Pasos a desnivel: otra herencia del Giammatteiato

Los del área metropolitana son relativamente grandes, si se compara con otros de provincia, y conservan significativas fallas en su ejecución, producto de diversas causas, principalmente la débil planificación y preinversión de estos. Apostaría a que esto se debe a las grandes carencias regulatorias y… a las corruptelas, por supuesto.

 Dos proyectos emblemáticos son parte de esta columna: el paso a desnivel Petapa y el Roosevelt, por la 9ª Avenida. Ambos fueron adjudicados por el Fondo Social de Solidaridad y el Ministerio respectivo a la Sociedad Anónima GEBCO, que se dice ser propiedad de Alejandro Ceballos Sosa, un personaje que ha dado mucho que hablar durante las pasadas semanas. Además, ha patrocinado a un controversial vocero de la empresa: Carlos Sandoval, exrelacionista público del propio Giammattei, y ambicioso político. Sandoval fue respaldado en las elecciones pasadas por el partido TODOS, pero no logró su aspiración final, el Palacio de la Loba.

Los dos proyectos tienen una serie de características dignas de tipificarse: i) son obras de apoyo a los alcaldes metropolitanos, principalmente el capitalino; ii) fueron asignados a la misma empresa constructora, iii) han tenido problemas similares de ejecución, iv) tienen el aval o pasaporte de SEGEPLAN para su continuación; v) son parte de un intento de la firma constructora por comenzar, luego de diversas demoras y, finalmente, tienen grandes falencias en la supervisión, a tal punto que la Contraloría de Cuentas ha planteado denuncia penal al de Petapa.

Las investigaciones de prensa revelan que Ceballos Sosa ha entrado por la puerta grande al Ministerio de Comunicaciones desde los tiempos del controversial ministro y diputado José Edmundo Lemus. En septiembre de 2019 se le adjudicó el tramo Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá, por casi Q52 millones.

[frasepzp1]

En septiembre de 2022, elPeriódico divulgó un reportaje sobre Ceballos, donde se informó que además de obtener Q189.25 millones como parte de la empresa CEBCO, también estaba ligado a otra llamada COMOVISA. Además, una investigación de elPeriódico mostró diversos nexos de Ceballos con el extraditable y exdiputado Armando Ubico. Asimismo, se rumora que el constructor maneja diversos proyectos de obra pública para congresistas del partido VAMOS.

Y como si ello fuera poco, la misma fuente reporta que Ceballos adquirió una residencia en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, para beneficio del exdiputado Ronald Arango, a quien la FECI señaló de beneficiarse de plazas fantasma. Igualmente, Sosa está a cargo de diversos recapeos en el área central del país.

Ceballos Sosa ha entrado al club de las empresas constructoras preferidas en estos tiempos. Fundesa y el plan contiguo al PLANID Guatemala No se Detiene lo identifican como miembro del selecto grupo de entidades registradas en Guatecompras que han realizado contratos significativos con el Estado de Guatemala, con una capacidad económica que sobrepasa los Q300 millones. Así, Ceballos aparece junto a empresas de los Córdova Molina, de los Agüero (Asfalgua), de los Otzoy, y, por supuesto los Matheu Escamilla, entre otros.

El manejo simultáneo de dos empresas, como en el caso de CEBCO y COMOVISA, sería imposible si existiera una institucionalidad efectiva en materia de competencia, tanto en el plano principal como en el supletorio. Las autoridades reguladoras de las adquisiciones deben plantear los alegatos correspondientes, recurriendo a la institucionalidad de las contrataciones públicas. El problema radica en que hoy existe un Ministerio Público que se muestra banal respecto a estas investigaciones.

Y hablando de regulaciones, ante la evidencia de tantas sospechas de colusiones y demás, reportadas por la prensa, sería de esperar un esquema regulatorio más acucioso por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y su Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos y, principalmente, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que se ocupa del lavado de activos, deberían desempeñar un papel más riguroso.

Es urgente para el país replantear los procesos competitivos de la infraestructura y, si es posible, atraer cuanto antes la inversión extranjera en esta importante área. Esto ya se logró con proyectos como Chixoy, la construcción del Puerto del Pacífico y otras importantes empresas extranjeras que aportaron mucho a la ingeniería del país.

Es evidente que el ahora famoso CIV, o Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se encuentra totalmente colapsado. A ello han contribuido desafortunadamente las universidades del país, especialmente la Universidad de San Carlos, cuyas facultades han tenido una participación activa en la gobernanza del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Hoy, hasta la Universidad Rural se encuentra educando ingenieros y expertos en tecnología. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior haría bien en ser un guardián más celoso de la calidad educativa y, especialmente, de la ética. Mucho por hacer entonces en estos sectores.