El «péndulo» sugiere que la justicia oscila. Que, si antes se persiguió a unos, ahora tocaría perseguir a otros, o mejor aún, no perseguir a nadie para evitar desbalances. Pero la justicia no es ni debe ser un movimiento pendular. No es un juego de compensaciones políticas ni un mecanismo de revancha. La metáfora del péndulo es una estrategia discursiva de actores guatemaltecos, con tremendas cuotas de poder que han gozado de protección indebida y, que ahora, pretenden evadir la rendición de cuentas.
Este llamado puede reflejar el temor de quienes se beneficiaron de la degradación institucional del Ministerio Público en años recientes. Durante ese periodo, la institución dejó de ser garante de la legalidad para convertirse en instrumento de persecución política, distorsionando su mandato constitucional, quizá, como nunca. Se criminalizó a operadores de justicia y líderes comunitarios, se forzó el exilio de periodistas y defensores de derechos humanos, se manipularon procesos, se construyeron relatos arbitrarios cuestionado la legitimidad del último proceso electoral, se invadieron ámbitos institucionales debidamente delimitados por las leyes vigentes y se obstruyó la investigación de redes de corrupción. Frente a este legado, reclamar que «no haya péndulo» equivale a pedir que no haya consecuencias para múltiples delitos encubiertos o perpetrados directamente desde el Ministerio Público.
En una primera conclusión se podría decir que la alternativa no es el péndulo. Es la brújula. La justicia no oscila, orienta. No responde a presiones coyunturales, se rige por principios. Una brújula no compensa excesos previos desviándose en sentido contrario; corrige el rumbo tomando como referencia un norte estable. En una república, ese norte es la aplicación objetiva de la ley, sin privilegios ni excepciones, lo que da contenido real a la democracia.
Adoptar la brújula como principio rector implica algo exigente pero ineludible: investigar y perseguir los delitos dondequiera que se encuentren, sin importar si los responsables pertenecen a redes de poder económico, militar, político, mediático, tecnológico o institucional. Implica también revisar con rigor las actuaciones pasadas del propio Ministerio Público, no para sustituir una persecución arbitraria por otra, sino para restituir el orden jurídico que ha sido sistemáticamente vulnerado.
Ahora bien, reconocer la brújula —una justicia orientada a los principios republicanos y democráticos— es, sin duda, un avance conceptual. Pero no es suficiente. Sería ingenuo, suponer, de nuevo, que el problema es de dirección, cuando en realidad es de estructura.
El problema de fondo en Guatemala no es que la justicia haya perdido el rumbo de manera ocasional. Es que, a lo largo de, al menos 40 años de historia reciente, las instituciones han sido sistemáticamente capturadas por redes de poder que nunca han dejado de operar. A veces con máscaras, a veces, como ahora, sin máscaras, tal como lo revela la instrumentalizada Corte de Constitucionalidad —la anterior y la tríada dominante de hoy—. La captura no es una anomalía, es la constante.
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Bajo esta lógica, los momentos que suelen leerse como «victorias» —una victoria electoral inesperada en diferentes niveles de organización institucional, la exclusión de un actor particularmente cuestionado, la apertura de ciertos espacios institucionales, la ubicación de algún cuadro ético-prestigioso en el entramado institucional— deben ser interpretados con mayor cautela. La victoria electoral de Bernardo Arévalo, por ejemplo, fue sin duda un hito significativo, pero no es, hasta hoy, una victoria política, de considerable peso, en términos de control y saneamiento institucional y de reconfiguración de la correlación de poder, para reivindicar el bien común —y desplazar la modalidad política actual que se guía por los privilegios y la conservación de feudos de grupos organizados sin ningún desparpajo—. De igual forma, la eventual no continuidad de una figura desgastada nacional e internacionalmente en el Ministerio Público puede abrir expectativas, pero no garantiza una transformación estructural.
Estas victorias son, en el mejor de los casos, fisuras. Grietas en una arquitectura mucho más amplia y resiliente, diseñada precisamente para resistir cambios. Son eslabones debilitados dentro de una cadena que, en su conjunto, sigue cumpliendo su función: mantener el control de las instituciones clave del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para garantizar privilegios y asegurar impunidad perpetua.
Aquí es donde la metáfora de la brújula también empieza a mostrar sus límites. Porque no basta con saber hacia dónde ir si el sistema país está diseñado para impedir el movimiento. Se puede nombrar el norte con claridad –la justicia objetiva, el Estado de derecho, el bien común y demás sentencias aspiracionales y cargadas de altas dosis de moralidad—, pero si los mecanismos de decisión están capturados, esa orientación se vuelve, en la práctica, irrelevante. Fácticamente hablando, ya lo hemos visto con la Procuraduría de Derechos Humanos anterior, incluso, con varios de los ministerios del gabinete gubernamental actual o de la misma presidencia de la República de Guatemala.
