La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC), encabezan el tropel al que se suma la fiscal general, Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP). Las tres entidades y la titular han sido eslabones clave para sostener la intentona golpista disfrazada de acción legal. Han seguido casi al pie de la letra la receta del violador y dictador Daniel Ortega, quien impone la muerte civil y la apatridia con base en leyes a la medida. Sus imitadores chapines no han llegado a modificar la ley, de hecho, a sabiendas de que son una mafia estructurada, se valen de la arbitrariedad para interpretarla.
De esa cuenta consiguen órdenes de captura sin base legal, una vez se aseguran de que sus «casos» caigan en manos de jueces venales a su servicio. Los procesos contra profesionales del derecho como Claudia González, exfiscales como Virginia Laparra y Juan Francisco Sandoval, extitulares de judicatura como Éricka Aifán o Miguel Ángel Gálvez, entre muchos, son una muestra.
Los jueces declaran la reserva de los casos para impedir que las personas sindicadas conozcan las bases con las que el MP solicita las capturas y fundamenta las acusaciones. Cuando finalmente las personas sindicadas tienen acceso a ciertas partes del expediente, no hay manera de que los procesos se realicen. Poco falta para que jueces, fiscales o querellantes finjan un ataque de niguas para no asistir a las audiencias y mantener en ilegal privación de libertad a quienes son el objetivo de su venganza.
Pero este montón de criminales no actúa en soledad. La horda también se integra con los mecenas de los sicarios judiciales. Así que las asociaciones denominadas Cámaras empresariales y la entente en la que se integran tienen a la «C» como inicial. En el tropel no podía faltar el club de sicarios, cuyo nombre incluye la «C».
Pero este conjunto tiene más en común que una inicial entre sus nombres. En realidad, les une la intención de servir al interés de la impunidad y la corrupción. Por ello se han ensañado contra quienes desde el periodismo, como José Rubén Zamora y el equipo de elPeriódico, alzaron la voz para denunciarles. O como con jueces, profesionales del derecho y fiscales a quienes han sometido a juicios espurios para concretar sus proyectos.
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La más reciente movida de la gavilla de la impunidad es la intentona de golpe contra la democracia y la voluntad ciudadana. Al igual que lo han hecho contra las personas operadoras de justicia, periodistas y quienes defienden derechos humanos, lo hacen ahora contra la ciudadanía. Porque sus acciones, para impedir la asunción del binomio ganador de la presidencia, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, trascienden la inquina contra el partido Movimiento Semilla. Al violentar de manera aberrante la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cercenan el derecho ciudadano a elegir. Vulneran la soberanía del pueblo y se aferran a la ilegalidad, pese a toda la evidencia en contrario.
En su carrera desenfrenada por el asalto a la democracia, con la ceguera de la soberbia y el poder que aún detentan, pecan de contumaces. Cual elefante en cristalería, corren y revientan cuanto derecho protege la ley. Pero el hartazgo social es tan grande a estas alturas que pese a su esfuerzo, habrán de fracasar.
Muestra de ello es la atención al llamado ciudadano realizado por Bernardo Aŕevalo el lunes 18 de septiembre. La amplitud de la unidad social en la respuesta es evidencia de que Guatemala quiere ir por la senda de la primavera, cultivada en la esperanza por la justicia social. De manera que la «C» de contumaz bien podría ser superada con la «R» de resistencia y la «U» de la unidad.
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