«Para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo», destaca en el pronunciamiento de 18 puntos discutido por una variopinta selección de 53 delegados de los poderes político, económico, académico y religioso, el cual finalmente fue suscrito por 15, encabezados por Gabino Gaínza, jefe de gobierno y del foro instalado para la ocasión.
Sobre el enunciado no son necesarias interpretaciones ni análisis, ya que ese sábado de 1821 se ratificó la visión gestada en 1524, de manera que la mañana del significativo septiembre de la historia nacional se consolidó lo construido durante 300 años: apropiación y enriquecimiento sustentados en explotación, discriminación, marginación y violación de todos los derechos. No fue casualidad que en el recinto convergieran diputados, clérigos, carolinos y comerciantes criollos.
La publicación detalla que convergieron «la Diputación Provincial, el ilustrísimo arzobispo, los señores individuos que disputasen, la excelentísima Audiencia Territorial, el venerable señor deán y Cabildo Eclesiástico, el excelentísimo Ayuntamiento, el muy ilustre Claustro, el Consulado y muy ilustre Colegio de Abogados, los prelados regulares, jefes y funcionarios públicos», referencias que al identificarlas por nombre personal hablan de los De Beltranena, Matías Delgado, Molina, De Larrave, De Rivera, Del Valle y Castriciones, De Aycinena y De Arroyave, entre otros.
En ese sentido, el documento redactado por el auditor de guerra, José Cecilio del Valle, trazó una tendencia de nuestro país: hacer cambios para que nada cambie. Y es que el escrito, conocido a las 9:35 horas, además de evitar que los excluidos pudieran emular los movimientos independentistas que crecían en el continente, coadyuvó con otra costumbre que el acontecimiento proclamó: garantías y beneficios para los de la foto, esta con un protocolo de festejos, algo así como el que a contracorriente impulsa el Ministerio de Cultura y Deportes.
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Al respecto, vale leer el numeral octavo: «Que el señor jefe político, brigadier don Gabino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar y, para que este tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los señores individuos actuales de esta diputación provincial…». Es decir, que los mismos sigan gobernando. O el décimo: «Que la religión católica, que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndoles en sus personas y propiedades».
Como sabemos, a diferencia de otros países, Guatemala se independizó sin disparar un tiro, pues la única pólvora que tronó, según líneas de la historia oficial, provino de los cohetes encendidos por Dolores Bedoya después de anunciarse el éxito de la encerrona. A propósito del espíritu del acta y de la esposa de Pedro Molina, la cartera de Cultura pretende tirar la casa por la ventana, pero, más que celebración, los 200 años tendrían que propiciar reflexiones con luces y sombras de ese pasaje.
Debemos tener claro que asistimos a un bicentenario bipolar. De un lado, los reflectores se enfocan en los símbolos, que adquieren brillo con actividades cívicas y expresiones ruidosas que difícilmente pasarían una observación crítica. Del otro, permanece la huella de múltiples hechos que, lejos de romper cadenas, soldaron los eslabones.
Basta con sacar a colación que la colonia fomentó los mandamientos, los repartimientos y la Ley de Castas, en tanto que la independencia trajo el Reglamento de Jornaleros, la Ley contra la Vagancia, la Ley de Vialidad y el peonaje por deudas, entre otras imposiciones de una relación que por siglos ha tenido el sello de desigualdad. En realidad sería más sano y oportuno que, en lugar de soñar con dormir al sueño, se generara un debate profundo, serio y responsable.
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