Guatemala es un caso paradigmático en el mundo en cuanto a la resistencia del contribuyente y su relación con el Estado. Y ahora que se celebran por doquier foros de carácter histórico sobre los 500 años de la entrada de los invasores españoles, bien vale retomar el complejo tema de la tributación. Y es que las empresas de conquista, en los primeros tiempos, sí que se dedicaron al saqueo, bajo la figura de tributos.
Como bien lo dice el autor best seller sobre el tema a nivel mundial, Thomas Piketty, el acto de tributar tiene harto de contenido ideológico. Luego de la publicación de un voluminoso tratado sobre la historia de la dinámica de la riqueza y el ingreso titulado Capital en el siglo XXI, el experto se dedicó a escribir otro titulado Capital e Ideología. Este se fundamenta en amplia data sobre la desigualdad en el mundo.
La discusión actual en Guatemala tomó vientos fuertes en la actualidad por tres polémicas conferencias de prensa llevadas a cabo por el actual Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, y sus comandantes generales del aeroplano de organigrama que exhibe la SAT en estos momentos.
Los protagonistas principales son: un nuevo intendente de Recaudación Tributaria, otro de Fiscalización, y ahora recién sube a la palestra un nuevo Intendente Aduanero. Sus nombres son, respectivamente, Erick Echeverría, Oscar Hernandez y Orlando Curtidor.
La aguda lengua de elPelex del domingo de eP Investiga deja la interrogante de si el apurado nombramiento de Curtidor no se debe a un posible retorno de un cabecilla de la antigua estructura de corrupción. Como bien se sabe, la revelación de los casos La Línea I y La Línea II se originaron de prácticas corruptas en materia de devolución de crédito fiscal a exportadores, trámites aduaneros y otros temas por el estilo.
Las polémicas conferencias de prensa giraron en torno a tres investigaciones realizadas en SAT: la primera, sobre los ahora famosos alojamientos de vacaciones, denominados Airbnb. La segunda, sobre dos estudios relacionados con el denominado Gasto Tributario, vinculado a privilegios y exoneraciones en torno al no pago de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Y, la tercera, muy reciente por cierto, en relación con la anulación sospechosa de facturas emitidas al Consumidor Final, por parte de establecimientos proveedores de comida, gasolineras y otros conocidos por compras pequeñas (menores a Q2500).
La segunda de las conferencias realizadas tuvo un tono polémico, en virtud de que, al ser la temática un asunto muy árido y legalista, de poco conocimiento específico del periodista reportero, ello da lugar a conjeturas superficiales y sospechas diversas. Uno de los estudios, que por cierto no es fácil de encontrar por ningún lado, a pesar de tener la SAT un portal amplio y gran cantidad de funcionariado bien pagado, muestra una correlación muy estrecha entre la dinámica de las remesas y el consumo popular. Esto es un tema sobre lo que hemos escrito hasta la saciedad en nuestras columnas e investigaciones diversas, y es casi una perogrullada. Ahora bien, un comentario desafortunado en la explicación, hizo ver que «desafortunadamente una fracción importante de ese gasto se hacía en mercados y en economía informal». Se tiene la creencia de que el llamado Sector de economía informal, no paga impuestos y hay que formalizarlo.
Y aquí viene una de las grandes controversias y tabúes ideológicos del medio y que se recita y tararea como dogma: «hay que ampliar la base tributaria». Y ello lo tienden a afirmar los más destacados representantes del sector corporativo, léase grandes magnates inmobiliarios, agroexportadores, banqueros y demás.
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Si queremos encumbrar un diálogo tributario de calidad en la Guatemala de hoy, bien valdría la pena estudiar, al menos, al interior de la SAT, o en círculos académicos, esa íntima dialéctica entre grandes sociedades anónimas y sus holdings empresariales basados en Panamá, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y lugarcillos por el estilo. Veremos aquí cómo es que a pesar de que el encopetado sector corporativo nuestro se cataloga como formal, este navega en las más sorprendente informalidad, anonimato y opacidad.
El tema de esa dialéctica formal/informal salió a luz con los famosos Pandora o Panama Papers, que revelaron las picarescas de bufetes panameños de abogados, como es el sonado caso de Mossack Fonseca, que le dio vida a incontables empresas de emporios agroexportadores chapines.
Lo bizarro de todo esto es que en tales ambientes paradisíacos, de islas del tesoro, conviven los más elegantes conglomerados alemanes o norteamericanos, con operaciones de políticos odiados por occidente como Vladimir Putin, o bien dictadores africanos y asiáticos de la peor calaña. Y las dudas se dirigen también a los capos del narcotráfico latinoamericano, e incluso organizaciones terroristas de la peor crueldad.
En Guatemala es de lo más normal, por parte de los notarios, la creación de sociedades Offshore. Para justificarlas, se alude al artículo 5 de la Constitución Política: Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Resulta ser este un estribillo muy común de los alegatos mercantiles, en donde se sospecha de excesos y numerosas corruptelas, por ejemplo, las reveladas por CICIG a partir de abril del 2015 y las numerosas empresas de cartón creadas, no solo para defraudar al fisco, sino para enriquecerse a base de corruptelas.
Y por supuesto en las discusiones que tuvieron que ver con reformas a la Ley Orgánica de la SAT, o bien con respecto al Código Tributario, cuando uno escudriña, bien se da cuenta de que los guardianes del orden establecido se ocupan de torpedear cualquier prohibicioncita que tuviera que ver con impedimentos al establecimiento de empresas holdings y otras colaterales en paraísos fiscales desde Panamá hasta Suiza, pasando por las Isla Caimán y Andorra.
Lo interesante aquí es que si se intentan despejar las áreas grises de la tributación en los mercados, en donde si bien hay conocidos caciques y potentados, se desarrolla la economía popular y quinientos años de despojos y tributación diversa —que dicho sea de paso ha sido la base de acumulación de los grandes oligopolios industriales y comerciales chapines—. Toda esa dialéctica entre sociedades anónimas encopetadas versus holdings offshore es un tabú, sobre el que muy pocos debaten en los perfumados foros de hoteles de cinco estrellas, y en los gremios de contadores y abogados dedicados al jugoso negocio de la defensa fiscal.
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