El día que se unieron comerciantes, estudiantes y ciudadanía

«Los corruptos están sitiados. Es necesaria la salida de los principales actores que promueven la corrupción. La presión no va a cambiar», reitera Pilar Bagur, integrante del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y la Multisectorial de Occidente.

Su malestar refleja el sentir de miles de personas que exigen un alto al Ministerio Público (MP) en su incansable esfuerzo por desacreditar el proceso electoral por medio allanamientos, secuestro de documentos electorales, antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y acciones judiciales para suspender la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.

Entre las demandas compartidas, se encuentra la renuncia de Porras, Curruchiche y el juez Orellana, a quienes el presidente electo Bernardo Arévalo, ha calificado como golpistas.

Occidente es la zona de mayor movilización ciudadana en esta última semana. Allí ocurren 27 de los 57 bloqueos que registró la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones (Provial) al cierre de esta nota.

Una característica que distingue los bloqueos es la asistencia mutua entre participantes y personas particulares, quienes en conjunto reúnen alimentos enlatados y gestionan insumos para el aseo personal.

«El Centro Intercultural se convirtió en centro de acopio. Mucha gente preguntaba cómo podía ayudar porque no podía salir a las calles. Entonces hicimos una convocatoria y las personas están llevando víveres. Agua pura, pan, frijoles y fruta enlatada. De noche a madrugada hemos gestionado vehículos. Es un movimiento muy orgánico», resalta Bagur.

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Aunque gran parte de la movilización se concentra en Occidente y en la capital, a las afueras de instituciones como el Ministerio Público y el Congreso de la República, el descontento se ha transmitido a otras zonas del país que también empezaron a movilizarse entre el cuarto y quinto día del llamado «Paro Nacional».

Esto en parte motivado por los pronunciamientos de sectores como la Iglesia católica y la comunidad académica.

Mientras los días pasan, y la ciudadanía percibe la intransigencia de parte del Ministerio Público y de las altas cortes del país, más personas deciden unirse a los bloqueos y apoyar las movilizaciones ciudadanas, explica Guillermo Díaz, director del campus de la Universidad Rafael Landívar en Huehuetenango.

«Iniciamos un poco pasivos. Luego surgieron convocatorias de estudiantes y manifestaciones pequeñas en la plaza por sociedad. Se empezó con el cierre de algunas arterias y esto ha venido incrementando en los últimos días. Se han cerrado varios lugares como el mercado central, centros comerciales y tiendas derivado del paro. Los centros educativos suspendieron clases y los comerciantes, más que todo de la terminal, se unieron a los bloqueos, invitando a la población a cerrar más arterias», relata Díaz.

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Pronunciamientos

Tras la convocatoria al paro, destacaron algunos pronunciamientos desde la academia. Entre estos el de la Universidad Rafael Landívar, que por medio de un comunicado el 4 de octubre anunció la suspensión de clases desde el jueves 5 de octubre hasta lunes 9 para unirse «a los diferentes sectores de la sociedad que se están articulando en defensa de la democracia y la integridad del proceso electoral».

La Universidad del Valle también se pronunció «en favor de la defensa y el respeto del orden constitucional» y, aunque continuó operando, se solicitó a directores, docentes y líderes de las distintas unidades ser flexibles con los miembros de la universidad que deseen participar en las manifestaciones.

En el mismo sentido se pronunció la Universidad del Istmo, la cual anunció que continuaría con actividades, aunque respetaría la decisión de profesores y personal administrativo que decidiera no asistir a labores.

Por otra parte, hubo ocho representantes ante el Consejo Superior Universitario que se unieron al clamor popular y denunciaron que el secuestro de actas electorales por parte del Ministerio Público es un insulto a la ciudadanía que conformó las juntas electorales y un acto de desprecio a la decisión expresada en las urnas. Este pronunciamiento dista del silencio del rector Walter Mazariegos, afín al presidente Alejandro Giammattei y quien llegó a la rectoría en una elección anómala.

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Más movilizaciones

El pronunciamiento de sectores académicos fue lo que, en gran medida, motivó a más movilizaciones en departamentos del norte y oriente del país.

«Habíamos estado pasivos, pero ahorita nos estamos uniendo para expresar lo que sentimos. En los últimos días se unieron al movimiento la Asociación de Trabajadores Sociales, el hospital nacional y los estudiantes», cuenta Rosa Albina Aguilar Enríquez, docente universitaria y una feligresa de la Iglesia Católica que se encuentra organizando a la ciudadanía inconforme en el departamento Jutiapa.

Aguilar Enríquez dice que están organizando caminatas con dirección a la gobernación departamental de Jutiapa con la finalidad de expresar consignas de forma pacífica. Ahí se espera la convergencia de profesionales de distintas áreas, estudiantes universitarios, campesinos, asociaciones departamentales y comunidades.

«Ahorita las demandas están unificadas. Estamos preocupados porque no estamos siendo escuchados, las instituciones están lejos de estar con nosotros, nos están dando la espalda y nuestro voto no está siendo respetado. El silencio ya no es una opción para nosotros», afirma.

Por su parte, Eugenio Torres, director del campus de la Universidad Rafael Landívar en Zacapa, relata que en su departamento también crece el descontento y más movimientos sociales se unen en defensa de la democracia.

«Se han unido trabajadores del mercado por medio de su sindicato y han apoyado a los estudiantes. Hay un hartazgo. Esto es una muestra que todavía no se ha perdido la conciencia. Sí hay organizaciones que pueden hacer la diferencia en cada lugar. Oriente ha estado alejado de esto, pero creo que se han movilizado, tanto estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos, a pesar de la ausencia de esta última en su parte administrativa», dice Torres. 

 Monseñor Rodolfo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de La Verapaz, coincide con que en el territorio de Alta Verapaz la movilización incrementa conforme pasan los días. Afirma que entre las principales demandas está la renuncia de la fiscal general, el fiscal Currruchiche y el juez Freddy Orellana.

El religioso considera que, más allá de solo señalar la actitud del Ministerio Público, no hay que pasar desapercibida la ambigüedad de la Corte de Constitucionalidad, que no ha puesto freno a los intentos por cancelar al partido Semilla ni detener las demás acciones de la Fiscalía.

«Esa es la inconformidad que más suena. La gente que tiene un mayor análisis también señala la actitud ambigua de la Corte de Constitucionalidad. Desde mi punto de vista, el problema más serio es a ese nivel. Sin duda los errores del MP han desatado una situación difícil, pero el fondo del asunto es que las leyes no se entienden. Las cortes me parecen a mí el nudo gordiano», dijo.

Ambigüedad

Mientras las movilizaciones continúan, la Corte de Constitucionalidad ha evitado oponerse a la decisión del Ministerio Público y del juez Freddy Orellana en los allanamientos y la cancelación del partido Semilla.

El pasado 1 de octubre, evitó conocer tres amparos interpuestos por el TSE con los que buscaba frenar los allanamientos del MP en los que se han secuestrado actas electorales y los remitió a la Corte Suprema de Justicia, un juzgado y una sala de apelaciones. 

El jueves 5 de octubre, al resolver una duda planteada por el TSE respecto a si un juez penal podía suspender o cancelar a una organización política, la CC emitió una resolución ambigua en la que deja abierta esta posibilidad.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos, comunidad académica y distintos sectores sociales aseguran que continuarán movilizándose en tanto no renuncien los funcionarios a quienes tildan de golpistas.