Presidente del TSE: «Trato de separar los temas políticos de lo que nos ha sucedido a nosotros»

En las últimas elecciones generales se hicieron públicos dos señalamientos hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE): uno por, supuestamente, recibir sobornos del entonces presidente Alejandro Giammattei y otro que denuncia la presunta exigencia de coimas al secretario general del partido en formación Poder, para resolver trámites de inscripción. En ambos, se desconocen avances en las investigaciones.

Los magistrados del tribunal electoral entregarán sus cargos el próximo 20 de marzo a quienes sean electos por el Congreso, de una nómina de 20 candidatos que integrará la comisión de postulación que actualmente desarrolla su trabajo. Además de Aguilera, los otros titulares son Blanca Alfaro, Mynor Franco, Irma Palencia y Ranulfo Rojas.   

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En esta entrevista, Aguilera, el último en ocupar la presidencia de la actual magistratura habla, entre otros temas, de las denuncias contra el tribunal, de la intención de alterar los resultados electorales en 2023, la eliminación de candidatos, los «supuestos falsos» en los que está basado el caso Trep y sobre la limitada capacidad que mantiene el TSE para auditar las finanzas de los partidos políticos. 

—¿Cómo se explica que usted y otros tres magistrados suspendidos hayan retomado sus cargos cuando eso parecía imposible hace unos meses? ¿Qué cambió en el juego político?

—Más que un cambio en el juego político es que nosotros, cuando nos habían otorgado la revisión de medidas, esta fue revocada por una sala y planteamos el recurso de amparo. Lo habíamos planteado en 2025 y fue hasta esa fecha que resolvieron y nos otorgaron el amparo provisional. 

Los magistrados valoraron los planteamientos jurídicos que realizamos. Al juez que había otorgado esa revisión de medidas le habían abierto un procedimiento y planteado un antejuicio. Hay una resolución de la entidad competente dentro del Organismo Judicial indicando que él actuó correctamente.

Más que un tema de contexto político es un aspecto jurídico. Al final fuimos sorprendidos porque estábamos esperando que resolvieran, pero no sabíamos cuándo se iba a dar y el 28 de noviembre (2025) que nos notifican retomamos las actividades dentro del tribunal.

—¿Cree que tuvo que ver con que se acerca el cambio en la CC, en el Ministerio Público y en el mismo TSE? 

—Debe haber una priorización del tema de la institucionalidad. Cuando regresamos, en enero de 2025, asistí al Congreso el 14 de enero y platicamos con las diferentes entidades y ahí lo que predominó fue la plática sobre la importancia de recuperar la institucionalidad. 

No dejamos de estar sujetos a un proceso penal que se inició desde 2023, nos presentamos en marzo 2024 y, desde entonces, tenemos medidas que garantizan que estemos presentes durante el proceso y la prohibición de venir a laborar… No voy a entrar a hablar, porque planteamos un amparo también, porque consideramos que, al no haber prisión provisional, no se nos podía suspender en el ejercicio de las funciones. Sin embargo, el criterio fue que como todavía había un plazo de investigación, podría haber algún tema nuestro en cuanto al caso.

Pero el acto conclusivo lo planteó el MP desde hace más de un año, en agosto de 2024. Entonces, no podemos alterar nada dentro del proceso, ningún medio de prueba. Y en nuestro caso, la mayoría de pruebas son documentales. Entonces, de todo eso tiene ya copia el Ministerio Público y el juzgado.

Hay una justificación jurídica para que nosotros pudiéramos retomar nuestros cargos y, lógicamente, sí es un tema también muy importante lo que mencionan que ahorita este año pues hay diferentes actividades relacionadas con elección de magistrados del TSE, el tema del MP, la CC y creo que es un mensaje importante, pues también del Estado como tal, de darle institucionalidad al TSE. 

