Este grupo de letrados es patrocinado por el colegio de abogados de la ciudad de Nueva York (New York City Bar Association) y capitaneado por el norteamericano Hunter T. Carter. “Viajamos a Guatemala para reunirnos con diversas organizaciones, individuos y partes implicadas en el juicio”, expresó Carter, agregando que intentaron conversar con personas de diversos posicionamientos políticos.
Los miembros de este equipo son abogados mercantilistas quienes representan a importantes empresas multinacionales con inversiones en América Latina. Algunos de las empresas que representan tienen actividad en Guatemala, aunque Carter prefirió no mencionar cuáles eran.
Carter explicó, en conferencia de prensa el martes 13, que el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez reviste una particular importancia para los inversores a los que representan. “Valoramos las implicaciones del juicio para el estado de derecho y el clima empresarial y de inversión en Guatemala. El estado de derecho es un principio importantísimo para nuestros clientes inversionistas. Donde hay estado de derecho e independencia de la rama judicial, hay buen ambiente para los negocios y perspectivas de mejorar la calidad de vida de la población.”
“Como abogados de negocios, hemos visto que en los países que resuelven los conflictos del pasado, existe crecimiento de la economía y mejoras en las condiciones sociales”, puntualizó Carter.
Acerca de la posibilidad de que los inversionistas internacionales decidan alejarse de un país en donde un genocidio se ha reconocido oficialmente, el abogado y exfiscal anticorrupción peruano José Ugaz, declaró: “La lógica que impera es exactamente la inversa. Las inversiones no sólo buscan rentabilidad, sino también el cumplimiento de ciertos estándares universales. Lo que el mundo y las empresas quieren es un estado derecho fuerte, un sistema de justicia empoderado, vigoroso, independiente, y eso, en el caso de darse una sentencia, no deslegitima un país, sino que lo reivindica. En nuestro caso, la condena a Alberto Fujimori, el haberlo hecho responsable de los crímenes de lesa humanidad que cometió, no solamente fortaleció la democracia, sino que ahora somos un país receptor de inversiones muy importante”.
El abogado y político José Antonio Urrutia, basado en Santiago de Chile, por su parte, indicó: “En el caso de Chile, todo el mundo sabe lo que pasó durante la dictadura militar. Esto conmovió al mundo y le dio la vuelta. La sociedad chilena logró poner esto en el pasado, reconocer lo malo que ocurrió, y ahora tiene un estado de derecho muy fuerte, que promueve la estabilidad en las reglas del juego para las inversiones extranjeras. Chile ha crecido de forma sostenida ya que las empresas creen en el país. Recibe inversiones de largo plazo en minería, energía, agroindustria. Los inversionistas valoran la paz social que impera y eso se logra resolviendo los conflictos del pasado”.
En el mismo sentido, afirmó Carter, el caso Ríos Montt es paradigmático y permitirá a la delegación establecer la fortaleza del sector justicia de Guatemala y el grado de certeza jurídica que pueden esperar los inversores internacionales que quieran iniciar o proseguir actividades en el país.
Después de esta visita a Guatemala, el equipo de abogados sostendrá reuniones internas y emitirá un informe que contendrá sus conclusiones y recomendaciones en torno al caso de Ríos Montt.
