Las tensiones entre las comunidades y las instituciones ambientales tienen como antecedente un pasado que propició la colonización, al que le siguió un sistema de conservación y protección de los recursos naturales. Este es el caso de Petén. Un caso que destaca es el del desalojo y desplazamiento forzado de 111 familias de la comunidad Laguna Larga que desde 2017 se encuentran en condiciones paupérrimas en el municipio fronterizo El Desengaño, en el estado de Campeche, México.
Parte de las tensiones resulta en desalojos forzados, ejecutados bajo tres prácticas que se han configurado con legalidad y que violan los derechos humanos porque ignoran garantías fundamentales de la población afectada. La primera práctica es la aplicación de la Ley de Áreas Protegidas; la segunda, la implementación del decreto 33-2006, que reformó el artículo 256 del Código Penal, el cual tipifica el delito de usurpación; y la tercera, las concesiones para megaproyectos de minería, hidroeléctricas o monocultivos, que ponen en riesgo la vida de las comunidades y que desplazan.
En el contexto de los desalojos de comunidades ubicadas dentro de zonas de protección, la Ley de Áreas Protegidas no cumple los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Emitida en 1989, antes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y prácticamente en la misma época del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no ha sido revisada o actualizada a la luz de los instrumentos internacionales hoy vigentes.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que, con la reforma al Código Penal aprobada en 2005, se sustituyó la vía civil por la penal, de modo que se suprimió el procedimiento de tipo reivindicatorio de la posesión en caso de despojo u ocupación de bienes inmuebles. Así, se han llevado al ámbito penal conflictos que por su naturaleza tendrían que resolverse por la justicia agraria o, en su defecto, por la justicia civil y, solo en el último de los casos, por la vía penal.
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Los argumentos empleados para justificar el desalojo de dichas comunidades van desde que violan la Ley de Áreas Protegidas hasta que son causantes del deterioro de los recursos naturales porque deforestan y provocan incendios forestales. Sin embargo, estos mismos argumentos no se les aplican a las empresas petroleras o a la red de narcotráfico, que durante décadas han estado instaladas en la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), que a todas luces operan en contra de los principios de conservación de un área protegida y que sí contaminan y deforestan.
La actividad petrolera, además de contaminar ríos, contribuye a la deforestación de la RBM al abrir caminos para el tránsito de camiones: vías que utilizan narcotraficantes, quienes además deforestan para ganado y pistas de aterrizaje (no menos de 65 en este período, según el Ejército). Ejemplos son las ubicadas dentro de la RBM, cerca del río San Pedro, en los municipios peteneros de La Libertad y San Andrés y en zonas fronterizas con México. Esos sectores prácticamente están arrasando con la selva petenera.
Esta devastación de zonas de conservación en Petén, Izabal y el norte de Alta Verapaz avanza aceleradamente. Ello demuestra la inefectividad de acciones como la Fuerza de Tarea Jaguar, establecida en 2017 para atacar el crimen organizado, la deforestación y el tráfico de animales, entre otros; coordinada por el Ministerio de Gobernación, y que recibe apoyo de Estados Unidos. En vez de éxitos de esa fuerza de tarea, lo que plaga los titulares de prensa son reportes de hallazgos de pistas clandestinas de aterrizaje y de avionetas abandonadas en áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna Lachuá, en Alta Verapaz, o el Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén.
El incremento de las actividades del narcotráfico y de los recursos económicos y humanos para combatirlo confirma una vez más que estos no constituyen una solución efectiva al problema y que parecen obedecer más a los intereses de alianzas entre algunos sectores empresariales extractivistas, narcotraficantes, militares y funcionarios públicos corruptos, para quienes las personas que viven en las comunidades son un estorbo, por lo que su desalojo es una solución atractiva, ajena al interés honesto y legítimo por conservar la riqueza natural y cultural.
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