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—Quiero recordar el 2023, porque entonces empezó lo que hoy los tiene en esta situación: ¿las órdenes de captura contra ustedes cree que fueron una venganza por no haber anulado las elecciones? 

—Trato de separar los temas políticos de lo que nos ha sucedido a nosotros.
En un contexto bastante convulso, en 2023, se nos planteó una denuncia. Lo curioso es que fue planteada por dos ciudadanos que argumentaban que el sistema se había caído, que la empresa que íbamos a contratar había participado en Colombia, que habían participado dentro de un fraude y al final ni siquiera fue esa empresa la que se contrató y por esa denuncia se nos inicia el antejuicio.

Cuando estamos dentro del proceso penal, la denuncia que realmente fundamenta el caso es una de la Contraloría General de Cuentas, pero nunca fue objeto de análisis por parte de la Comisión Pesquisidora. La plantearon un sábado, fue 25 o 26 de noviembre, cuando el informe de la Comisión Pesquisidora se entrega el lunes y el jueves nos retiraron la inmunidad. Los contextos políticos fueron bastante complejos.

Considero que muchos de los que tomaron esta decisión lo hicieron tal vez basados en información totalmente falsa. Lo he manifestado varias veces y esperamos aclarar, no solo a las autoridades judiciales y al Ministerio Público, sino a la población que mucha de la información que se le trasladó al MP en la denuncia está basada en supuestos totalmente falsos.

Había algunas ideas que si nosotros éramos capturados y nos íbamos a prisión, podía haber un cambio total de la magistratura y podía entrar otra a anular las elecciones. No puedo hablar sobre supuestos porque no sé realmente si las personas que hubieran entrado en lugar de nosotros podrían haber hecho esto. 

Tuvimos que salir del país no solo por una potencial orden de captura. Lo que había bastante fuerte, no solo para los cuatro que estábamos involucrados en el caso, sino también para la magistrada (Blanca) Alfaro, eran amenazas de muerte y teníamos que pensar en estos aspectos.

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Nos interesa llegar a una etapa en la que podamos exponer todas las pruebas de descargo porque, acuérdense de la presunción de inocencia, yo no debería estar probando mi inocencia, a mí me deben probar la culpabilidad.

Desde que nuevamente asumí la presidencia, he tenido acercamiento con diferentes actores políticos contándoles que no podemos mezclar lo personal con lo institucional porque si no, no vamos a salir nunca de ese círculo vicioso de confrontación. 

Entonces yo le decía a los diputados y a los partidos, que desde nuestro lado queremos continuar con la labor del tribunal y recuperar la institucionalidad, la estabilidad de la entidad, porque esto vino a afectar mucho, no solo a los magistrados, sino a varios trabajadores: tuvimos capturas de una directora de Dicep (Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones) y estuvo más de 10 meses preso nuestro director de Informática y ninguno aceptó cargos, sino que se han defendido con mucha gallardía y sostenido su trabajo. 

Muchos de los que tomaron esta decisión, como les decía, lo hicieron basados en una información errónea: hablaban que habíamos comprado celulares a 12,000 cada uno y que los celulares valían 1,000 quetzales. Esa fue una información que salió de la empresa desglosando todos los gastos que tuvieron y eso se le reportó a la Contraloría, pero ellos tenían el plan de contingencia que eran creo que de 48 millones y ahí incluía los celulares, pero todo el trabajo también de poner el sistema en los celulares, instalar el sistema como que implicaba también contratación de personal y todas las licencias de seguridad para poderlo bloquear y que solo fueran utilizados para el proceso electoral.

Lo tratamos de explicar en su momento, en el contexto que hubo no se pudo. Pero creo que los tiempos han cambiado y que ya eso quedó en el pasado. 

—Mencionó algo grave, las amenazas de muerte. En algún momento la magistrada Blanca Alfaro mostró algunos mensajes que usted y ella habían recibido, ¿qué pasó con esas amenazas?, ¿cuándo empezaron?, ¿cómo terminó todo?

