido a la figura de colaborador eficaz. Sin embargo, no es algo que impida a la superintendencia operar.  

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―¿Cómo se implementará la Ley de Competencia y los alcances que tendrá?

― La Ley cobra vigencia este enero de 2025 y las autoridades de la competencia que se determinan son un directorio y un superintendente que van a dirigir la Superintendencia de Competencia. Va a ser el órgano que va a llevar adelante la implementación de la ley y que va a tener las funciones de promoción y protección de la competencia.

Los primeros pasos en la implementación son nombrar ese directorio, que va a estar constituido por tres titulares y tres suplentes, nombrados en pares por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por el Congreso de la República y por la Junta Monetaria.  

Lo primero será hacer ese proceso que la ley estipula que debe ser abierto, competitivo, donde se haga convocatoria pública… Cada una de estas tres instancias nominadoras establecerá su procedimiento propio de selección que debe, repito, ser transparente, público, abierto y debe incluir examen de los candidatos y apoyo de instituciones académicas de reconocido prestigio para realizar esas examinaciones. Una vez conformado el directorio, éste nombrará al primer Superintendente.

―¿Cuánto tiempo llevará este proceso para que cobre vigencia completamente la ley?

―La ley da un plazo máximo de 120 días, depende de las entidades dominadoras cuánto tarden en arrancar sus procesos y llevarlos a cabo. Ese es el horizonte que tenemos… estaríamos, seguramente, esperando algunos meses antes de tener ya el directorio conformado y al Superintendente nombrado.

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―En cuanto a los alcances, ¿qué se espera con esta ley?

―La ley viene a garantizar que los fundamentos de una economía de mercados, sobre todo, el proceso de competencia entre los participantes se respete, se haga valer y con ello los beneficios de la competencia y de libre mercado se puedan ver en nuestro país.

La Superintendencia y la ley se constituyen en los garantes y protectores y promotores de ese mecanismo de competencia, esa es la parte esencial de la ley. El proceso competitivo, está demostrado, genera que exista un mayor dinamismo en la economía, se incentive la eficiencia, la innovación, se busquen mejores precios, mayor calidad y diversidad de productos y ese dinamismo es beneficioso para los consumidores y para las empresas que quieren competir de acuerdo a esas reglas de libre competencia, de libre entrada y salida en los mercados.

En lo más inmediato toca la construcción de una institución sólida, la  Superintendencia de Competencia. Para eso tenemos suficientes modelos internacionales, que nos pueden guiar muy bien para crear una institución que realmente promueva y defienda la competencia en los mercados.

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Hay un periodo de dos años que establece la ley para ese desarrollo institucional. En esta primera etapa lo que veríamos de la Superintendencia es, sobre todo, la promoción de la competencia, el abonar a que se cree una comprensión de lo que la ley manda del proceso competitivo en los mercados, de los derechos que tienen las empresas para competir en libertad.

Esa labor de promoción es muy importante porque es también un cambio de cultura el que se busca incentivar en las empresas, en los empresarios, donde puede que haya prácticas que han sido recurrentes a lo largo de los años en nuestra economía, que son consideradas anticompetitivas y la ley lo establece así.

Los empresarios tendrán que adaptarse a esta nueva realidad y es un proceso que hemos visto, ya muchas de las empresas consolidadas en Guatemala lo han venido haciendo, en términos de cumplimiento de estándares internacionales. Es un proceso que la Superintendencia va a apuntalar, va a fortalecer.

Al cabo de dos años es cuando la ley ya establece que esta institucionalidad está completa, se ha trabajado en la promoción de la cultura de competencia y a partir de allí ya pueden empezar los procesos completos de investigación, análisis y posibles sanciones.

―Entiendo que tienen que implementar un reglamento, ¿qué elementos debe contener y cuál es el principal objetivo de este?

―El reglamento es el que debe dar las directrices de procesos y procedimientos dentro de la ley. Por ejemplo lo que hace a la investigación de los casos, lo que hace atemporalidad de la presentación de estos mismos casos, la estructura organizativa dentro de la institución, los detalles más prácticos del funcionamiento de la Superintendencia y de cómo esta va a abordar su mandato y cómo se va interrelacionar con las empresas y demás agentes económicos.

―La Ley contempla el tema de investigar prácticas de colusión, por ejemplo en licitaciones públicas, ¿qué alcance tendrá en el caso de Guatemala porque se habla de que se da mucho esta mala práctica?

