Sin tierra no se puede garantizar una vida digna

La forma en que está distribuida la tierra en Guatemala es la muestra más fehaciente de la permanencia del colonialismo, el racismo y clasismo; constituye un problema histórico estructural que ha empobrecido a la mayoría del país, impidiéndoles el acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, salud y educación.

No se puede vivir dignamente sin tierra para habitar, alimentarse y tener estabilidad, tanto individual como colectiva. La forma en que se ha estructurado la tenencia de la tierra es el resultado de cinco siglos de despojos, genocidio, desplazamiento forzado y asimilación. Esto ha sido hasta hoy un problema evadido por los distintos gobiernos y la única reforma agraria que ha existido fue boicoteada por Estado Unidos y las élites locales, que férreamente se opusieron a la redistribución de la tierra porque eso significaba perder poder y privilegios.

Con los años, esta situación no solo no mejoró, sino que se complejizó, debido a la intensificación del extractivismo y la expansión del narcotráfico. Lamentablemente, una vez más, son las poblaciones originarias, campesinas y de clase baja, las que siguen asediadas por el Estado, los finqueros, los terratenientes, las empresas extractivas, los narcotraficantes, que a través de la violencia han expropiado a comunidades enteras, condenándolas a perderlo todo.

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Los desalojos constituyen una prueba material de cómo el Estado favorece a los latifundistas y a las empresas extractivas, poniendo a su disposición todo el aparato estatal para destruir los medios de vida de las personas y expulsarlas con violencia sin ninguna alternativa de a dónde ir o qué hacer. Cada año decenas de familias son echadas a la calle, sin garantías de ningún tipo, provocándose una crisis que impacta su presente y también el futuro de sus descendientes.

Este dos de junio se cumplen siete años del desalojo de la comunidad Laguna Larga, Petén, que desde entonces se encuentra refugiada en un campamento en la frontera entre Guatemala y México en condiciones deplorables y en un total abandono por parte del Estado. Lamentablemente no solo no se ha tenido voluntad política para resolver estas problemáticas, sino que los desalojos siguen perpetrándose con los mismos mecanismos de destrucción y violencia, sin que exista ninguna medida de reubicación y acompañamiento a las familias, que es obvio que no tienen los recursos económicos para comprar tierra o vivienda y que por ende necesitan de la intervención del Estado.

Los desalojos más recientes han ocurrido el pasado 22 de mayo, en el Estor, Izabal y en San Miguel Petapa, Guatemala. La certeza jurídica sobre la tierra es un privilegio y un mecanismo para afianzar la riqueza de los ricos, que son quienes disfrutan de los derechos que les otorga la propiedad privada, con la cual han tenido la legalidad para despojar tierras que nos les pertenecen, que históricamente le han sido robadas a las poblaciones nativas.