—Planteamos las denuncias correspondientes, todavía estaba el anterior gobierno. Como un magistrado del TSE preside el Directorio del Renap, tenemos relación directa con el ministro de Gobernación que también es parte de este Directorio.
En su momento recibimos el apoyo de Gobernación, les enseñamos los mensajes, se hicieron las denuncias, pero no avanzó nada. A nivel privado, creo que cada uno también tomó las medidas que había que tomar.

Esos mensajes creo que fueron para la primera vuelta. Las amenazas continuaron antes y después de la segunda vuelta también, incluso, para algunos empeoraron.
La magistrada Palencia, que era la presidenta, tiene medidas de seguridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado garantice su integridad física y su vida, porque las amenazas han sido distintas. 

En algunos casos han sido más personalizadas; en otros, ataques muy directos en las redes sociales y eso también lo denunciamos, pero no tuvimos respuesta. Cuando ya no éramos parte del tribunal, desaparecieron las amenazas.

—Todo lo que me cuenta refuerza mi duda y le pregunto de nuevo, ¿las órdenes de captura por no anular las elecciones fueron una venganza? 

—A ver, vámonos a 2023. No tengo la fecha exacta, pero me acuerdo que fue en julio, después de la primera vuelta, ese día estábamos ya por oficializar los resultados [...], en ese momento no hablaban de anular las elecciones, sino de suspender al partido político Movimiento Semilla y que no se le adjudicara ningún cargo. 

—¿Eso lo pidieron explícitamente? 

—Venía una resolución judicial que decía claramente que se debía suspender al partido y no adjudicar ningún cargo. Y esa resolución la hicieron pública y venía dirigida al Registrador de Ciudadanos, no al pleno de magistrados. 

Ahora, la población a veces cae en estas narrativas erróneas porque no conoce adecuadamente el proceso electoral. Desde el día de la elección, la participación protagónica es de las juntas electorales: receptoras de votos, municipales y las departamentales. Ellos controlan todo ese proceso. Cuando esa información se traslada al TSE, interviene la Auditoría Electoral del tribunal. 

La Auditoría no entra a contar votos, sino que recibe los documentos 8 o «Actas 8», que son las que contienen todos los resultados de un departamento específico, mesa por mesa. 

Las juntas nos entregan esto firmado por ellos y algunos fiscales de partidos políticos, se invita a todos los fiscales y algunos llegan a firmar y otros no. Por lo general, los partidos con más presencia a nivel nacional tienen fiscales en todos los municipios, todos los departamentos. Ellos comparecen en estas actas y lo que hace Auditoría simplemente es una revisión de las sumas. Eso ha sido algo curioso porque se llenan a mano y la gente va con calculadora sumando mesa por mesa. 

Lo que hace Auditoría es revisar que estas sumas se hayan hecho bien para garantizar que los resultados que se van a dar son los correctos. Se hace la revisión y si se encontrara un error aritmético, Auditoría dice «usted sumó las primeras 10 mesas y la suma entre la mesa siete y la ocho está mal, por lo tanto, las demás ya vienen equivocadas». 

Entonces, a eso entramos y nuevamente es la Junta Electoral Departamental la que vuelve a hacer el llenado del «Acta 8» y esta se junta en la de todos los departamentos y Auditoría Electoral certifica esos resultados y nos los traslada al pleno de magistrados indicando que recibieron las «Actas 8». Es el proceso previo a los resultados oficiales.

Ahí es donde es tan importante el Trep porque la población ya sabe quién ganó el día de la elección, porque tenemos un Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares. 

Cuando íbamos a oficializar los resultados entró esta resolución, pero fundamentados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es clara que una vez se realiza la convocatoria no se puede suspender a ningún partido político, teníamos que oficializar los resultados.

