La ley, generada desde y para quienes ejercen el poder, es el principal artefacto de la colonialidad, utilizado para lograr objetivos de expansión y expropiación de territorios, así como para garantizar el modo de vida imperial. Además, sirve para imponer una ideología religiosa que justifique moralmente la aplicación, paradójicamente, de la injusticia sobre los subalternos. En paralelo, actúa la violencia legal —militares y policías— para garantizar que poco o nada conmueva al sistema.
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Escribí para Plaza Pública, hace tiempo, lo que significó la Doctrina del descubrimiento, Bula Inter Caetera, emitida por el Papa Alejandro VI en 1493 —cuando Castilla, luego España, se lanzaron a la invasión colonial— y que otorgaba el derecho de conquistar y evangelizar las tierras descubiertas a cambio de la conversión de los indígenas al cristianismo. Ley que justificaba el robo de territorios a los pueblos que se consideraban paganos y salvajes, lo que garantizó el enriquecimiento ilícito de la Iglesia y del Rey, ambas entidades íntimamente articuladas y coludidas en el siglo XV.
Esa doctrina generó la estructura jurídica de la Colonia. Les otorgó derechos a los invasores y negó derechos a los colonizados. En pleno siglo XX, se utilizaba en los litigios de tierras en Estados Unidos la invocación de ese derecho de tenencia sobre tierras robadas, en perjuicio de los pueblos indios de Norteamérica, recluidos en las reservaciones, verdaderas cárceles legales, sin mayores derechos como pueblos ni como individuos.
Las potencias europeas emitieron varias leyes y doctrinas que justificaban la conquista y el uso de la fuerza militar. Aquí algunas:
1. Requerimiento: Un documento que debían leer a los indígenas antes de atacarlos, informándoles de la autoridad del papa y del rey sobre sus tierras. Si los indígenas no aceptaban la autoridad española, se les consideraba enemigos y se justificaba el uso de la fuerza.
2. Leyes de la Guerra Justa: desarrolladas por teólogos y juristas españoles. Estas establecían las condiciones bajo las cuales se consideraba justa una guerra contra los indígenas. Algunas de estas condiciones incluían la negativa de los indígenas a aceptar la autoridad española o la conversión al cristianismo.
Estas leyes y doctrinas proporcionaron un marco legal y moral para la conquista y la colonización y justificaron el uso de la fuerza militar contra los indígenas y otros grupos que se opusieron.
La estructura política incluía virreinatos, audiencias, gobernaciones, cabildos y encomiendas. Estas formas de gobierno y administración reflejaban el control de las potencias coloniales sobre los territorios colonizados y la imposición de su autoridad. En Guatemala, se establecieron gobernaciones, que eran regiones bajo la autoridad de un gobernador, designado por la metrópoli y con poderes políticos, administrativos y militares.
Mi planteamiento es la continuidad colonial, transformada según contextos temporales y políticos, locales y globales. La transformación actual se puede sintetizar bajo el concepto de Lawfare (guerra legal), que es un fenómeno multidimensional de profundo impacto político-económico y geopolítico en América Latina y el Caribe (ALC) en las últimas décadas. Se define en términos generales como una guerra por la vía legal o como el uso de la ley como un arma[1].
En Guatemala, dicho concepto, viene asociado a la judicialización de la política, a procesos de desestabilización y deslegitimación de gobiernos o criminalización de determinados sectores políticos en procesos electorales. La instrumentalización de los mecanismos judiciales, y su exposición pública a través de los medios de comunicación, ha sido utilizada de forma sistemática para anular adversarios políticos y sustituir los cauces habituales de la política en la democracia liberal procedimental.
Si antes, en una misma familia de la élite colonial, las mujeres se hacían monjas y los hombres obispos, militares, encomenderos o autoridades administrativas —todos unidos por la sangre y los privilegios obtenidos bajo ese régimen—, actualmente se han sumado a esta lógica estratos medios emergentes, colonizados y convertidos también en redes familiares. Estos nuevos actores están unidos por intereses materiales y racismo, y aprovechan los distintos niveles de ejercicio del poder, dejando lo más estratégico a las élites herederas de la colonia.
Así se explica el pacto de corruptos y sus cómplices en distintos niveles sociales, quienes, utilizando la ley de manera antojadiza e injusta, persiguen, criminalizan y castigan a quienes no se someten al autoritarismo. En su mayoría, se trata de autoridades ancestrales, defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, de género, de juventud, así como de intelectuales y comunicadores progresistas que plantean una verdadera democracia para la constitución de un Estado Plural.
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[1] LAWFARE. La guerra por otros medios. Silvina María Romano CLACSO. Universidad de Quilmes, Argentina. 2025
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