Reingeniería del Estado
Debimos haber aprendido suficiente de la naturaleza humana y de la idiosincrasia chapina para ser capaces de saber qué funciona y qué no funciona. También debimos haber aprendido que hay cosas que simplemente nunca pudieron haber funcionado por muy buenas que hayan sido las intenciones. Con tantas malas experiencias, no tendría sentido construir un paradigma nuevo sin antes completar la autopsia del modelo fallido. Pero este importantísimo debate podría y debería únicamente darse dentro de una ANC libre de los vericuetos pseudo legales, partidos políticos y financistas que hicieron colapsar el sistema anterior.
Con todo y los inmensos retos que representa refundar un Estado, el estar al borde del precipicio debe forzarnos a ver la gran oportunidad que tenemos del otro lado. Por primera vez en varias generaciones las condiciones se dan para que no solamente aprendamos de nuestros errores sino nos tomemos el tiempo de construir un nuevo paradigma democrático con la vista puesta en los próximos 200 años. ¿Por qué no pensar en grande entonces?
Debemos partir de que nuestro modelo legislativo es una reliquia del pasado cuya forma de operación ya no se puede justificar en pleno siglo XXI. El hemiciclo, el elemento físico del Congreso (el eje del sistema político en una democracia representativa) se concibió de esa manera para facilitar la comunicación oral entre los diputados que no podían debatir a distancia en una época en la que no existían teléfonos, televisión o Internet. El concepto de congreso funcionaba bien en teoría, pero la naturaleza humana no tardó mucho en manifestarse. La congregación en un solo lugar de gente con desproporcionado poder de decisión pronto hizo que el hemiciclo se convirtiera en un mercado de clientelismo, nepotismo y corrupción y lo transformaran en el modelo desacreditado e inoperante que todos conocemos. ¿Por qué habríamos de querer preservarlo en una reingeniería del Estado? ¿Porqué no consensuar una alternativa menos vulnerable a la corrupción, más democrática y más transparente para llevar a cabo la función legislativa en nuestro nuevo Estado?
Otro de los cánceres de nuestro sistema que alimenta el clamor por cambios es la corrupción a todos los niveles en el Organismo Judicial. Ninguno de los organismos del Estado se le acerca en la magnitud de su inoperancia o corrupción. Si el pueblo tuviera la opción, elegiría sin duda una depuración total. Es imperativo que aprendamos de los errores del pasado en el diseño del Organismo Judicial de nuestro nuevo Estado. Para ello podríamos consensuar un sistema que permita a la población y no a sectores privilegiados y grupos de interés elegir y remover jueces y magistrados.
Otra de las buenas intenciones de la Constitución de 1985 que resultó siendo un fiasco es la CC, que en sus pocos años ha demostrado ser una aberración jurídica con el poder de emascular a la Corte Suprema de Justicia en casos cruciales. También ha sido utilizada por políticos para preservar impunidades y causar al país bochornos internacionales por medio de mamarrachos jurídicos como los amparos a Ríos Montt. No es posible esperar otros resultados de una institución cuyos miembros son designados de manera oscura por sectores que no siempre representan los intereses del pueblo. Si una CC ha de existir, deberá hacerlo como una sala dentro de la CSJ pero jamás por encima de ella.
La lista de instituciones fallidas o por fallar es larga y no viene al caso enumerarlas todas. Basta decir que una reforma constitucional por medio del Congreso estaría preservando estas instituciones y su gente, cuando el pueblo demanda una depuración total de los individuos que han hecho al sistema colapsar. Una pseudo reforma constitucional por el Congreso sería una soberana pérdida de tiempo que nuestro endeble Estado difícilmente podría soportar.
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* Quichelense ausente, estudiante de la historia de Guatemala y su gente. Aficionado a la política, la sociología y la protección del ambiente. En sus ratos libres es ingeniero consultor especializado en recursos hídricos. Actualmente trabaja en el desarrollo de políticas de Estado para la gestión, protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales desde la perspectiva del manejo integrado de cuencas hidrográficas.
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