Quién es quién: los actores de una crisis que provocó el gobierno
Quién es quién: los actores de una crisis que provocó el gobierno
En su intento por aplicar una ley de hace 29 años, el gobierno de Bernardo Arévalo falló en la comunicación y en la ejecución del seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para todos los vehículos autorizados para circular en la vía pública.
La forma como el gobierno comunicó y entabló el diálogo previo a la reglamentación, combinado con la escasez de transporte público y una amenaza de más gastos a la población fueron una chispa que la oposición política aprovechó para convertir los fuegos de inconformidades, en un nuevo incendio para el gobierno.
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Estos son los actores de la crisis de tres días por la frustrada implementación de un seguro obligatorio para regular el transporte:
1. Un ministro que se contradice
En el primer día de tensiones, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró en una entrevista con Guatevisión que pandillas estaban detrás de la mayoría de los bloqueos.
«No es necesario que explique a la población las notas de prensa donde hemos descubierto que muchos propietarios son miembros de maras y pandillas; por lo tanto, por una simple y sencilla deducción, son las maras y pandillas las que están detrás de estos bloqueos, digo, la mayoría», sostuvo.
Al día siguiente, horas antes de que el gobierno diera marcha atrás al seguro obligatorio, Jiménez declaró en conferencia de prensa: «Yo no he afirmado que dirigen los bloqueos y manifestaciones, sino grupos que están infiltrándose en estas expresiones. No tenemos la tarea de identificar quién organiza, pero obviamente, en el caso de Bethania es el propio líder el que se manifiesta».
En la misma conferencia declaró: «Tenemos trabajo de inteligencia criminal, esto es un hecho criminal (los bloqueos), hay que decirlo tal cual es. Se disfraza de manifestación, no todos, la gran mayoría no está en esta lógica y nuestra tarea es identificar y tomar las acciones correspondientes».
El ministro también dijo que hubo otras manifestaciones «genuinas» en el resto del país y aseguró que fue en la capital donde hubo posibles infiltrados en las protestas.
2. Una encargada del diálogo que increpa
La primera vez que la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, habló abiertamente sobre su trabajo fue en medio de la última crisis de gobernabilidad del Ejecutivo.
La secretaria aseguró que el diálogo para crear los acuerdos sobre el seguro obligatorio se iniciaron hace casi un año, pero esta fue la primera vez que el gobierno divulgó tal diálogo.
Además, Tager centró sus declaraciones en cuestionar el método sobre las acciones que ella es responsable: «Muchas veces no se tiene voluntad de escuchar al interlocutor. Hay veces que se participa con una agenda oculta, hay veces que están movidos por intereses políticos de poder», añadió.
La secretaria privada está encargada de las metas que se trazó el presidente Bernardo Arévalo, así como de liderar los diálogos con diferentes sectores que hacen demandas al Ejecutivo.
3. Diálogo sin comunicación
El secretario de Comunicación Santiago Palomo aseguró, al igual que Tager y Jiménez, que el diálogo que tuvo como resultado los reglamentos con los que se obligó a todos los conductores de vehículos contratar un seguro contra terceros, tardó un año.
Pero el pasado 17 de marzo, cuando se publicaron los acuerdos y se dio un plazo de 45 días para que todos los propietarios contrataran los seguros, Palomo indicó que los nuevos reglamentos obedecían a una orden dada semanas atrás por el presidente Arévalo.
El gobierno aseguró que las pláticas previo a concretar los reglamentos sobre el seguro obligatorio incluyeron a 400 empresas, pero en la conferencia de prensa para justificar sus acciones no dieron ningún nombre de dichas representaciones.
4. Una bancada reactiva
El bloque de diputados electos por el Movimiento Semilla de nuevo mostró una fisura y descoordinación en sus estrategias. Los legisladores David Illescas y Luis Ventura propusieron que se diera marcha atrás a la medida y que esta se realizara de manera escalonada.
Mientras que el jefe de la bancada, Samuel Pérez, publicó el 19 de marzo, en su cuenta de X, que ese día sostuvo una reunión con el presidente del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para «fortalecer» una opción de seguro accesible.
5. Los «taxis pirata»
Los vehículos particulares que, sin autorización, trasladan personas; también fueron otro actor colectivo en esta crisis. Esta actividad se propagó tras la pandemia del covid-19, cuando las antiguas rutas de transporte público quedaron fuera de funcionamiento y estos «taxis pirata», como los llamó el ministro de Gobernación, empezaron a llenar el vacío que el propio Estado dejó.
No obstante, hay varios indicios de que esta actividad está vinculada con las pandillas, asaltos y extorsiones.
Una publicación de Prensa Libre señala que los integrantes de grupos criminales registran los vehículos con prestanombres, por lo que es difícil rastrear a los propietarios. También indica que los taxistas no autorizados buscan desplazar a quienes sí están registrados, mediante amenazas.
El Ministerio de Gobernación dirigido por Jiménez ha emprendido operativos contra esta actividad, desde el año pasado. Durante las protestas, un taxista «pirata» que bloqueaba un sector de la capital embistió con su vehículo a un grupo de antimotines de la PNC.
6. Una oposición con gasolina en mano
El «líder de la Bethania» del que habló el ministro de Gobernación el 19 de marzo es Oswaldo Rocael Villalta López, quien estuvo presente durante el bloqueo en el Anillo Periférico.
En una entrevista con el diario La Hora durante la protesta, Villalta admitió que en la segunda vuelta electoral de 2023 apoyó al partido Unidad Nacional de la Esperanza (Une).
Villalta aseguró que el bloqueo en el que participaba no estaba relacionado con su esporádica militancia en la Une y que previamente ha estado «en un montón de partidos».
En 2023, fue candidato a concejal con el Partido Republicano (PR), dirigido por el exministro de Desarrollo Carlos Velásquez Monge, uno de los tantos críticos del gobierno de Arévalo. También apoyó en las campañas del Partido Patriota (PP) y de Libertad Democrática Renovada (Lider), ambos extintos.
En medio de la crisis que generó la forma como el gobierno abordó el seguro obligatorio, tanto diputados opositores como excandidatos presidenciales aprovecharon para promoverse.
Una de las figuras que aprovechó el momento fue Sandra Torres, de la Une, quien promovió un amparo contra los acuerdos aprobados por el Ejecutivo. Una cuenta de TikTok de nombre sandratorres_02, identificada como «ex primera dama y candidata a la presidencia de Guate por (4) vez 2028/2032» empezó a replicar propaganda de Torres de campañas electorales pasadas.
En un comunicado, el partido Une se desligó de los grupos que lideran las protestas.
De igual forma, excandidatos como Carlos Pineda, Giovanni Reyes también aprovecharon la crisis para promover su imagen con críticas al gobierno de Arévalo. El partido Todos, liderado por Felipe Alejos, planteó otro amparo contra los acuerdos que emitió el gobierno.
7. La gente trabajadora
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, aseguraron que, aunque una parte de las personas que efectuaban bloqueos podría estar vinculada con partidos políticos o posibles actividades ilegales, también hubo expresiones «genuinas» de descontento ante el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros, pese a que este ya está contemplado, desde 1996, en la Ley de Tránsito.
Algunas empresas privadas y centros educativos optaron por llevar a cabo jornadas no presenciales en sus sedes, ante la dificultad de la movilidad.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) contabilizó hasta 44 puntos bloqueados durante las jornadas del 18 y 19 de marzo pasados.
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