En Guatemala, el marco normativo para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes fue establecido en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y debió implementarse progresivamente. No obstante, esto no sucedió. Es hasta febrero de 2025 que el gobierno de turno lo establece como «obligatorio». Aun así, es evidente que, tanto a nivel normativo como cultural, el manejo de los desechos no representa una preocupación real para las mayorías.
En materia de control de desechos, Guatemala no es una sociedad consciente de la necesidad de mejorar los entornos desde una perspectiva de salubridad, salud mental y calidad de los espacios de desarrollo y convivencia –por muy pocos que se tengan–.
Es común observar espacios públicos rodeados de basura. ¿Cuántos botes de basura ha visto usted en sus recorridos diarios? Existe una notoria ausencia de contenedores en parques, calles, avenidas y demás espacios públicos. Como resultado, la escena recurrente es la de basura acumulada, apilada y regada por doquier.
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Plantear y abordar el control de los desechos es un paso positivo para la sociedad. Es importante puntualizar que, dentro de todas las urgencias existentes en este país, la gestión integral de residuos y desechos constituye una de las necesidades más apremiantes. Urge enfrentarla si queremos evitar la constante y desmedida contaminación de nuestro entorno y medios de vida: ríos, lagos, aire, tierra y todo aquello que hace posible nuestra existencia y movilidad.
En ese sentido, resulta comprensible la razón de las protestas por parte de diversos sectores frente a una normativa como la propuesta. Más aún cuando no existe un apoyo coordinado entre todos los actores involucrados en el proceso. Esto requiere asumir responsabilidades compartidas: sector público, privado y sociedad.
Debe señalarse, además, que con el paso del tiempo las municipalidades han evitado asumir su responsabilidad en el control de los desechos dentro de sus respectivas jurisdicciones. A la vez, la población no ha mostrado suficiente interés en exigir a las autoridades la implementación de medidas adecuadas para cerrar el ciclo necesario en el manejo de residuos. Un ejemplo claro de esto es el caso de Antigua Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuyo vertedero a cielo abierto sigue ofreciendo una despedida lamentable. Como mencioné en su momento: El último adiós a tan bello paisaje por la ruta nacional 10, a la altura del kilómetro 37.5, es un respiro profundo y fétido.
Merecemos condiciones de vida dignas, y eso implica asumir responsabilidades y exigirlas a quienes ostentan cargos de representación popular. Si bien la Corte de Constitucionalidad (CC) cumple con su labor de defender el orden constitucional y el principio de supremacía de la Constitución, no debería considerarse como un logro, para ningún sector, la decisión de declarar «inconstitucional» el intento de buscar un bien común. Por el contrario, debería ser un llamado a la conciencia individual y colectiva sobre la urgencia de encontrar soluciones reales a necesidades que comprometen nuestra capacidad de vida digna.
Más allá de la inconstitucionalidad por supuesta «injerencia» en las funciones de los gobiernos municipales, lo cierto es que son las municipalidades, el gobierno central y el sector empresarial quienes deberían, de forma voluntaria y consciente, responder congruentemente a las necesidades básicas de subsistencia. Entre ellas, abordar el grave y complejo descontrol de los desechos.
Con la resolución de la CC, nadie ganó. Por el contrario, se avala la continuidad de condiciones de vida y desarrollo insalubres, tanto para las generaciones actuales como para las futuras, a quienes no se les ofrece solución alguna frente a un problema que ya se ha salido de control.
¿Cuánto más contaminaremos nuestro entorno antes de comprender que el control de los desechos debe ser abordado de forma urgente?
No debemos aceptar la idea de tener que sobrevivir con agua, aire y tierras contaminadas.
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