El lunes 19, frente al tribunal, un hombre joven, con rostro y cuerpo tatuados, refiere como profesión u oficio: pandillero. Él y los otros capturados entre domingo y lunes son el rostro directamente vinculado a los ataques y asesinatos de policías. Son, en resumidas cuentas, los autores materiales de una de las varias acciones que, con toda seguridad, forman parte del plan estratégico de quienes mueven los hilos de esta trama.
Porque, como bien señalan algunos analistas, se trata de un plan encaminado a desestabilizar y generar caos político y social. Tienen como objetivo, ya que no pudieron impedir que tomara posesión la salida anticipada del presidente Bernardo Arévalo de León.
Buscan impedir que sea Arévalo quien designe a la próxima jefatura del Ministerio Público (MP) y garantice una titularidad decente en la Corte de Constitucionalidad (CC). Ello hace del primer trimestre del 2026 un período vital puesto que se plantean los escenarios para las elecciones de segundo grado en la institucionalidad a cargo de la persecución penal, administración de justicia y control de las elecciones generales del 2027.
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Es decir, el rostro de quien ante el juez se declaraba pandillero profesional, al final de cuentas parece fungir como la máscara del rostro verdadero detrás de la conspiración criminal. Son actores políticos, hombres y mujeres que tienen sus garras en el sistema desde el poder local hasta el Congreso de la República, actores que operan en el MP y el sistema de justicia, así como actores supuestamente civiles que actúan con patrocinio empresarial. Todos, comprometidos desde su ADN con la impunidad.
Han medrado del erario, han robado descaradamente y con ello contribuido a la miseria social y económica. Han usado la ley para perseguir a inocentes: personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia y periodistas. Han saqueado los recursos estatales mediante contratos leoninos de obra pública. Y, antes de ahora, han financiado estratategias de asesinato y desaparición forzada desde el terrorismo de Estado. Ese rastro inicial está marcado por la sangre de las víctimas de ese terrorismo de Estado o quienes no han podido recibir atención en el sistema de salud, por no poder acceder a una educación digna ni a vivienda o empleo que garantice calidad de vida.
Ahora, con la operación ejecutada y, probable y dolorosamente, aún no culminada, los rostros tras la máscara de pandilleros tienen en sus manos la sangre derramada de las y los agentes de la PNC, cuyas vidas arrancaron o lesionaron. El rastro de sangre que deja tras de sí el pandillero de profesión, marca la ruta hacia las oficinas y dependencias de quienes movieron la trama el fin de semana anterior. La derramada y que lacera el corazón de las familias de las víctimas y de la sociedad, no desaparece.
La gente lo tiene claro. Los pandilleros, un estamento de la sociedad excluyente, son también el eslabón más débil de la cadena de la conspiración sangrienta. Detrás de ellos los otros rostros quedan claramente expuestos. Ya lo dijo el gobernante, las torres que sostienen la impunidad están por caer. Y, ojalá con ellas, también caigan los otros pilares de la corrupción y la impunidad. Aceleremos el terremoto social que garantice el derrumbe de la arquitectura que, amalgamada con nuestra sangre y sudor, erige el edificio de la exclusión.
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