―Lo que esperamos, y de nuevo vuelvo a la práctica internacional donde ya hemos visto cómo se trabaja en esto, es que destina recursos importantes, capacidades importantes para analizar lo que sucede en las licitaciones públicas y entender a través de recabar evidencia y con metodologías existentes y comprobadas en su efectividad, determinar si ha habido acuerdos entre las empresas que están haciendo propuestas para un evento de productos o servicios hacia el Gobierno. Si ha habido acuerdo para entre ellas no competir sino fijar el precio al que van a ofertar y de esa manera disminuir las opciones que el Estado tendría en términos de costo.

Cuando se determina que existen esos acuerdos colusorios, es decir, ponerse competidores de acuerdo en precio o en cantidades o en calidades, donde restringen de alguna manera las posibilidades del mercado al evitar competir, allí es donde la Superintendencia de Competencia va a poder sancionar a estas empresas y exigir que terminen estas conductas y poner penalidades donde corresponda.

―Y, ¿cómo se aplicará la ley a los sectores que ya tienen alguna regulación, por ejemplo el sector eléctrico, la banca y telecomunicaciones?

―La ley establece que se aplicará la Ley de Competencia de manera supletoria, es decir, donde exista alguna regulación específica a competencia que aborde los temas de competencia prevalecerá la regulación específica y donde haya vacíos que no contemple la regulación específica, la Ley de Competencia es la que va a entrar a regir.

―¿No afectará? porque hay el temor de que pueda afectar a los sectores.

―Afectar a los sectores, no veo cómo puede afectarlos. Lo que hace la ley es sencillamente determinar dónde ha habido prácticas anticompetitivas, investigarlas, señalarlas y donde corresponda establecer una sanción. Los sectores operan como cualquier otro donde haya colusión, donde haya acuerdos de precios y donde no alcanza la regulación sectorial con relación a esos acuerdos de precio, a la protección de la competencia, allí es la ley de competencia la que entra a revisar la situación, analizarla y no debería haber ningún problema.

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―¿Cómo reciben otros países la Ley de Competencia? ¿Han tenido alguna reacción, por ejemplo de Estados Unidos o de la Unión Europea que dentro de sus acuerdos establecían que el país contará con una Ley de Competencia?

―Guatemala quedó muy rezagada en cuanto a la implementación y aprobación de una Ley de Competencia y su correspondiente institucionalidad. A lo largo de los años fueron, es mi impresión, creciendo las voces que comprendían realmente los alcances de esta Ley y su conveniencia para el país. Creo que la oposición fue cada vez reduciéndose más, y algunos de los actores que han estado apoyando fuertemente la Ley de Competencia han sido precisamente actores internacionales, que buscan también poder participar en el mercado en Guatemala y que de alguna manera se sentían vulnerables al no existir la protección que da la Ley de Competencia.

Internacionalmente, como es ya normal la existencia de leyes de competencia, no se les ve con temor y más bien se aprecian los beneficios que tiene en cuanto a la protección de las empresas que quieren participar en igualdad de condiciones en los mercados.

El momento era ya más que adecuado para que Guatemala pasara esta ley. Se hizo una muy buena labor de diversidad de actores en explicar de qué se trata, en derribar algunos de los mitos y concepciones erradas.

Siempre hay algunos sectores y voces que se oponen, es válido, sin embargo, se utiliza muchas veces información errada, concepciones erradas de lo que es una Ley de Competencia. Esa es parte también ahora del mandato de la Superintendencia, explicar con claridad cuáles son los alcances de la ley y de la institución y poner en claro que, finalmente, esta no es una ley que venga ni a expropiar ni a castigar empresas, sino todo lo contrario. Esta es una ley diseñada para estimular la participación de más empresas en el mercado, y sobre todo, empresas que están dispuestas a competir a innovar, a ser eficientes y ganar mercado en función de ser mejores y no de poner trabas a sus competidores.

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―Los diputados celebraron en medio de la aprobación y dijeron que esta Ley viene a bajar los precios de la canasta básica, medicamentos, pero ¿es así o no?,  ¿efectivamente si van a bajar los precios ?

―Con esta ley se abordan aspectos muy fundamentales de la estructura de la economía, que toman tiempo modificarse, como es la participación de empresas sin impedimentos en la economía. Esto, en el mediano y largo plazo, yo estoy convencido puede generar reducción de precios en distintos mercados, quizá no en todos, pero sí en algunos.

