Sin embargo, la corrupción policial en Guatemala sigue siendo un problema grave. Innumerables casos de agentes involucrados en actividades ilícitas —como extorsión, secuestro y narcotráfico— han contribuido a que el país tenga una de las tasas de homicidios más altas de América Latina y a la disminución de la inversión por la creciente inseguridad.
Hace un tiempo, don Aníbal, padre de unos niños que asistían a la biblioteca, partió ilusionado con ingresar a la Academia de Policía Nacional Civil. A pesar de la alta demanda —actualmente aplicaron veintisiete mil personas para solo tres mil plazas— fue aceptado. Supe, por sus hijos, que la familia tuvo que apoyarlo económicamente mientras se entrenaba. Al salir a su primer descanso, lo vi en la puerta de la biblioteca esperando a los niños.
Dispuesta a felicitarlo por el logro que beneficiaría a toda su familia, le pregunté cómo le había ido. Con recelo, miró a los lados para asegurarse de que nadie más lo escuchara. Luego, en voz baja, me dijo:
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«Estar ahí (en la Policía) no es lo que yo pensé, viera, seño. Fíjese que el primer día me mandaron en una patrulla. Entre lo que nos tocó hacer, estaba verificar la aparición de un camión reportado como robado. Al llegar al lugar, el jefe de la patrulla llamó al supuesto dueño y, cuando llegó, le dijo que el camión sería llevado al predio, donde seguramente lo desmantelarían. Luego, cuando vio que el propietario se asustó, le ofreció una solución: podía recuperarlo en ese momento si le daba tres mil quetzales. Volvió con el dinero a la patrulla y nos dio cien quetzales a cada uno».
No recuerdo si eran dos o tres agentes más, pero sí recuerdo que le pregunté a don Aníbal por qué había aceptado el dinero si sabía que no era correcto. Me contestó, con mucha pena, que negarse no es tan fácil. Le habían advertido que, si no se alineaba, lo podrían dar de baja de cualquier forma, incluso con una «emboscada» en una cuneta.
Comprendí perfectamente cómo lo disuadieron para ser parte de la corrupción arraigada en la institución.
Casos como este no son aislados. Es común que agentes pidan grandes sumas de dinero a las líneas de microbuses a cambio de hacerse «los de la vista gorda» ante infracciones como la falta de licencia de los pilotos o la ausencia de seguros en los vehículos. También hay agentes que amedrentan a los conductores con información falsa —como exigirles una patente de comercio por transportar mercadería— solo para extorsionarlos con dinero «para las aguas». O, como sucede en zonas de accidentes, en lugar de redirigir el tráfico, se dedican a chantajear a los conductores para permitirles retirar sus vehículos.
Estos casos dejan claro que muchos agentes antiguos están más interesados en obtener beneficios personales, mediante sobornos, que en cumplir su deber de proteger a la población.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha declarado que los nuevos agentes fueron capacitados para cumplir con el compromiso de proteger a la ciudadanía y que, con vocación y disciplina, podrán hacer crecer su carrera profesional. Es positivo que reciban formación ética y capacitación, pero sigue estando fuera de su alcance mantenerse al margen de la corrupción cuando son sus propios compañeros quienes los amenazan. Según investigación de Con Criterio «En el 2017 fueron destituidos 107 policías y 155 en 2018 por diversos delitos. En 2021 fueron depurados 300 [...]»
La corrupción policial es un problema grave que afecta la seguridad ciudadana y debe ser abordado con urgencia. Este es el momento oportuno para implementar mecanismos internos efectivos que supervisen y prevengan la corrupción de manera escalonada. Se debe garantizar que los nuevos egresados de la academia policial no queden subordinados a las mafias enquistadas durante años. De lo contrario, solo se seguirá alimentando y perpetuando un sistema corrupto que terminará atrapando a cada nueva promoción de agentes.
Mientras la corrupción siga siendo el único camino para sobrevivir dentro de la Policía, la seguridad ciudadana seguirá siendo una ilusión.
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