Esta resolución no nos fue notificada al pleno de magistrados, iba dirigida al Registrador de Ciudadanos y él puede suspender a una organización política; (pero) lógicamente, en un proceso electoral no podía. Aparte, el Registrador no adjudica los cargos. Algunos los adjudica la Junta Departamental y los diputados por Lista Nacional, y Presidente y Vicepresidente, el pleno magistrados. 

—En 2023, la opinión pública situaba al TSE como parte de la alianza gobernante en torno a Alejandro Giammattei y todo cambió después de la primera vuelta. Hubo denuncias de supuestos sobornos a los magistrados, investigaciones periodísticas hablan de una denuncia que una magistrada electoral llevó a la Embajada de Estados Unidos y un candidato presentó una denuncia similar, y anularon candidaturas. ¿En realidad el Tribunal Supremo Electoral puede presumir que defendió la democracia o solo hizo esto cuando se vio obligado a evitar un eventual golpe de Estado?

—Más que presumir, es realmente nuestro deber. Creo que todos, y no solo los magistrados, sino todo el personal del TSE puede caminar con la cabeza en alto y decir que defendimos la democracia. Porque aceptar o creer que hubo la posibilidad de un fraude es un total desconocimiento del proceso electoral en Guatemala.

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Entiendo a lo que se referían con el tema de candidaturas. Por todos los candidatos que no pudieron participar hubo una razón legal, no fue un tema antojadizo del Tribunal Supremo Electoral. 

Hubo un binomio en el que el candidato a vicepresidente no pudo participar porque no tenía finiquito (MLP), pero la candidata presidencial sí podía haber participado porque cumplía con todos los requisitos, pero fue decisión de ellos, y tenían tiempo suficiente para hacer una nueva asamblea y nombrar a alguien más que fuera en el binomio. 

Hubo otros casos en los que no fue el tribunal el que tomó la decisión, sino la CSJ o la CC, porque nosotros inscribíamos al candidato y después había impugnaciones de otros partidos. Hay un potencial candidato presidencial que siempre ataca al tribunal, (dice) que fuimos corruptos, que no los dejamos participar y es falso.

Es más, el director del Registro Ciudadanos (Ramiro Muñoz) estuvo preso y tuvo una condena de aceptación de cargos, que yo considero que él tenía todos los elementos para probar que no hizo nada ilegal. 

Ese candidato (Carlos Pineda) no participó, pero el tribunal sí lo había inscrito, posteriormente por una impugnación ya no pudo participar. Así hubo varias decisiones que están fundamentadas en ley. Considero que la población pudo percibir que se estaba eliminando a candidatos de forma antojadiza, pero no fue así.

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—Pero los candidatos eran enemigos del grupo que estaba gobernando. Usted me podrá decir que es imposible que haya un fraude el día de la elección, ¿pero no cree que este sistema en realidad hace es un fraude más sistémico, no el día de la elección, sino vetando a muchos candidatos? Por ejemplo, sobre el binomio del MLP si decidía correr Thelma Cabrera, pues también habrían encontrado alguna forma para eliminarla.

—Políticamente no abordábamos ningún caso, sino de forma jurídica, ¿qué sucedió con el MLP? El candidato a vicepresidente es una persona con una gran trayectoria profesional, pero no contaba con finiquito. No puedo asumir que se lo van a dar o que el que tenía es válido. La Contraloría me dice «él no tiene finiquito». 

Ahora, ella (Thelma Cabrera) cumplía con todos los requisitos, pero fue una decisión de ellos que finalmente no quisieron generar otro binomio. Si ella hubiera presentado a alguien más como candidato a vicepresidente, probablemente hubiera participado, porque a ella nunca se le descalificó. 

Definitivamente, lo que en su momento defendimos sí fue la democracia. En ese entonces muchos decían que técnicamente no era un golpe de Estado porque no había asumido el presidente, pero definitivamente hubo una intención de alterar el resultado de la elección y nosotros siempre defendimos eso porque era nuestra función. Estoy claro que muchos partidos políticos que se subieron al tema de fraude, tienen clarísimo que no hubo, pero fue un contexto político que en ese momento creo que vieron la oportunidad de este tema. Siempre voy a insistir en que nuestro proceso electoral está blindado ante la posibilidad de un fraude. 

