La historia reciente de la Universidad de San Carlos (USAC) condensa, como pocas instituciones en el país, el tránsito de un ideal republicano a una lógica de captura. Quienes pasamos por sus aulas, en mi caso, en la segunda mitad de los años ochenta, recordamos el disfrute de la plenitud de la educación y la inmersión en la investigación superior: estructuras y gobernanza institucional funcional a los fines universitarios; claustros prestigiosos con una alta proporción de cuadros con formación a nivel de maestría y doctorado (el caso de la Faculta de Agronomía); estímulo a la densidad intelectual y a la lógica investigativa de manera permanente y deliberada; condiciones y recursos (materiales y simbólicos) razonables para el aprendizaje riguroso, crítico con soporte ético que iba más allá del aula; entre otros aspectos.
No era solo un espacio de profesionalización, sino de politización en el mejor sentido del término: la formación de ciudadanos capaces de comprender la historia, los contextos y las causas profundas de la realidad nacional y global.
La extrema degradación universitaria del momento no es casual. La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 redefinió el papel del Estado en la selección de autoridades al establecer, de forma general, el principio de las Comisiones de Postulación como mecanismo para reducir la discrecionalidad política e introducir criterios de idoneidad, capacidad y honorabilidad. En algunos casos específicos, incluso incorporó directamente a la academia –protagónicamente a la USAC– en estos procesos, o le asignó funciones de designación directa, como ocurre con la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, no definió de manera uniforme ni detallada la integración de todas las comisiones.
Fue posteriormente, con la aprobación del Decreto 19-2009 –la Ley de Comisiones de Postulación–, que ese diseño se operacionalizó y, sobre todo, se expandió. La ley estandarizó procedimientos, criterios e incorporó de manera sistemática a actores como las universidades en múltiples procesos, incluyendo la selección del fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas. Es en este punto, más de dos décadas después del pacto constitucional, donde la USAC adquiere un rol ampliado, formal y recurrente dentro de estas comisiones.
Este matiz es crucial: la participación de la universidad, en su forma actual y generalizada, no surge directamente del mandato constitucional, sino de su expansión en la ley ordinaria. Lo que nació como un mecanismo para fortalecer el Estado de derecho terminó, en su implementación, generando nuevos espacios de captura.
En efecto, ese mismo diseño abrió una grieta que el poder –lícito e ilícito– supo explotar. Lo que debía ser un mecanismo de equilibrio se convirtió, gradualmente, en un punto de entrada para la captura. La USAC, única de carácter público del país y con peso decisivo en la selección de autoridades, se volvió estratégica para redes de poder e influencia que se esmeran sintéticamente en la conservación y ampliación de privilegios e impunidad y que hoy muchos identifican, de manera ligera con respecto a su envergadura y perversidad, como el «pacto de corruptos». En este marco, la captura de la USAC –y la confabulación explícita de varias universidades privadas involucradas en estos procesos– no es un accidente: es una pieza funcional dentro de una arquitectura más amplia de control institucional.
El resultado ha sido una mutación profunda. La politización estudiantil –entendida como formación de ciudadanía crítica en el trayecto universitario– ha sido desplazada por una politización institucional partidista, instrumental y de corto plazo. La universidad dejó de ser, en amplios sectores, un espacio de deliberación plural para convertirse en terreno de disputa faccional. Este cambio no es menor: implica el paso de la formación de ciudadanos a la reproducción de operadores del poder.
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Más grave aún es el efecto sobre la función académica sustantiva. La docencia, la investigación y la acción pública nacional y territorial –pilares esenciales de cualquier universidad que aspire a esa condición– han sufrido una degradación sistémica. Este deterioro no opera de manera abstracta, sino a través de los incentivos que estructuran la vida universitaria: cuando la lógica de control político se impone en los órganos de gobierno académico, se distorsionan los procesos de contratación, promoción y evaluación del cuerpo docente, lo que debilita progresivamente los estándares de rigor y producción académica. A ello se suma la fragilización de los sistemas de evaluación institucional, que dejan de premiar la calidad para favorecer la lealtad o la conveniencia. El resultado se traslada inevitablemente al aula: se empobrece la formación, se reduce la calidad intelectual de los programas y se limita la capacidad de los estudiantes para desarrollar pensamiento crítico y competencias sustantivas. No se trata solo de un problema interno; es una pérdida para el país entero, que ve debilitada su principal institución de educación superior pública.
La coyuntura reciente en torno a la elección de rector agrava este panorama. Las acusaciones de fraude en el primer período del actual rector, así como los señalamientos de usurpación, no fueron episodios aislados sino síntomas de un sistema ya capturado. El proceso eleccionario reciente –tras el vencimiento de este ejercicio inherentemente anómalo– ha tenido como primer desenlace una autodesignación –obviamente ilegal– perpetrada por el mismísimo usurpador, acompañado de adláteres arribistas y órganos de justicia catatónicos, cuya pretensión es la consolidación de ese control. Lo deleznable no es únicamente la irregularidad electoral, sino el entramado de respaldos que la hace posible: sectores del ámbito privado, operadores del sistema de justicia, dinámicas internas del Ministerio Público y otros actores alineados con intereses de preservación del statu quo.