Del otro lado de esta ecuación están las consecuencias sociales de esta captura prolongada. No son abstractas. Se traducen en juventudes sin futuros esperanzadores, mayorías poblacionales sin palancas equitativas para acceder de manera igualitaria a derechos humanos materiales y simbólicos, carencia de bienes públicos que pueden cerrar la brecha de desigualdad, entornos naturales degradados y con trayectorias sostenidas de agotamiento. Es decir, en la negación sistemática de aquello que da contenido real a la idea de república y democracia: el bienestar colectivo material y simbólico, progresivo, que puede sostenerse en el tiempo.
La relación es directa. Cuando las instituciones responden a intereses particulares, el bien común deja de ser el criterio organizador de la acción pública. La política se convierte en administración de privilegios, y la legalidad en un instrumento selectivo. En ese contexto, la impunidad no es un efecto colateral: es una condición necesaria para la reproducción del sistema perverso dominante.
Ser lúcidos frente a este panorama no implica caer en el pesimismo, sino detectar y evitar una forma más sutil de engaño: el autoengaño de creer que cambios parciales equivalen a transformaciones estructurales. Las redes de captura operan con una estrategia de largo plazo. No reaccionan únicamente a coyunturas; las anticipan, las absorben y, cuando es necesario, las neutralizan.
Son, además, altamente adaptativas —sin academicismos, sin duda, gestionan hábilmente las propiedades y atributos sistémicos—. Pueden ceder espacios temporalmente, permitir ciertos relevos, tolerar algunas reformas superficiales, siempre y cuando la estructura y el móvil nuclear del sistema permanezcan intactos. Y cuando actores con vocación de cambio logran acceder a posiciones clave, estas redes despliegan mecanismos de contención: desde la cooptación y el aislamiento hasta la deslegitimación y la persecución. Tómense como ejemplo, las reiteradas y espurias acusaciones de fraude electoral en la más reciente elección presidencial —excepto el resto de las disputas electorales— y las consecuentes persecuciones arbitrarias.
Por eso, pensar en términos de péndulo o incluso de brújula puede resultar insuficiente. El desafío no es solo evitar los extremos o encontrar el rumbo correcto; es desmontar, o al menos desarticular las estructuras que hacen posible la captura. Y eso no se logra con ajustes procedimentales ni con mejoras incrementales con ritmos inapropiados. Implica intervenir en la arquitectura misma del poder. Supone, por ejemplo, rediseñar los mecanismos de selección para que dejen de ser cuotas negociadas entre élites y se conviertan en procesos blindados frente a la cooptación, con participación social vinculante y escrutinio internacional efectivo. Supone también alterar los incentivos internos del sistema de justicia. Por ejemplo, proteger material y políticamente a quienes actúan con independencia, y elevar de manera creíble las penas y los costos —penales, patrimoniales y reputacionales— para quienes operan como engranajes de la impunidad.
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Pero, sobre todo, implica modificar la correlación de fuerzas que sostiene la captura. Esto significa limitar la capacidad de los poderes fácticos de financiar, presionar o vetar decisiones públicas; transparentar y regular de forma estricta el vínculo entre dinero y política; desmantelar las redes de influencia que conectan actores económicos, operadores judiciales y plataformas mediáticas; y abrir el sistema a contrapesos reales que no puedan ser fácilmente neutralizados. Para eso es necesario legislar en atención de estas necesidades. ¿Cómo es posible que figuras como Estuardo Gálvez o el llamado «Rey del Tenis» sean ampliamente reconocidas por actuar abiertamente en favor de intereses particulares que socavan el Estado de Derecho y las aspiraciones republicanas y democráticas, sin enfrentar ninguna consecuencia directa?
También exige construir poder ciudadano organizado, no solo como fuerza electoral episódica, sino como actor permanente de vigilancia, presión y defensa institucional. Sin esa base social activa, cualquier intento de reforma será absorbido o revertido por las mismas redes que hoy controlan el sistema. En otras palabras, no se trata de «mejorar» el funcionamiento de instituciones capturadas, sino de alterar las condiciones que permiten su captura. Porque mientras esa estructura de poder permanezca intacta, cualquier avance —por significativo que parezca— seguirá siendo provisional, reversible y, en última instancia, insuficiente.
Además implica entender que la captura no es solo una disputa de élites; es un fenómeno que termina moldeando toda la vida social. Mientras las instituciones sigan a expensas de los actores vencedores de estas disputas, las mayorías seguirán excluidas de los beneficios del desarrollo integral, y la democracia se reducirá a un ritual sin contenido.
Las pequeñas victorias importan. Abren espacios, generan expectativas, permiten imaginar alternativas. Pero son insuficientes si no se traducen en una estrategia más amplia que confronte la lógica de la captura en su conjunto. Los actores antidemocráticos con vocación voraz de captura institucional no descansan. Operan con paciencia, con recursos y con una comprensión profunda acerca de cómo funcionan las instituciones. Enfrentarlos requiere algo más que momentos de indignación o episodios aislados de cambio. Requiere persistencia, articulación y, sobre todo, una comprensión clara de que el problema no es coyuntural, sino estructural.
Solo desde esa lucidez es posible evitar que las fisuras se cierren y que las esperanzas se diluyan. Y solo desde ahí puede empezar a construirse, no un péndulo más equilibrado ni una brújula mejor calibrada, sino un Estado que deje de ser objeto de captura y se convierta, finalmente, en instrumento del bien común.
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