Es la evidencia de lo que sucede en otros países, sobre todo, donde hay mercados donde hay concentración de empresas, donde hay pocas empresas, donde hay posiciones de dominio junto a prácticas anticompetitivas que han limitado la participación de competidores, y mientras hay más competencia, los precios tienden a mejorar, y sobre todo, cuando ha habido una tradición de mercados concentrados y plagados de prácticas anticompetitivas. Allí es donde yo creo que sí vamos a ver en el mediano plazo, posiblemente años, esa reducción de pesos, lo cual no es menor.

Sin embargo, ante la expectativa y deseo de una disminución de precios inmediata, que muchas veces es un deseo en la población, este no es un instrumento que logra eso. Para disminuciones de precios de ese tipo, se requeriría una intervención del Estado en los precios o un shock económico que los llevara hacia la baja. No es esta ley ese instrumento, pero sí es un instrumento que puede ayudar en el mediano plazo a que tengamos mejores precios en Guatemala.

―En cuanto a la generación de empleo y atracción de nuevas inversiones, ¿qué tanto puede apoyar esta ley?

―Por el mismo principio de dar incentivos para que las empresas sean más competitivas, en el sentido de innovar, de tener eficiencia, de buscar mejores maneras de atender a los consumidores, de usar prácticas internacionales de buena gestión gerencial empresarial.

Estamos abriendo la puerta a que vengan más empresas de ese tipo a Guatemala, que se atrevan a participar, y por ende generar empleo. Todo lo que nos ayude a que  Guatemala sea un país que demuestre que las empresas pueden instalarse, pueden trabajar sin impedimentos, pueden crecer, abona a la atracción de inversiones nacionales, extranjeras y la atracción de inversiones en empresas lo que genera es empleo.

Si seguimos esa cadena, también a raíz de la Ley de Competencia, esperaríamos que haya generación de empleo, de nuevo tenemos que ser cuidadosos de no establecer relaciones causales directas e inmediatas. No es que se aprueba la Ley, se genera empleo y más empresas de inmediato, pero es un proceso en la estructura de la economía que efectivamente nos lleva a eso. Por eso vemos mercados en otros países con mayor dinamismo, donde es más fácil entrar y competir, donde no se encuentran las barreras a la competencia que se encuentran en Guatemala y de eso ya hay algunos estudios.

La comprensión sobre esto se debe incrementar a raíz de la Superintendencia que va a tener ese mandato y capacidades para investigar a fondo los mercados en Guatemala, y entender con más precisión y que la población lo sepa con claridad, dónde están esas trabas a la competencia, donde las empresas no se pueden instalar, no pueden competir, están siendo impedidas por sus competidores de actuar y ofrecer sus productos. Eso nos va a llevar finalmente a una economía más dinámica, más próspera.

―Con la aprobación de los sectores empresariales o económicos, que en algún momento se opusieron, ¿han tenido alguna reacción o cómo lo han visto?

―Hemos tenido acercamientos con diversos sectores, algunos de los cuales, yo he percibido un cambio en su posición frente a la Ley de Competencia, no de ahora sino ya de meses atrás, donde ya no encontramos en su discurso una oposición a la Ley de Competencia, quizá algunos dudan de su efectividad o para qué sirve, pero no una oposición tan fuerte como en el pasado. Algunos, imagino que todavía se podrán oponer en su momento, pero en realidad de los sectores ha sido mucho menos, muy poca la oposición clara.

Encuentro más oposición desde ciertos espacios, podemos llamarle de análisis de políticas que parten de una posición ideológica de oposición a la ley por principio. Creo que esas son voces que se escuchan mucho, pero no tanto así de los sectores propiamente, por lo menos no a nivel público, que se hayan acercado a nosotros, más bien la posición ha sido, y de diversas cámaras: ‘si nos parece muy bien, queremos que esta ley, pues respete debidos procesos y todo sea dentro de un marco legal de certeza jurídica’, y yo creo que así va a ser. Entonces no debería haber preocupación por la ley, y como digo, la opinión pública, incluyendo los sectores productivos, ha cambiado mucho con relación a la Ley de Competencia.

Esperaría ver que el proceso de adopción y de fortalecimiento institucional para aplicar la ley, pueda seguir su curso normalmente y sea parte de nuestro sistema institucional se vea con normalidad, y los empresarios se den cuenta que pueden prosperar, pueden seguir trabajando sin problemas dentro del marco legal de la ley de competencia.