Obviamente no las de las niñas violadas y obligadas a enfrentar un embarazo forzado ni las de las mujeres que año tras año deben parir porque se les impide decidir sobre sus cuerpos. ¿Qué familia propugnan? Obviamente no la mía, en la cual crío sola a dos hijas, porque, según ellos, la única familia posible y aceptada, si esa ley se aprueba, es aquella en la que existan papá, mamá, hijos e hijas. Las otras familias pasarán a ser negadas por el Estado guatemalteco. No se puede esperar mucho más de una propuesta que da por sentada la ideología de género, cuando está ampliamente demostrado que tal cosa ha sido un invento discursivo para deslegitimar una teoría y propuesta política construida durante más de 200 años para emancipar a las mujeres —y a la humanidad— de sujeciones y lógicas de poder.
La 5,272 pretende prohibir la educación integral en sexualidad, considera «anormales» a las personas disidentes de la heteronormatividad y, como si todo esto fuera poco, criminaliza a las mujeres que decidan sobre sus cuerpos, aun a aquellas que hayan sido violadas o hayan sufrido un aborto natural. Sí, leyó bien. Si usted sufre un aborto natural, puede ser encarcelada.
Esperemos que quienes defienden la iniciativa recuerden que deben legislar para toda la población guatemalteca, y no para las personas que caben en su estrecho concepto de humanidad. También es recomendable que sus gurúes lean el concepto de derechos humanos y los instrumentos internacionales que el Estado guatemalteco ha ratificado, pues parece que no los han tenido en cuenta.
Este contenido parece una burla, pero lamentablemente no lo es, sobre todo cuando este año se cumplen 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo, Egipto, en 1994. En aquella ciudad se reunieron representantes de 179 Gobiernos (Guatemala estuvo allí) que se comprometieron a impulsar un plan de desarrollo sostenible que partiera de respetar los derechos, la libertad de decisión y la salud sexual y reproductiva de toda la población.
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De ahí en adelante, las mujeres organizadas hemos hecho denodados esfuerzos por que el Estado guatemalteco cumpla con lo acordado en 1994. Por ello se construyeron la Ley de Desarrollo Social (decreto 42-2001) y la Política de Desarrollo Social y de Población (2002) como los dos instrumentos más importantes para impulsar la CIPD en el país. Luego, en 2010, se creó la Comisión Nacional de Población (Conapo); en 2012, el Ministerio de Desarrollo Social, y poco después, el Gabinete de Desarrollo Social. Es decir, el tema de desarrollo social llegó al más alto nivel de toma de decisiones. Y usted, a estas alturas, se estará preguntando por qué yo ligo el desarrollo sostenible con la crítica a la 5,272. Pues porque no será criminalizando a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, sino protegiéndolas, como seguiremos en el camino al desarrollo. No será volviendo a políticas retrogradas de reproducción como se incrementará la calidad de vida.
Aún nos faltan muchos pasos para lograr lo acordado en la CIPD de 1994: que todas las mujeres y las niñas puedan decidir de forma autónoma y con información lo que quieren hacer con su vida y su cuerpo; que se pueda acceder a anticoncepción, a información y obviamente a educación, ingresos y seguridad en condiciones de equidad.
Hace unos días, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que este año cumple 50 desde su puesta en marcha, presentó el Estado de la población mundial 2019, en el cual se evidencian los avances en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos. Pero también se da cuenta de los diversos obstáculos económicos, sociales, institucionales y de todo tipo que aún impiden que las mujeres podamos decidir por nosotras mismas si queremos quedar embarazadas y cuándo.
Recomiendo a los diputados y a sus asesores que analicen el contenido de la 5,272, ya que no será por medio de iniciativas medievales como esta como Guatemala conseguirá el desarrollo que la población necesita.
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