—¿Garantiza elecciones libres? 

Garantiza elecciones libres. Ahora, lo que mencionaban ustedes, si vamos a hablar de que pueda participar cualquiera, tenemos que reformar los requisitos de ley. Entonces, bajemos la edad de participación, pongamos —como un diputado— solo ser mayor de edad y puede participar para candidato a presidente, pero eliminemos el tema del finiquito, de antecedentes penales.

Hay un candidato, hablabas de algunos temas de soborno. Él no participó, pero porque la primera asamblea cuando un partido se constituye es únicamente para finalizar el proceso de conformación del partido político como tal y esa primera asamblea sirve para conformar el Comité Ejecutivo Nacional. No pueden utilizar la palabra además.

Por cuestiones de plazos a él no le daba tiempo y utiliza esa misma asamblea para proclamar candidatos, eso no está en ley, no lo podían hacer. Por eso, el partido no participó en la elección, pero tampoco se canceló. Tampoco soy una persona que esté a favor de la cancelación de partidos políticos, porque la misma ley dice que deben de ser por tiempo indeterminado, se le dio la oportunidad de continuar y el partido continuó inscrito.

Ahora, este candidato (Óscar Rodolfo Castañeda, de Poder) denunció que nos había dado dinero y después, que nos había pedido y que no habíamos sido nosotros quienes le pedimos, sino que se lo había dado a un tercero que ni siquiera era del tribunal. Esta persona en su momento había presentado antecedentes penales falsos porque tenía un antecedente vigente y aquí se comprobó porque es un QR y al revisarlo no tenía antecedentes penales. Él tiene una denuncia del tribunal por esto. Desconozco si avanzó, pero a nosotros nos trajeron un documento falsificado. 

—¿Y de la otra denuncia que me puede hablar?

—Entiendo que argumentaban que la había planteado una magistrada. Hemos platicado, ella nos ha dicho que nunca planteó una denuncia de esa índole y que nunca estuvo en una reunión de esa índole. No puedo decir si esa reunión se dio o no, porque no estuve. Lo que sí puedo decir es que nunca hubo un soborno. 

Hay que ser claro porque muchas veces se habla que había presiones del partido oficial en aquel entonces y tal, al final el tribunal siempre tiene una relación cercana con los partidos políticos y cada partido político plantea su postura ante un determinado tema o decisión. No le puedo decir que hay una presión o algo porque, al final de cuentas, también es labor de los partidos políticos velar por los intereses de ellos y sus afiliados. Entonces, les puedo decir que no hubo ningún soborno.  

Eso me permite aclarar un tema también. Me da risa que cuando hablan del Trep dicen: «se robaron 34 millones. La oferta más cara fue 148, la más barata —que solo hubo otra— fueron 114, entonces les dieron 34 millones de quetzales». Eso es su gran razonamiento y así hablan del caso. Ni siquiera se refiere a una sobrevaloración, sino que se habla de una mala calidad del gasto y una mala planificación. 

No podría decir que el TSE no tiene una relación ni con los partidos políticos ni con el Ejecutivo, ni con la CC, ni con la Suprema. El carácter que tiene el TSE, tenemos que tener una relación abierta con todas estas entidades, dependemos del presupuesto que nos da el Congreso, que nos apoya el Ejecutivo para obtenerlo. Hay una buena comunicación entre el tribunal y el Ejecutivo o los demás entes del estado, pero de eso, a que haya una presión sobre el tribunal, no es así. 

—Cuando el MP secuestró las actas, usted reveló que hubo fiscales que desconocían por qué había actas con el mismo número de mesas. Eso es un desconocimiento del sistema electoral. ¿Qué más recuerda de ese día y qué muestra de la investigación del Ministerio Público?

