Urge transporte público digno y de calidad

Miles de personas utilizamos el transporte público en toda Guatemala cada día para ir a trabajar, estudiar, recrearnos, abastecernos o simplemente para movilizarnos de un lugar a otro. La movilidad es un derecho que permite satisfacer otros derechos, sin embargo, es uno de los menos garantizados en el país, lo que lo convierte en sinónimo de peligrosidad, corrupción y hasta muerte.

El estado paupérrimo de las unidades, el maltrato hacia las usuarias y los usuarios, los asaltos, las altas tarifas del pasaje, la falta de control y supervisión, las extorsiones, la falta de cobertura, la corrupción, la inexistencia de otras opciones para movilizarse; estos son solo algunos de los problemas que envuelven al transporte público y cuyos costos los paga la población incluso con su vida.

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Pagamos caro por un servicio ineficiente que pone en riesgo nuestras vidas cotidianamente. Hasta hoy en Guatemala hay comunidades que no cuentan con el servicio de transporte público, y en las ciudades no se da abasto. Además del gran problema que significa la falta de planificación urbana y de regularización por parte del Estado que, hasta la actualidad, no ha tenido la voluntad política para garantizar transporte digno y de calidad.

Tomar una camioneta no debería significar un peligro para la vida, sin embargo, es un riesgo que asumimos por necesidad. Nadie se va colgando de una camioneta rebasada de gente por puro gusto o sale de su casa hasta cinco horas antes de su horario de entrada (al trabajo o estudio) para recorrer unos cuantos kilómetros debido al tráfico. Lamentablemente, estamos frente a una situación que lleva décadas sin resolverse y que ha empeorado en los últimos años; a pesar de todo esto únicamente hemos recibido indiferencia y corrupción por parte de los gobiernos, que se han beneficiado lucrando con la necesidad que tenemos de movilizarnos.

De nada nos sirve que los gobiernos se lamenten cuando ocurren las tragedias relacionadas al transporte, lo que urge es resolver estos problemas para evitarlas, para resguardar la vida de las personas, para que podamos movilizarnos dignamente. La solución tampoco significa privatización, nuestra historia nos lo demuestra. Necesitamos soluciones integrales, que generen diversas opciones para transportarnos; esto debe ser una prioridad para cualquier gobierno, de lo contrario, seguiremos únicamente a la expectativa de cuándo ocurrirá la próxima tragedia y de quiénes serán las próximas víctimas.

La cantidad de accidentes viales que ocurren cada día en Guatemala es alarmante. Cada uno refleja una crisis en la forma en que se administra el tránsito y la deficiencia de las autoridades correspondientes para generar soluciones. Por supuesto que la población tiene una corresponsabilidad al momento de conducir un vehículo, no obstante, les compete a las autoridades la regularización y la resolución de todos estos problemas descritos, ya que el Estado es el ente al que le corresponde el control y tiene los recursos (económicos y humanos) para garantizar la seguridad vial.