El 27 de julio de 2023, salió la noticia siguiente en el sitio web del gobierno: «Guatemala avanza en la protección para la obtención de variedades vegetales».
Esto significa que cierto sector agrícola del país, junto con el Congreso de la República (comisión de Agricultura y Pesca) quieren aprobar una iniciativa de ley con este nombre bárbaro: «Ley para la para la protección de obtención de vegetales», que llamaremos «Ley Monsanto».
Esta iniciativa de ley lo que busca en realidad es ratificar un convenio internacional llamado «Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales» o «Convenio UPOV 91».[1] Efectivamente, la iniciativa de ley es casi un calco del convenio internacional UPOV 91.[2] Tuve acceso a esta iniciativa de ley por mis propios medios y, por lo visto, el Congreso no la ha publicado a la fecha, pero pueden descargarla aquí.
¿Pero de qué trata esta ley para la «protección de obtenciones vegetales» y que apodo «Ley Monsanto bis»? (ya sucedió lo mismo en 2014)
A primera vista, la iniciativa de ley parece ser un muy bonito texto jurídico porque estipula que «se aplicará a las nuevas variedades de todos los géneros y especies vegetales. Esta ley no se aplicará a las plantas silvestres, nativas y criollas de la biodiversidad guatemalteca, que no hayan sido mejoradas por personas».
Sin embargo, he aquí la trampa: el artículo 12 de esa normativa detalla que «el obtentor tendrá derecho a solicitar un derecho de obtentor, en el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y puesto a punto en común una variedad…»
La trampa está en la expresión «puesto a punto». Estas tres palabras en realidad significan que personas o corporaciones pueden tomar semillas de los campos de agricultores, reproducirlas, realizar algún nivel de selección, homogeneizarlas y luego simplemente privatizarlas. Se podrá argumentar entonces, que la variedad que se «puso a punto» es una variedad «nueva» y privatizarla como una variedad «descubierta».
Esto es exactamente a lo que me refiero con el ejemplo del inicio, cuando por pintar mi pared, que también es suya, yo me apropio de su casa. La asociación GRAIN (p.4) lo argumenta perfectamente: «El Convenio UPOV permite apoderarse de lo que es una obra colectiva milenaria y privatizarla». La obra colectiva es el trabajo milenario de selección de las semillas para los cultivos (que irán a nuestros platos) hecho por los y las campesinas en el mundo.
GRAIN agrega: «Reclamar propiedad sobre una variedad “moderna” equivale a reclamar propiedad y autoría sobre un edificio porque se pintaron las paredes».
Se apodó esta iniciativa “Ley Monsanto” porque las primeras etapas de la cadena alimentaria industrial (semillas y plaguicidas) están, por desgracia, unicamente en manos de 3 megacorporaciones, y una de esas es Monsanto.
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Junto con Dupont-Dow y Syngenta-Chem China, estos titanes controlan el 60% del mercado mundial de semillas y plaguicidas. Como lo apunta ETC Group: «Las fusiones entre semilleras y empresas de agrotóxicos ha hecho un daño enorme a las actividades públicas de mejoramiento de semillas. Los grandes gigantes de agroquímicos se concentraron en un puñado de cultivos producidos en masa (maíz, soya, algodón, canola) y diseñados fundamentalmente para tolerar sus agrotóxicos patentados. El resultado ha sido un declive en la calidad del fitomejoramiento de variedades convencionales y un notable aumento del uso de agroquímicos».[3]
Lo que el Congreso guatemalteco busca ratificar es un peligro para la nación y sus territorios, porque permitirá que un puñado de megacorporaciones pueda privatizar las semillas, que se deberían poder siempre intercambiar libremente y ser un bien común, en ningún caso un bien privatizado y patentado. Si no, es someterse a corporaciones y pasar por alto la soberanía del país y de los pueblos.
Escribí aquí una opinión sobre los famosos tratados de «libre» comercio que tanto desarrollo prometen aportar, cuando más hambre y pobreza para el pueblo traen y más riqueza para un solo puñado de corporaciones. Por el momento, pedirle al Congreso que vele por el bien común y por los pueblos es, entiendo, la última de sus preocupaciones, y, por desgracia, también nuestra. Pero si el Congreso guatemalteco quiere velar por la soberanía que tanto menciona debería enseguida abrogar esta iniciativa de ley.
Esta ley representa un peligro para Guatemala, considerado un país megadiverso y siendo centro de origen de tantas variedades de maíz, por dos razones principales: por la privatización de un bien común (las semillas) y por la homogenización de la biodiversidad.
Las megacorporaciones, como Monsanto, homogeneizan los cultivos y matan la biodiversidad. Es peligroso darle rienda suelta a la voracidad de megacorporaciones que quieren apropiarse de los recursos genéticos de la biodiversidad de la nación y de los pueblos. Es de suma importancia recordar que la biodiversidad de los cultivos, y no su homogeneidad, es un arma importante frente al cambio climático y a la seguridad alimentaria.[4]
«Campesinas y campesinos del mundo están entendiendo lo que está en juego. Las grandes compañías y los poderosos gobiernos que apoyan aberraciones como UPOV, aun con todo su poder, no la tienen fácil. La resistencia popular surge por doquier. Debemos fortalecer sus luchas. (p.16).»
Por más urbano y urbana que sea usted, su plato o su panza, va a necesitar del campo, ¡apoyemos!
[2] Se da este asunto porque el Congreso de la República considera que, derivado de los compromisos asumidos al adherirse al Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, (DR-CAFTA Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés), Guatemala necesita ratificar el convenio internacional UPOV 91 y, además, legislar una norma ordinaria que desarrolle la tal «protección de obtenciones vegetales». Sin embargo, toca destacar que la obligación para Guatemala con el CAFTA es cumplir con la legislación existente al momento en que se firme el CAFTA. En absoluto se puede obligar a un país a que ratifique convenios internacionales que no había ratificado en ese entonces ni tampoco Guatemala está obligado a generar nueva legislación nacional por haber firmado el CAFTA. Escribí una opinión sobre los famosos tratados de «libre» comercio que tanto desarrollo prometen aportar, cuando más hambre y pobreza para el pueblo traen y más riqueza para un solo puñado de corporaciones.
[4] «Menos biodiversidad significa que las plantas y los animales sean más vulnerables a plagas y enfermedades. La pérdida creciente de biodiversidad para la alimentación y la agricultura, agravada por nuestra dependencia de cada vez menos especies para alimentarnos, está llevando nuestra ya frágil seguridad alimentaria al borde del colapso.» Fuente.
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