—Estábamos sorprendidos, pero también muy preocupados porque esto nunca se había dado en la historia del proceso electoral. Creemos que no solo es un desconocimiento del proceso electoral, sino realmente violar el fundamento de lo que es la elección en Guatemala, porque la protección y la custodia del voto recae sobre la población guatemalteca que conforma estos órganos electorales temporales; las juntas receptoras, municipales y departamentales.

Ese día se confiscaron tanto las «Actas 4» como las 8 y lo curioso fue que una de las conclusiones era que habían duplicidad de actas. Nunca hubo una duplicidad de actas. Lógicamente, en la misma mesa hay cinco tipos de elecciones y entonces ahí no hay duplicidad. También en la segunda vuelta se dio un tema; fueron tal vez cinco municipios en los que se repitieron las elecciones por diferentes causas y en esos las actas no cuadraban con la primera elección. 

Es más, la Contraloría General de Cuentas manifestó que no existía ninguna duplicidad de actas. Por eso digo que a veces caemos en leer desinformación. 

No hace mucho se devolvieron estas actas, el tribunal todavía está haciendo un recuento porque hubo una conferencia de prensa (del MP) y no nos cuadra lo que se informó porque dicen que faltaban más de 7,000 actas y esto no es verdad. Las que faltaron, las pueden ver ahí abajo, se mantuvo una mesa como algo histórico que eran las que dejaron tiradas. ¿Cómo las iban a tener si ya no se las llevaron? 

Hubo departamentos que no habían trasladado la documentación y estos posteriormente se le trasladó la copia al MP. En todo momento hemos colaborado y esperamos que esa investigación se haga con objetividad. 

—Viniendo a algo más actual, ¿por qué siguen vigentes los partidos PAN, Podemos y Popular si debieron ser cancelados en automático?

—En 2024, el Registro canceló a estos partidos, apelaron y se les dio trámite. Antes no se daban este tipo de apelaciones. Se le dio trámite a la apelación priorizando el derecho de defensa a los partidos políticos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que si un partido político es cancelado, esta resolución es apelable, entonces se fundamentan en esa normativa, aceptan y le dan trámite a la apelación. Y cada uno de los partidos ha fundamentado, de forma distinta, esta apelación.

Algunos partidos no plantearon apelación, por eso ya se encuentran cancelados, que están dentro de este supuesto y los tres que ustedes mencionan cada uno está siendo objeto de un análisis específico, porque ellos al plantear su apelación la sustentaron de un una forma distinta a las otras, hay uno de estos partidos que su fundamentación jurídica se basa en un diligenciamiento de prueba que no depende del Tribunal Supremo Electoral, sino de ellos y de otras entidades, entonces no podemos entrar a conocer estos aspectos todavía.

Al momento que tengamos más avanzado cada uno de estos procesos, ustedes van a ver las resoluciones del pleno. Mientras existe una apelación por los partidos, mantienen vigencia porque la cancelación no es definitiva. 

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—Pareciera que el TSE en estos dos años que ustedes estuvieron suspendidos entró en un letargo, ¿cuántas y qué tipo de resoluciones emitieron los suplentes durante este tiempo?

—No tengo el dato exacto, pero fue más limitado al tema administrativo.
Entiendo que se conocieron algunas apelaciones en materia de cancelación de partidos políticos. También algunos partidos políticos, como era el caso de Prosperidad Ciudadana y el partido Poder, que no habían podido participar por una resolución judicial o una resolución del tribunal, se retrotraen a las fechas de estas resoluciones para que los partidos puedan hacer los procedimientos necesarios para mantenerse en vigencia. 