En este contexto, la USAC deja de ser un contrapeso para convertirse en un engranaje más de la reproducción del poder. Y esto subyace el carácter estructural del problema: no se trata solo de una universidad en crisis, sino de una «garita» institucional desde la cual se incide en la configuración del Estado. Controlar la universidad implica, indirectamente, influir en quiénes administran justicia, supervisan elecciones o fiscalizan recursos públicos.
Pero hay una dimensión aún más profunda –y más grave– de esta captura. Tomar la USAC no solo significa controlar un nodo institucional estratégico; significa cercenar al país de una de sus pocas herramientas históricas para salir del atraso. La universidad pública, en contextos como el guatemalteco, no es únicamente un espacio de formación profesional: es uno de los principales dispositivos de producción de conocimiento pertinente, de movilidad social y de construcción de ciudadanía crítica. Debilitarla deliberadamente equivale a clausurar horizontes.
En ese sentido, la captura de la USAC por redes de poder no solo reproduce la corrupción, sino que institucionaliza el estancamiento. Es una forma de condenar al país a una suerte de barbarie funcional, donde la precariedad del conocimiento, la erosión del pensamiento crítico y la mediocridad institucional se vuelven condiciones estructurales. Un país sin universidad pública vigorosa no solo pierde competitividad sistémica; pierde su capacidad de comprenderse a sí mismo, de cerrar brechas de desigualdad y de proyectarse hacia el futuro. Lo que está en juego no es solo el destino de la USAC, sino la posibilidad misma de reconstruir un orden público más igualitario basado en el conocimiento, la legalidad y la deliberación informada. La universidad no corrige la desigualdad eliminando el mérito académico, sino ampliando el acceso a él.
Recuperar la USAC, por tanto, no es una demanda gremial ni nostálgica: es una condición para la reconstrucción democrática del país. Pero esa recuperación no puede limitarse a cambios administrativos o a la sustitución de personas. Requiere una reconfiguración de incentivos, una despartidización efectiva de la vida universitaria y, sobre todo, una revalorización de la función académica como eje central.
La pregunta de fondo es: ¿cómo puede recuperarse una institución capturada y cumplir el rol que la historia y la Constitución le asignaron? La respuesta no depende de un solo acto, sino por una secuencia de transformaciones convergentes. Las enuncio con una intención provocadora para el debate y el esfuerzo diferenciado.
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Implica, en primer lugar, restituir la legitimidad de sus autoridades mediante procesos electorales verificables, transparentes y auditables, que rompan con la lógica de cooptación interna. Sin una autoridad legítima, cualquier reforma será frágil. En segundo lugar, exige rediseñar los mecanismos de gobernanza universitaria para reducir los incentivos de captura: reglas claras de conflicto de interés, trazabilidad en las decisiones y participación efectiva de la comunidad académica, no como masa manipulable, sino como sujeto deliberante.
En tercer lugar, requiere blindar la función académica. Esto supone reinstalar criterios de evaluación de los funcionarios basados en el conocimiento, fortalecer sistemas independientes de aseguramiento de la calidad en todos los niveles, reorientar el presupuesto hacia educación e investigación de alto nivel, y relanzar la proyección y la acción pública reconstruyendo vínculos con las comunidades locales y las redes académicas internacionales que restituyan estándares.
En cuarto lugar, es indispensable despartidizar la vida universitaria sin despolitizarla: recuperar la politización como formación ciudadana crítica, no como militancia instrumental. La universidad debe volver a ser un espacio donde se piensa el país, no donde se reparten cuotas de poder.
Pero hay un elemento adicional, decisivo, que no puede seguir eludiéndose: la necesidad de una reforma legal –y, en algunos casos, eventualmente constitucional– que redefina el papel de la universidad en el sistema político. Separar a la USAC de su participación en las Comisiones de Postulación no implica debilitarla, sino protegerla. Como muestra su propio desarrollo histórico, esa participación, en su forma actual y generalizada, deriva en buena medida de su expansión en la ley ordinaria, lo que abre una ruta inmediata de reforma. Al mismo tiempo, en aquellos ámbitos donde su rol tiene base constitucional directa, cualquier cambio requerirá un debate más profundo sobre rediseño institucional.
Liberar a la universidad de esa función permitiría reorientarla hacia su misión sustantiva: producir conocimiento con rigor, formar profesionales críticos y actuar como un contrapeso legítimo desde las ideas, no desde la cooptación institucional. Esta reforma no supone retirar a la academia del debate público; al contrario, la fortalece. Una universidad concentrada en la excelencia académica, con voz crítica y autoridad intelectual, puede incidir con mayor profundidad y legitimidad en la vida nacional que una institución atrapada en la lógica de reparto de poder.
Finalmente, la recuperación de la USAC demanda presión social informada y sostenida. Ninguna institución capturada se reforma solo desde dentro. Estudiantes, docentes, egresados y sociedad en general deben reconocer que lo que está en juego no es una disputa corporativa, sino la posibilidad misma de reconstruir capacidades nacionales.
Recuperar la USAC es, en última instancia, recuperar una de las pocas plataformas desde las cuales Guatemala puede volver a pensarse con rigor, formar ciudadanía crítica y construir salidas al atraso. Sin esa recuperación, cualquier proyecto de reforma del Estado nacerá incompleto. Con ella, en cambio, se abre –aunque sea estrechamente– la posibilidad de revertir la deriva hacia la mediocridad institucional y reencauzar al país hacia un horizonte de conocimiento, justicia y democracia.
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