Entiendo que hubo algunas resoluciones de trámite administrativo, pero no entraron a conocer los temas pendientes. Seguramente fue porque se ha sabido que hubo una confusión sobre cómo debía integrarse el pleno ante nuestra ausencia. Ante esto, surgieron diferentes posiciones, la presidenta en funciones era la única magistrada titular que quedaba en el ejercicio del cargo y ella, al igual que nosotros, siempre fue de la postura que solamente un titular puede ser el presidente del TSE conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Entiendo que los suplentes plantearon un amparo para discutir esta postura y la resolución no fue favorable para ellos, estos problemas internos afectaron el trabajo del TSE. 

—¿Qué falta para que se conozca la apelación del partido Semilla?

—Cada caso tenemos que analizarlo según su estado. Pensamos que íbamos a encontrar todos los procesos resueltos porque al final han pasado dos años, ahora tenemos que hacer un trámite jurídico para traer esos esos expedientes a la fecha y también definir qué expedientes podemos resolver nosotros por fecha, o cuáles deberían de resolver los suplentes según las fechas en las que ellos estuvieron integrando el pleno. Todo esto es un ejercicio que se está haciendo también en el área jurídica para definir cómo vamos a conocer cada proceso.

—¿Es probable que estos casos los resuelvan los nuevos magistrados?

—Yo les decía también a los partidos políticos que la idea sería resolver todos los procesos. Recuérdense que por el tiempo, seguramente los partidos políticos acudieron a otras instancias, ya que el TSE no había conocido sus procesos, con otro tipo de acciones y esas instancias ya resolvieron.

Entonces, también hay que hacer una revisión de lo resuelto por estas, porque en algunos casos hay resoluciones no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la Corte de Constitucionalidad, que ya nos dan un criterio que podría haber dejado, incluso, sin materia las apelaciones que plantearon en el TSE. 

—No hemos tenido noticias de denuncias derivadas de auditorías a partidos políticos, pareciera que el exorbitante gasto de algunos partidos en 2023 no los observó el TSE, ¿qué hay con eso? 

—Las auditorías ya se realizaron. Todavía están las auditorías de 2022 y 2023, y hasta este año nos van a presentar informes definitivos de esas auditorías. De momento, no hay una denuncia porque no se ha llegado a ese momento. 

Ahora, quiero ser muy enfático en que el lineamiento que se le ha dado a la Unidad de Fiscalización, que actúa también en el marco de sus competencias, es tratar de generar una cultura de cumplimiento. La naturaleza del tribunal, sí, tenemos la facultad de sancionar, o de presentar denuncias, pero la naturaleza del tribunal realmente es velar porque se dé un buen manejo a las finanzas de los partidos políticos, pero también darle herramientas para que los partidos políticos lo cumplan. 

Uno de estos elementos es que haya una buena coordinación y que se le den las posibilidades; por ejemplo, prórrogas para presentar documentación, porque a veces es muy difícil que tengan todos los recibos de un municipio lejano y que los tengan aquí en la sede central al momento de hacer una auditoría. 

Eso sí, el tribunal debe, conforme a la ley si encuentra algún caso en el que podría haber un supuesto de delito, presentar la denuncia ante el Ministerio Público, pero en este caso aún no hay porque las auditorías —y por el mismo tema de los atrasos y toda la coyuntura que se ha dado— el Tribunal Supremo Electoral, incluso la Unidad de fiscalización, ahora está trabajando horas extra para regularizar estas auditorías del 2022 y al 2023. Todavía están en proceso algunas. 

Recuérdese que no tenemos la capacidad de personal para auditar a todos los partidos de forma paralela. Entonces van haciendo auditorías para cada partido en bloques, porque actualmente tenemos 27 partidos políticos vigentes.

—¿Cuánto es el personal de la Unidad de Fiscalización? 

—Son más o menos 11 auditores. Todo el personal son aproximadamente 20 personas, pero para auditar 27 partidos no nos alcanzan 11 auditores; entonces, se hacen por grupos y se van trabajando, pero van más o menos con un año de traslape y por eso no tienen esos resultados.